Por Cinthia Polanco
La construcción de Plaza City Center dejó de ser simplemente un proyecto comercial. Hoy es el escenario donde se está midiendo, en tiempo real, hasta dónde llegan —o hasta dónde le han reducido— las facultades al Consejo de Regidores del Ayuntamiento de Santo Domingo Este.
Esta vez el debate trascendió lo político y se centró en el plano jurídico, donde las interpretaciones legales marcaron la diferencia.
En la pasada sesión del 5 de febrero, el Secretario de la Sala Capitular, Jesús Colón, salió al frente en defensa de la administración y colocó sobre la mesa lo que considera la pieza clave del rompecabezas: una nueva sentencia del Tribunal Constitucional —la 1373 (2023/24), citada como 2025— que, según explicó, redefine las competencias sobre el uso de suelo.
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Colón recordó que decisiones anteriores, como las sentencias 296/16 y 406/19, atribuían esa facultad de manera exclusiva al Consejo de Regidores. Pero sostuvo que el nuevo criterio constitucional traslada esa competencia a la administración municipal.
En palabras simples: el Consejo ya no tendría la última palabra.
Explicó además que el expediente de City Center fue remitido al Concejo el 27 de noviembre, antes de que la nueva sentencia fuera publicada el 12 de diciembre, por lo que —según su versión— la administración actuó conforme al marco legal vigente en ese momento.
También fue categórico en otro punto: el ayuntamiento no tiene competencia para emitir certificaciones de impacto ambiental. Esa atribución corresponde exclusivamente al Ministerio de Medio Ambiente. Por tanto, afirmó, no se puede responsabilizar al cabildo por algo que la ley no le permite hacer.
Defendió que el proyecto ha cumplido con la permisología requerida y aseguró que traerá un impacto positivo al municipio. Sobre las vistas públicas, indicó que la administración no está obligada a realizar una por cada obra y que, cuando se convocan, pueden celebrarse en el palacio municipal, sin necesidad de hacerlas en el terreno donde se desarrolla el proyecto.
Pero la discusión no terminó ahí.
Luis Flores retomó la palabra y encaró directamente a Colón, reabriendo el debate en el punto más sensible: si el Consejo aún conserva o no la facultad de decidir sobre el uso de suelo en Santo Domingo Este.
El regidor insistió en que los concejales no están para levantar la mano automáticamente, sino para fiscalizar y representar a la comunidad. Bajo ese argumento, defendió su derecho a exigir estudios, revisar expedientes y escuchar a los residentes afectados.
Cuestionó la validez de vistas públicas realizadas en oficinas institucionales y sostuvo que estos procesos deben hacerse “en el lugar de los hechos”, donde vive la gente que enfrenta el ruido, el tránsito y el impacto directo de la construcción.
Se refirió específicamente a los sectores Juan Carlos I y Los Tres Ojos, cuyos residentes —según afirmó— denuncian trabajos nocturnos y daños a la infraestructura, incluyendo aceras intervenidas.
En el plano legal, planteó su objeción más fuerte: si el expediente fue sometido antes de la nueva sentencia, no se le puede aplicar un criterio posterior. Las decisiones no son retroactivas. Bajo esa lógica, el uso de suelo debió regirse por el procedimiento anterior, cuando el Consejo tenía competencia directa. Y si eso no ocurrió, lo actuado sería irregular.
Además, lanzó una pregunta incómoda: si el ayuntamiento cuenta con un departamento de gestión ambiental y paga personal en esa área, ¿cómo es que ahora se sostiene que no tiene facultades para intervenir en asuntos ambientales locales?
Lo que quedó en evidencia es que el debate trasciende una plaza comercial.
Aquí lo que está en juego es el equilibrio de poder dentro del gobierno municipal.
¿Quién decide el uso de suelo en Santo Domingo Este?
¿La administración?
¿El Consejo de Regidores?
¿O la última palabra la tiene ahora el Tribunal Constitucional?
Aquí les dejamos el video íntegro del debate.
Que cada quien escuche, analice… y saque sus propias conclusiones.
