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Acoso penal, allanamiento, subversión del orden constitucional y mocos comidos

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Actualizado el: 14 abril, 2021 - 7:19 PM (-04:00)

Por: Valentín Medrano Peña

Primer tiempo: Escrito antes del allanamiento. Publicado entre unos pocos amigos.

Cuando el excelentísimo señor Presidente de la República, Lic. Luis Abinader Corona, preocupado por la incidencia política en el brazo armado de la justicia y representante del poder punitivo del Estado, el Ministerio Público, que de alguna forma lacerara las posibles persecuciones por los sonados y bochornosos actos de corrupción sindicados al gobierno que sucedería, uno de piensa que procuraba entre otras cosas, marginar a la persecución penal de sesgo político, de rebatiñas y venganzas personales.

De forma tal que la persecución penal de funcionarios públicos y relacionados respondiera al resultado de una exhaustiva investigación, recolección de elementos probatorios por la vía legal y la determinación conviccional de que la persona investigada resultara ser posible autor o cómplice de un tipo penal, es decir, que no fuera el resultado de un interés morboso de causar daño, de tener culpables o acusados favoritos, o imputados que nazcan antes que el tipo penal, como el listado de los cien o veinte o diez, que se publicaba insistentemente en las redes como los próximos sometibles y que terminó por provocar el suicidio del ex funcionario Cesar Prieto, sin que ninguno de los que le enlistó entre los posibles apresados hiciera un mea culpa o muestra de pesar o se adjudicara el resultado de un acto terrorista por medio del acoso mediático. Por ello, insisto, estamos construyendo una cultura y sociedad de odio, como establece el célebre cómico malagueño Dani Robira.

En este caldo de cultivo, en esta sociedad de periodismo incendiario, de acusaciones y acusaciones y acusaciones algunas con bases probatorias y otras con la intención de producir asesinatos morales, se empuja al Ministerio Público a la venganza. El mérito de los señalamientos es el mayor o menor odio que sentimos por los acusados. Tenemos culpables favoritos y de veinte años de presuntos saqueos del erario hemos borrado doce sin cuentas nuevas como en el 1978.

A mi sólo, y solo quizás a mi, me preocupa el acoso penal llevado a efecto contra los miembros de la Cámara de Cuentas por parte del Ministerio Público (Pepca), pues es un órgano constitucional colegiado con carácter técnico, autonomía administrativa, autonomía operativa y presupuestaria.

Por lo que acosar penalmente a la Cámara de Cuentas es procurar lacerar la autonomía operativa constitucionalmente conferida a ese órgano, y la persecución prohíja otro tipo penal de parte de los persecutores que se asienta en el mismo artículo que pretenden por medio de una disposición claramente inconstitucional (Art. 12 de la ley 133-11) que crea un tipo penal en blanco y abierto que manda al artículo 188 del Código Penal dominicano.

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Y es que la autonomía operativa con rango constitucional de la Cámara de Cuentas no puede ser ni acelerada ni reducida a instancia de nadie, no se puede ni debe ajustar a reclamo alguno y está por encima normativamente hablando, por su rango constitucional, del adjetivo artículo 12 de una ley orgánica o del 188 del Código Penal. Por igual por su carácter técnico concedido por la misma norma suprema, estos no podrían ser dirigidos desde afuera a producir un resultado ni en el tiempo que el elemento externo considere, ni con las conclusiones que procura, pues eso atenta contra la imparcialidad que debe tener el órgano al momento de emitir sus informes.

Se debe saber que la Cámara de Cuentas es un órgano de control externo, y que hay resultados de los procurados por el Ministerio Público que pueden ser servidos por órganos internos de control constitucional de la ejecución presupuestaria, como la Contraloría General de la República, y que de la lectura combinada del artículo 188 del Código Penal dominicano y el 250 numeral 3 de la Constitución podríamos estar ante un tipo penal a cargo del Ministerio Público y no de los Miembros de la Cámara de Cuentas, a decir:

El artículo 188 del Código Penal dominicano nos dice que: “La pena de la reclusión se impondrá: a los funcionarios públicos, agentes o delegados del Gobierno, cualquiera que sea su grado, y la clase a que pertenezcan, que requieren u ordenaren, hicieren requerir u ordenar la acción o el uso de la fuerza pública, para impedir la ejecución de una ley, la percepción de una contribución legal, la ejecución de un auto o mandamiento judicial o de cualquiera otra disposición emanada de autoridad legítima”.

Es decir que el funcionario que osara usar la fuerza pública para evitar la ejecución de una ley se hace reo de ese delito, pero ¿Qué hacer cuando la violación es a la denominada ley de leyes?

El artículo 250 numeral 3 de la Constitución de la República nos dice que entre las atribuciones de la Cámara de Cuentas están: “Auditar y analizar la ejecución del Presupuesto General del Estado que cada año apruebe el Congreso Nacional, tomando como base el estado de recaudación e inversión de las rentas presentado por el Poder Ejecutivo, de conformidad con la Constitución y las leyes, y someter el informe correspondiente a éste a más tardar el 30 de abril del año siguiente, para su conocimiento y decisión.

Bastaría que la distracción a que le somete el Ministerio Público, con unos sometimientos, investigaciones y sindicaciones sin fundamento normativo, hicieran irrealizables el cumplimiento de la norma suprema, que exige que a más tardar el 30 de Abril deba ser presentado su informe constitucional al Senado de la República, para que el mismo tipo penal que se le endilga a los miembros de la Cámara de Cuentas se revierta contra el Ministerio Público.

