[author title=»Por Julio Benzant» image=»https://ciudadoriental.com/wp-content/uploads/2021/07/juliobenzant.jpg»]Periodista- Ciudadoriental.com; el primer periódico en Internet de Santo Domingo Este. CONTACTO [email protected][/author]
l quedar demostrada la responsabilidad penal de manos de la fiscal Ivette Mateo, de Litigación Definitiva de la Procuraduría Fiscal en Santo Domingo Este, un tribunal impuso este lunes 16 de octubre condenas de 40 y 30 años de prisión a cinco imputados encontrados culpables en el asesinato de un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), durante un asalto en el centro retención vehicular, ubicado en la Autovía de Samaná, en el sector Valiente, en Santo Domingo Este.
Los condenados a 40 años de prisión cada uno son los hermanos José Luis y Erick Cuevas Lebrón, de 25 y 20 años de edad, respectivamente, domiciliados en la calle Luz Divina número 40, en el sector Mendoza, en Santo Domingo Este.
En tanto fueron condenados a 30 años de prisión cada uno los encartados Argenis de la Rosa de los Santos, Pedroso Chinairo de los Santos y Leysi Surgilio Martínez (a) Tito, de 20, 21 y 20 años de edad, respectivamente, todos residentes en el sector Mendoza, en Santo Domingo Este.
Fueron encontrados culpables en el asesinato durante un robo del cabo policial Sondry Castillo de los Santos, de 33 años, en medio de asalto perpetrado la madrugada del 7 de julio del 2022 en el Centro de Retención Vehicular ubicado en la Autovía de Samaná, del sector Valiente, Santo Domingo Este.
La condena fue dictada por el Quinto Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo.
De acuerdo a la acusación, los cinco ahora condenados y Ramos Canela (Coca), de 25 años, (abatido por la policía en un enfrentamiento), con armas de fuego penetraron la madrugada del 7 de julio del 2022 al Centro de Retención Vehicular ubicado en la Autovía de Samaná, sector Valiente, Santo Domingo Este.
Allí amarraron al sargento Wilger Segura y lo despojaron de su arma de reglamento, una pistola marca Taurus, calibre 9mm, serie número TBV71458, con su cargador y un teléfono celular marca ZTE.
Posteriormente procedieron a disparar contra el cabo Castillo de los Santos, quien se encontraba en el interior de la unidad tipo grúa, ficha 549, ocasionándole la muerte y despojándolo de su arma de reglamento, una pistola Taurus, calibre 9mm.
Conforme a la declaración del sargento Wilger Segura, quien acompañaba al occiso cabo Castillo de los Santos, fueron sorprendidos por los seis antisociales que penetraron al lugar y tras amarrarlo y despojarlo a él de su arma de reglamento, procedieron a disparar contra su compañero, quien se encontraba en el interior de una de las grúas y le ocasionaron las heridas mortales.
Según avanzaron las investigaciones, fueron arrestados los cinco encartados en el sector de Mendoza en Santo Domingo Este, mientras Anderson Ramos Canela (a) Coca, de 25 años, falleció a consecuencia de heridas de bala que sufrió al enfrentar una patrulla de la DICRIM, con la pistola Smith & Wesson, Cal. 9mm, VAT4057, que portaba de manera ilegal, cuando intentaron apresarlo en el barrio Los Coquitos, en Las Caobas, en el municipio Santo Domingo Oeste.
En el juicio de fondo realizado este lunes 16 de octubre del 2023, el tribunal compuesto por Julio A. Aybar Ortiz (presidente), Laisa Matos Duran y Nelcy Xiomara Ortega Ramírez (miembros), encontró culpables a los justiciables de violentar los Artículos 265, 266, 295, 296, 297, 298, 304, 379, 381, 382. 385 y 386 del Código Penal Dominicano, que tipifican y sancionan la Asociación de Malhechores, Robo y el Asesinato.
También los Artículos 66 y 67 de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, los cuales establecen el régimen sancionador de 30 a 40 años de prisión para el tipo penal de cometer asesinato, durante un robo y con uso de arma ilegal.
El párrafo II del Artículo 66 de la referida Ley establece lo siguiente:
“Cualquier persona física que le quite la vida a otra para cometer robo con violencia, poseyendo un arma de fuego ilegal, será castigada con una pena de treinta (30) a cuarenta (40) años de privación de libertad”.
Fue declarada buena y validad las querellas en actor civil e impusieron a los condenados el pago de tres millones de pesos al padre del agente asesinado, 800 mil pesos al sargento Wilger Segura y 250 mil pesos a la DIGESETT, como pago de indemnización, como justa reparación por el daño ocasionado.
El tribunal dispuso que las penas impuestas sean cumplidas en la penitenciaría nacional de La Victoria, y el fallo sea comunicado al juez de Ejecución de la Pena, para su fiel cumplimiento.
El fiscal Franklin N. Céspedes Batista, del Departamento de Crímenes y Delitos Contra Las Personas de la Procuraduría Fiscal de Santo Domingo Este, estuvo a su cargo la investigación y formulación de acusación.
