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Ya se conoce quién es el responsables del hacinamiento de los presos en el camión-cárcel en SDE … (y no es la PGR)

Por Robert Vargas
Quién parece ser el verdadero culpable del hacinamiento de decenas de presos retenidos en un camión-cárcel en el Palacio de Justicia de Santo Domingo Este, se estaría frotando las manos al percatarse de que las criticas por esa situación degradante son dirigidas en el sentido opuesto a él.

Originalmente, se ha creído que la Fiscalía de Santo Domingo Este y la Procuraduría General de la República son los “culpables” por el hecho de mantener a decenas de presos preventivos dentro de un camión, sin acceso a sanitarios ni un lugar donde puedan tenderse para dormir.

Pero la realidad tiene a ser muy distinta cuando se escarba en el mundo compartido de la PGR y del Poder Judicial.

Ocurre que, probablemente, el Palacio de Justicia de Santo Domingo Este es el único del país que carece de una cárcel en la que encerrar a los imputados que están a la espera de ser presentados ante un juez siguiendo la agenda del día.

La pequeña cárcel que allí existía, un día fue demolida con mandarrias por orden del Poder Judicial, en consecuencia, este órgano arrasó con ese establecimiento y, en consecuencia, el Ministerio Público se vio obligado a cargar con los presos, sin tener un lugar donde retenerlo, porque aún la construcción de la cárcel de San Luis no había concluido.

Una vez se terminó esa construcción, se creía que la situación cambiaría, pero todo ha ido a peor.

¿Cómo se ha llegado hasta situación que violenta la dignidad humana de todos esos presos preventivos?

Para conocer la respuesta a esta pregunta es necesario ir un poco más allá de lo que está a simple vista.

Y Ciudad Oriental ha tenido la oportunidad de que le fuera descorrida “la cortina” que guarda ese secreto de manera tan celosa y, detrás de la cual, se ocultan los verdaderos culpables de lo que sucede.

Según ha conocido Ciudad Oriental en fuentes vinculadas al asunto que conversaron con nosotros en condición de anonimato, todo tiene su origen en la displicencia y el desgano con el que el Poder Judicial trata el asunto.

Lo que la mayoría desconoce

Cuando un ciudadano es llevado ante un tribunal para que le conozcan medidas de coerción por la presunta infracción de alguna o algunas normas, es posible que el magistrado a cargo dicte prisión preventiva que deberá ser cumplida en cualquier establecimiento carcelario o, simplemente, le imponga una fianza u ordene su libertad.

Pero una cosa es la orden del juez y otra muy distinta su ejecución.

La fuente explica que, para que el justiciable pueda ser trasladado desde el tribunal o la cárcel preventiva de San Luis hacia su destino final en Najayo, La Victoria u otra prisión, es necesario que el Poder Judicial emita la resolución correspondiente para ser ejecutada por otra instancia.

Si el Poder Judicial no emite la resolución correspondiente, entonces el reo no puede ser llevado a ninguna parte y permanece en la cárcel de San Luis a la espera de la misma.

Esta cárcel tiene capacidad para unos 200 presos preventivos, que son los que deberán ser presentados al tribunal, pero como el Poder Judicial no emite las resoluciones con la celeridad requerida, entonces las locaciones quedan ocupadas.

Lo mismo sucede con los ciudadanos a quienes les imponen fianzas, que en ocasiones son de apenas tres mil pesos. Si esas resoluciones no fluyen, entonces los parientes de los reos no pueden pagarlas y siguen presos.

Por igual, si ordenan la libertad y la resolución no llega, tampoco pueden liberarlos.

Esto provoca un desbordamiento de la cárcel de San Luis y, en consecuencia, la Fiscalía se ve en la necesidad de usar ese camión que se “revienta” literalmente.

Ciudad Oriental ha visto una extensa lista de casos ya fallados en los tribunales y de los cuales el Poder Judicial se abstiene de emitir las resoluciones correspondientes para que los detenidos puede pagar las fianzas y recobrar su libertad, o ser llevados a las cárceles de destino final.

La fuente explica que “el Tribunal de Atención Permanente, son los encargados de imponer las medidas de coerción, sea prisión o traslado de imputados y decir donde va cada uno de estos”, no los fiscales ni la PGR.

Agrega que “existe una Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción”, que es la que debe encargarse de que fluyan las resoluciones sobre cada caso.

Explica la fuente que hay jueces que “casi no deben resoluciones”, pero otros tienen un gran atraso.

  • “Pero todos deben resoluciones en sentido general; la coordinadora es la que coordina los jueces y los secretarios, por lo tanto debe ser la más responsable”.

En pocas palabras, la acumulación de presos en la cárcel de San Luis y en el camión-cárcel se debe a la lentitud de la Coordinadora de los Jueces en hacer que fluyan las resoluciones, no ha displicencia de la PGR ni de la Fiscalía de Santo Domingo Este.

Casos que se derivan de esta lentitud del Poder Judicial 

Ciudad Oriental ha conocido casos en que ciudadanos han sido mantenidos en prisión sin ninguna necesidad.

Por ejemplo,  varios días antes de la fiesta de Nochebuena pasada, una ciudadana tuvo un conflicto con unos vecinos y el tribunal de atención permanente le impuso como medida de coerción presentación periódica y una orden de alejamiento de sus vecinos. Nada más.

Sin embargo, la mujer, madre de varios niños, permaneció presa más de una semana. Allí pasó la fiesta de Nochebuena y de Navidad, lejos de sus hijos menores, sin ser una criminal.

La razón: la Coordinadora de los Jueces no entregó al Ministerio Público la resolución correspondiente para liberar a la mujer.

Otro caso es el de un hombre que le ha sido impuesta, entre otras, medidas de coerción consistente en impedimento de salida y presentación periódica.

Sin embargo, el justiciable carece de cédula de identidad, por lo que no en la Dirección General de Migración no pueden registrar su impedimento de salida.

Como consecuencia, el hombre tiene varios meses en la cárcel de San Luis.

A otro hombre le fue impuesta una medida de coerción consistente en el pago de una fianza de tres mil pesos. La familia no ha podido pagar esa fianza porque tampoco ha sido emitida la correspondiente resolución por el Poder Judicial.

El individuo tiene casi dos meses en la cárcel de San Luis y ha entrado en un cuadro claramente depresivo, todo por la lentitud en el trámite de las resoluciones.

Ciudad Oriental ha tenido acceso a una lista de cientos de resoluciones pendientes, si estas no son emitidas por los jueces y el poder judicial, la situación empeora y se genera la percepción errónea de que “la culpa la tiene la PGR”, cuando en realidad se debe a la lentitud e indolencia del Poder Judicial, cuyos funcionarios no parecen darse cuenta que lo que tienen ante ellos no son solo nombres, sino personas reales que sienten y padecen y a quienes les violentan su dignidad.

 

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