El artículo de su ley orgánica que esgrime el Ministerio Público como potestador de su persecución a la Cámara de Cuentas es el 12 de la ley 133-11, el cual dice que: “El Ministerio Público podrá requerir la colaboración de cualquier funcionario o autoridad de la República para el cumplimiento de sus funciones, quienes están obligados a prestarla sin demora y suministrar las informaciones, documentos e informes que les sean requeridos. El funcionario que se negare a prestar la colaboración requerida o entregar las informaciones, documentos e informes solicitados, incurre en obstrucción de justicia y será sancionado con las penas que dispone el artículo 188 del Código Penal”.

Y ya que vimos el artículo 188, sólo supongamos por un momento que ese instrumento legal del artículo 12 caiga en manos incorrectas, y abra la puerta para que ante una solicitud retardada de una orden de arresto o allanamiento, en lugar de acudir a las acciones por retardo judicial que consagran los artículos 152 y siguientes del Código Procesal Penal, se entienda que la acción del juez al retardar o negar la orden es no solo un ajuste a la obstrucción de justicia sino un acto de complicidad en el delito de tráfico de estupefacientes si la orden denegada o retardada es de un caso investigado en ese ámbito.

Lo cierto es que estos escarceos han pasado inadvertidos por muchos en la comunidad jurídica que ahora prefiere ser cómplice de los receptores de aplausos en detrimento de las garantías de derechos de todos.

Segundo tiempo: Luego de consumada la intromisión.

Había escrito hasta aquí antes del allanamiento insólito a la sede de la Cámara de Cuentas, y, oh perdón, se produjo el allanamiento, al final del cual el MP dijo haber encontrado pruebas de manipulación de documentos, algo aún más insólito, pues según la norma la Cámara de Cuentas emite actos administrativos con presunción de verosimilitud y con la característica de ser ejecutivos y ejecutorios, poco importa el criterio que pueda tener el Ministerio Público al respecto. No es un calificador de actos administrativos, no es su atribución, tampoco determinar falsedad o no de documentos. El MP gusta de subrogarse en atribuciones conferidas a otros órganos. Y se allanó.

Y de inmediato se produjo la socorrida segmentación y posicionamientos a favor y en contra, muy pocos en contra, es lo tipifico.

Los penalistas olvidaron el abc del derecho penal, de hecho lo olvidó la jueza para levantar un velo constitucional prescriptivo y emitir una orden de allanamiento sin la existencia de un tipo penal, su obligación al momento de accionar jurisdiccionalmente, aunque no quiero considerar las presiones y circunstancias que hubo de tener al momento de “examinar” la ilegal solicitud, lo olvidó el fiscal que suele saber la diferencia entre tipo penal y otro hecho o acto de otro ámbito del derecho.

Y es que para la concreción de un delito deben acontecer o darse todos los elementos constitutivos del mismo, que junto a su competencia y las calidades, son las tres cosas que debe examinar el juez ante una solicitud, conclusión o dictamen de parte en sede de la jurisdicción penal.

Y visto que el delito en cuestión contenido en el artículo 12 de la ley 133-11, tienes como elementos constitutivos de dicha infracción los siguientes: 1.- La solicitud de una colaboración a un funcionario público en torno a una investigación por parte del Ministerio Público, y 2.- la negativa por parte de dicho funcionario a prestar tal colaboración.

El Ministerio Público no probó y no podría probarlo, que hubo una negativa explícita de parte de los funcionarios de la Cámara de Cuentas a los que se le requirió la colaboración. Y en cuanto a lo relativo a la posibilidad de una negativa implícita por presunta demora, no pudiera ser considerada porque no se presume silencio administrativo porque no es un proceso administrativo sino de un tipo penal que no admite interpretaciones analógicas ni extensivas (Art. 25 CPP), y en cuanto a la demora, el legislador no la define, no establece plazo, tiempo para la respuesta, solo la negativa, y donde el legislador no puso no puede poner el fiscal.

Finalmente, si los penalistas (fiscales, jueces y abogados) olvidaron descomponer el presunto tipo en sus elementos constitutivos, los constitucionalistas olvidaron el respeto al orden constitucional.

La incursión ilegal, aún autorizada, a la Cámara de Cuentas, subvirtió el orden constitucional.

Y es que no se pueden saltar procedimientos, porque sería vulnerar el debido proceso constitucional, ya que nuestra ley sustantiva ordena que el Senado de la República conozca del juicio político de los funcionarios públicos que sean designados por el propio Senado, entre otros, los que pueden ser juzgados y “remitidos a los tribunales ordinarios” con el voto de las dos terceras partes.

Por lo que perfectamente pudo intervenir la denuncia ante la Cámara de Diputados por parte del presidente, del Ministerio Público u otra entidad, para que a su vez la Cámara de Diputados con acuerdo a los parámetros constitucionales establecidos, acuse formalmente ante el Senado (Art. 83 numeral 1 CRD) a los funcionarios en cuestión, y posteriormente proceder el Senado al juicio político (Art. 80 numeral 1 CRD) y decidir si envía o no a la “jurisdicción ordinaria” conforme las pruebas recabadas para el juicio. Es decir que para los funcionarios electos por el congreso, la Constitución establece un orden y juicio previo a su sometimiento judicial ordinario.

No es de suponer, sino de aceptar y acatar, que cuando la constitución establece una jurisdicción especial (Art. 80 numeral 1 CRD) debe cumplirse con ese mandamiento y con el orden establecido. Lo contrario sería controvertir el orden constitucional. Lo que se ha hecho, y nos comimos los mocos.

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