Por Wilson Collado
a aprobación y próxima entrada en vigencia del nuevo Código Penal dominicano constituye uno de los acontecimientos jurídicos más relevantes de las últimas décadas. Nadie puede negar la necesidad de modernizar una legislación que tenía sus raíces en el siglo XIX y que ya no respondía adecuadamente a las realidades sociales, tecnológicas y criminales del siglo XXI. Sin embargo, más allá de los avances que incorpora la nueva normativa, existe una preocupación legítima que merece ser discutida con seriedad: el impacto que podría tener sobre la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.
En toda democracia, los medios de comunicación cumplen una función que trasciende la simple difusión de noticias. Son vigilantes del poder, canalizadores de denuncias ciudadanas y actores fundamentales en la construcción de una opinión pública informada. Cuando un periodista investiga un caso de corrupción, cuestiona una decisión gubernamental o revela información de interés público, está contribuyendo al fortalecimiento de las instituciones democráticas.
Precisamente por esa razón, cualquier legislación que pueda influir en el trabajo periodístico debe ser examinada cuidadosamente. El nuevo Código Penal introduce disposiciones relacionadas con la difamación, la injuria y la difusión de contenidos que han despertado inquietudes entre periodistas, comunicadores y defensores de la libertad de prensa.
El problema no radica en que el Estado proteja la reputación y el honor de las personas. Todo ciudadano tiene derecho a defenderse frente a acusaciones falsas o ataques injustificados. El verdadero desafío surge cuando las sanciones penales pueden generar un ambiente de temor que conduzca a la autocensura.
Un periodista que sabe que una investigación podría derivar en un proceso penal podría optar por no publicar información sensible, aun cuando esta sea de interés público. Un medio de comunicación podría decidir no profundizar en determinadas denuncias por miedo a enfrentar litigios costosos o consecuencias legales severas. En esos casos, la sociedad sería la principal perjudicada, porque perdería acceso a información necesaria para evaluar el desempeño de quienes ejercen funciones públicas o manejan recursos del Estado.
La preocupación aumenta en un contexto donde las redes sociales y los medios digitales han transformado radicalmente la manera en que circula la información.
Hoy cualquier ciudadano puede convertirse en emisor de contenido, mientras que los periodistas trabajan bajo una presión constante para informar con rapidez. La línea que separa el ejercicio legítimo de la libertad de expresión de una posible infracción legal puede volverse cada vez más compleja.
No se trata de defender la irresponsabilidad ni de justificar la difusión de noticias falsas. El periodismo profesional debe estar sujeto a principios éticos rigurosos, a la verificación de fuentes y al respeto de los derechos fundamentales de las personas. Pero tampoco se puede ignorar que una legislación excesivamente punitiva podría terminar afectando precisamente a quienes cumplen la función social de investigar y fiscalizar.
Las democracias modernas requieren un delicado equilibrio entre dos valores esenciales: la protección de la dignidad humana y la libertad de expresión. Cuando uno de estos derechos se impone de manera desproporcionada sobre el otro, el resultado suele ser perjudicial para el conjunto de la sociedad.
Por ello, el debate sobre el nuevo Código Penal no debería centrarse únicamente en las penas o en los artículos específicos de la ley. La discusión de fondo debe girar en torno al tipo de sociedad que aspiramos a construir. Una sociedad democrática necesita ciudadanos protegidos contra la difamación y los abusos, pero también necesita periodistas capaces de investigar sin miedo y medios de comunicación que puedan ejercer su labor con independencia.
La entrada en vigencia del nuevo Código Penal representará una prueba importante para las instituciones dominicanas. Corresponderá a los tribunales, a los operadores jurídicos y a la sociedad civil garantizar que la aplicación de la ley no se convierta en un instrumento que limite el debate público ni debilite la función crítica de la prensa.
La historia ha demostrado que las democracias se fortalecen cuando existe una prensa libre, responsable y capaz de cuestionar al poder. El reto ahora consiste en asegurar que la modernización del sistema penal dominicano avance de la mano con la preservación de uno de los pilares fundamentales de toda sociedad democrática: la libertad de expresión.
