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Cuando el cese de la acción pública es inconstitucional

Por Juanito Herrera Calderón

Brillante es el señalamiento analizado expuesto por los juristas Valentín Medrano y Guido Gómez Mazara, cuando dicen que el Ministerio Público tiene facultad de llegar acuerdo con el imputado en un determinado caso penal; No menos cierto es que resultaría cuestionable que el mismo Ministerio público haga acuerdo con un imputado que al convertirlo en testigo a cargo lo libraría de una pena mayor para con su declaración condenar a un imputado que conllevaría una pena menor; Si esto es así estamos ante un ejercicio temerario, si así pudiera llamarse el comportamiento procesal involutivo de quien es el representante del Estado de Derecho.

Una vez depositado el escrito de acusación conforme al artículo 294 del CPP, es ahí donde se hace constar y se describe la conducta de mayor peso punitivo, la cual válidamente puede ser negociada, pero no para obtener condena de otro imputado cuya conducta es de menor rango punitivo.
¿Cuál es la lógica de esa involución punitivo-procesal? Recordamos que nadie puede hacer cesar la acción pública dice el artículo 30 del Código Procesal Penal, sino en los casos y según establecido por el propio código procesal penal y las leyes.

¿Qué sucede con un Ministerio que llega a un acuerdo en esas condiciones con tan marcada involución procesal? Que bien puede ser objetada su decisión de negociar un proceso de forma indebida procesalmente hablando por violar principio de razonabilidad de la ley previsto en la Constitución en su artículo 74.2 conforme al cual se desprenden en principio tres aspectos a analizar exegéticamente; Veamos:

Primer aspecto- Sólo por ley la Constitución se permite regularizar el ejercicio de un derecho de ciudadano como es la libertad, pero es si se respeta el principio de razonabilidad, que no debería de ser el caso, pues aunque la ley así lo establezca, de llegarse a un acuerdo, privilegiar o favorecer con un acuerdo de confidencialidad un posible reo, la cual es autor con mayor peso punitivo que otro, sobre ese mismo acuerdo de confidencialidad condenar a un cómplice y reo de menor peso punitivo es irracional jurídicamente hablando.

Segundo aspecto: todas estas aseveraciones quedan debidamente validadas, sobre la base del artículo 111 de la Constitución que establece que los contratos o convenciones entre particulares tal como sería el acuerdo entre Ministerio Público y un imputado no pueden violentar ni derogar el orden público que implica la razonabilidad de la ley del artículo 74.2 de la Constitución.

Tercer aspecto: En el caso planteado debo significar y resaltar que las penas a imponer al cómplice según nuestra norma penal, es la inmediatamente inferior de la que se le impone al autor de un hecho punible.

En tanto debo decir que en el caso de la exegesis analítica; No procede dictaminar la pena inmediatamente inferior al cómplice si no se ha impuesto la pena inmediatamente superior al autor principal de conformidad con el artículo 59 del Código Penal Dominicano. Centauro Miranda.

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