Por Juan Antonio Mateo Ciprian
Abogado – Catedrático Universitario
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n los sistemas de justicia actuales, la investigación criminal necesita cada vez más el respaldo de conocimientos especializados para entender hechos complicados relacionados con delitos. En este contexto, los dictámenes e informes periciales se han convertido en instrumentos esenciales para la correcta valoración de la prueba y la formación del convencimiento judicial.
Por ello, la elaboración y presentación de informes periciales constituye el medio principal mediante el cual los peritos expertos transmiten o presentan los resultados de una investigación científica o técnica a los tribunales para que puedan impartir justicia. Estos documentos permiten analizar evidencias, interpretar datos complejos y establecer conclusiones fundamentadas que contribuyen al esclarecimiento de los hechos investigados (Flores, 2005).
Asimismo, en la práctica judicial, estos instrumentos sirven como medios de prueba que ayudan al juez a comprender aspectos técnicos que no forman parte de su conocimiento ordinario. De esta manera, el dictamen pericial se convierte en una herramienta de considerable valor para la toma de decisiones judiciales fundamentadas. Un informe pericial es un documento elaborado por un perito experto en la materia de que se trate que analiza un hecho o circunstancia desde una perspectiva técnica o científica, con el propósito de proporcionar información especializada al juez o tribunal. Por su parte, el dictamen pericial incorpora además la opinión profesional del perito basada en los análisis realizados y en su experiencia en la materia (Rajunov, 1955).
Cabe destacar, que el uso de peritos en la administración de justicia tiene antecedentes que se remontan a la antigüedad, cuando se recurría a personas con conocimientos especiales para resolver controversias o evaluar situaciones complejas. No obstante, la institucionalización del dictamen pericial como medio de prueba se consolidó en los sistemas jurídicos europeos durante los siglos XVIII y XIX. Durante este período se reconoció que los tribunales requerían la asistencia de expertos en determinadas áreas del conocimiento para interpretar evidencias científicas o técnicas. De esta manera, los peritos comenzaron a participar en los procesos judiciales aportando conocimientos especializados que permitían fortalecer los argumentos de las partes y facilitar la decisión judicial.
Con el tiempo, la prueba pericial se convirtió en una pieza clave dentro del proceso judicial, particularmente en ámbitos como la medicina forense, la balística, la contabilidad, la psicología y, más recientemente, la informática forense. Hoy día cobra más relevancia en la investigación de la criminalidad organizada, por las características de la recolección y presentación de las evidencias.
En concreto, el dictamen pericial puede definirse como el acto procesal mediante el cual un experto designado por las partes o por el tribunal expone el resultado de una investigación técnica o científica relacionada con los hechos del proceso. Este informe incluye la descripción de las operaciones realizadas, los principios científicos utilizados y las conclusiones obtenidas (Rajunov, 1955).
En este sentido, la prueba pericial constituye una actividad procesal desarrollada por personas especializadas que aplican conocimientos científicos o técnicos para analizar determinados hechos cuya comprensión escapa a la experiencia común. La función del dictamen pericial consiste en proporcionar al juez herramientas de análisis que le permitan valorar correctamente los hechos controvertidos del proceso. No obstante, es importante señalar que las conclusiones del perito no son vinculantes para el tribunal, el cual conserva la facultad de valorar la prueba conforme a las reglas de la sana crítica. (Flores, 2005).
Asimismo, aunque en la práctica suelen utilizarse como sinónimos, existe una diferencia conceptual entre el informe técnico pericial y el dictamen pericial. El informe pericial se caracteriza por su carácter descriptivo y objetivo. En este documento, el perito se limita a presentar los hechos, los procedimientos realizados y los resultados obtenidos, sin emitir una valoración profesional. Por el contrario, el dictamen pericial incluye además la opinión del perito experto sobre los hechos analizados. En este caso, el perito formula conclusiones basadas en su conocimiento especializado y en los resultados obtenidos durante la investigación.
Además, el perito es la persona que posee conocimientos científicos, técnicos, artísticos o prácticos que resultan necesarios para analizar determinados hechos relevantes dentro de un proceso judicial. El perito es un experto o persona entendida en una ciencia o arte (Real Academia Española, 2011).
En este sentido, desde el punto de vista procesal, el perito actúa como un auxiliar de la justicia cuya función consiste en aportar conocimientos especializados al tribunal. Los peritos son personas que poseen conocimientos técnicos y que informan al tribunal con el propósito de contribuir a la formación de su convencimiento (Carocca, 2003).
En la República Dominicana, la prueba pericial se encuentra regulada principalmente por el Código Procesal Penal. El artículo 208 de la Ley 97-25 establece que puede ordenarse un peritaje cuando para descubrir o valorar un elemento de prueba sea necesario poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o técnica. El artículo 205 establece que los peritos deben tener un título que les permita trabajar en el tema sobre el que van a dar su opinión, a menos que no haya una profesión regulada. En ese caso, se pueden elegir personas que sean claramente competentes.
En ese tenor, el artículo 209 del mismo código establece que los peritos son designados por el Ministerio Público durante la etapa preparatoria o por el tribunal durante el juicio, fijándose en la resolución correspondiente el objeto del peritaje y el plazo para la presentación del dictamen. Estas disposiciones reflejan la importancia que la legislación dominicana otorga a la prueba pericial como medio de esclarecimiento de los hechos dentro del proceso penal.
Además, el valor de la prueba pericial radica en su capacidad para aportar conocimiento científico o técnico que permita comprender hechos complejos dentro del proceso penal. No obstante, la valoración de esta prueba corresponde exclusivamente al juez. De acuerdo con el principio de la sana crítica, el tribunal debe evaluar el dictamen pericial considerando criterios de lógica, experiencia y razonamiento jurídico. En consecuencia, las conclusiones del perito no obligan al juez, pero constituyen un elemento de gran relevancia para la formación de su convicción. La valoración de la prueba implica un proceso racional mediante el cual el juez analiza los diferentes medios probatorios y determina su grado de credibilidad y pertinencia (Taruffo, 2009).
Igualmente, el avance de las tecnologías de la información ha generado nuevas formas de criminalidad que requieren métodos especializados de investigación. En este contexto, la informática forense se ha convertido en una herramienta fundamental para el análisis de delitos informáticos. Los informes periciales en materia de ciberdelincuencia son elaborados por expertos en informática forense que analizan dispositivos electrónicos, redes informáticas y sistemas digitales con el propósito de identificar evidencias relacionadas con actividades delictivas.
Asimismo, entre las principales áreas de análisis de estos peritajes se encuentran el estudio de malware, la recuperación de datos eliminados, el análisis de registros informáticos y la investigación de intrusiones en sistemas digitales. La importancia de estos dictámenes radica en que permiten reconstruir eventos digitales, identificar responsables y aportar evidencia técnica que puede resultar decisiva en la investigación penal.
En el contexto de objetividad y metodología en la elaboración de informes periciales. Para garantizar su credibilidad, los informes periciales deben elaborarse conforme a principios de objetividad, independencia y rigor científico. El perito debe basar sus conclusiones en evidencia verificable y en métodos reconocidos dentro de su disciplina.
La metodología del peritaje incluye la recopilación de información, el análisis de evidencias, la aplicación de técnicas científicas y la elaboración de conclusiones fundamentadas. Asimismo, el informe debe presentar una estructura clara que incluya la descripción del caso, la metodología utilizada, el análisis de los resultados y las conclusiones finales. La imparcialidad del perito constituye un requisito esencial para la validez del dictamen. Cualquier conflicto de interés o relación con las partes puede comprometer la objetividad del informe y afectar su valor probatorio.
La experiencia comparada ha señalado que los dictámenes e informes periciales desempeñan un papel fundamental en la investigación penal contemporánea, ya que permiten incorporar conocimientos científicos y técnicos al proceso judicial. En el contexto actual, caracterizado por el desarrollo tecnológico y la creciente sofisticación de las conductas delictivas, la prueba pericial adquiere una importancia cada vez mayor. Áreas como la informática forense, la balística, la contabilidad y la medicina legal se han convertido en pilares esenciales para el esclarecimiento de los hechos.
En definitiva, los dictámenes e informes periciales constituyen herramientas indispensables para la administración de justicia, al contribuir de manera significativa al esclarecimiento de los hechos y a la correcta aplicación del derecho en los procesos penales. No obstante, para que los dictámenes periciales cumplan eficazmente su función, es necesario garantizar la independencia, la competencia técnica y la objetividad de los peritos. Los tribunales también deben evaluar estos informes basándose en criterios de lógica y experiencia legal, así como en la máxima de la experiencia bien fundamentada.
Referencias bibliográficas:
Bermúdez, I. (2019). Cuaderno práctico para la emisión de informes periciales.
Carocca, A. (2003). Manual de derecho procesal penal.
Chahuán, S. (2007). Derecho procesal penal.
Flores, J. (2005). La prueba en el proceso penal.
Rajunov, S. (1955). El dictamen pericial en el proceso judicial.
Taruffo, M. (2009). La prueba de los hechos.
