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El Consultor Jurídico del ASDE reacciona a las imputaciones que hacen regidores opositores a El Cañero

A continuación reproducimos de manera íntegra la reacción del Consultor Jurídico del ASDE, Julio César Terrero Carvajal, a las graves acusaciones que le hacen al alcalde Alfredo Martínez los regidores de oposición, quienes denuncian que este ha firmado contratos por más de mil millones de pesos sin autorización del Concejo.

Este documento fue entregado por Terrero a Ciudad Oriental vía correo electrónico y físico.

ESTA DIRECCIÓN DE CONSULTORÍA JURÍDICA SE PERMITE EDIFICAR DE MANERA PUBLICA AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SOBRE LAS SUSTENTACIONES DE HECHOS Y DE DERECHOS, A LAS LICITACIONES Y ADENDA, REALIZADOS POR ESTA ADMINISTRACIÓN, A LOS CONTRATOS DE TECVASA S.A., VS CBMA, ASI COMO AL CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA CIRCUNSCRIPCION NO. 3 Y PARTE DE LA CIRCUNSCRIPCION NO. 2, DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PACTADO ENTRE EL ASDE Y COMLURSA, SRL, EL CUAL DEVIENE DE LA LICITACIÓN NO. ASDE-CS-LPN-2012-03.

En fecha dos (02) del mes de octubre del año dos mil doce (2012), se le adjudicó, a la Compañía “TECVASA INTERNACIONAL, S. A., Sociedad Comercial Organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana, Registro Nacional de Contribuyente No.130238391, con domicilio y asiento social establecido en la calle Hostos Esquina Salomé Ureña, Zona Colonial, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, en su calidad de sociedad líder y representante del Consorcio para la Gestión de Servicios Municipales Consorcio GSM, consorcio comercial organizado y existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana, Registro Nacional de Contribuyente No. 130314561, debidamente representada por el señor IVAN EDUARDO JUBIZ BASSI, de nacionalidad colombiano, mayor de edad, casado, provisto de la cédula de identidad personal No. 001-1770895-8, domiciliado y residente en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, por un periodo de seis (06) años, registrado por ante la Contraloría General de la República mediante el registro de Contrato No.30348-2013.

En fecha 02 del mes de mayo del año 2018, fue suscrito el contrato de Derechos Contractuales, denominado CESIÓN DE DERECHOS CONTRACTUALES, entre la Entidad Tecvasa Internacional, S.A, y la Sociedad, Control Básico Municipal de Arbitrios (CBMA), SRL, estableciendo en dicho contrato que la entidad Tecvasa Internacional, S.A, cede todos los derechos presentes y futuros, en favor de Control Básico Municipal de Arbitrios (CBMA), SRL, respecto al contrato de Gestión de Cobros y Arbitrios del Municipio Santo Domingo Este, marcado con el No. S.C.08-013, de fecha primero (1) del mes de febrero del año 2013.

El contrato de Cesión de Derecho Contractuales pactado entre ambas empresas establece que la empresa Control Básico Municipal de Arbitrios (CBMA), SRL, que a partir de la firma del mismo queda facultada de manera definitiva, absoluta y sin reservaciones de ninguna especie a subrogarse en todos y cada unos los derechos que le correspondían a Tecvasa Internacional, por ser cedido de manera total a la Cesonaria, por lo que queda claramente establecido que la Cesionante Tecvasa Internacional S.A, libera desde ahora y para siempre de todas las responsabilidades civiles y penales, presentes y futuras al Ayuntamiento Santo Domingo Este, y al Alcalde que en la actualidad dirige dicho cabildo, así como cualquiera que sea su sucesor.

La Cesionaria Control Básico Municipal de Arbitrios (CBMA), SRL, registró la firma del Notario actuante Doctor Carlos Eusebio Trinidad, inscrito en el Colegio del Notario bajo el numero 2920, en la procuraduría General de la República en fecha 23 del mes de mayo del año 2018, registrado bajo el numero 056-8102-5032141-6, y registró el mismo en el Ayuntamiento del Distrito Nacional el 24 de mayo del 2018, bajo el numero 2018-19946.

La Cesionante Tecvasa Internacional, S.A, mediante acta de reunión No. 23 de su comisión ejecutiva, consorcio GSM, de fecha 1 de mayo del año 2018, a la 6:00 pm, emitieron la Resolución mediante la cual aprobaron la Cesión de Derechos a favor de Control Básico Municipal de Arbitrios (CBMA), S.R.L., y autorizaron a los señores JAVIER ORMO FERNANDEZ CORUJERO, de nacionalidad española, cuya generales aparecen en el acta de la asamblea y/o al señor IVAN EDUARDO JUBIZ BASSI, de nacionalidad colombiana de generales que constan en el acta de referencia, para que firmaran la Cesión de Derechos Contractuales a favor de la empresa Control Básico Municipal de Arbitrios (CBMA), SRL, por lo que el mismo es del absoluto consentimiento de las partes y en tal sentido está revestido de todo visos de legalidad.

La cesión de derechos Contractual antes mencionada cumple con el capítulo II, del Código Civil Dominicano, cuyo título se refiere a las condiciones esenciales para la validez de las convenciones, la cual esta refrendada por el artículo 1108, el cual establece cuatro condiciones esenciales para la validez de una convención:

El Consentimiento de la parte que se obliga.
Su capacidad para contratar.
Un objeto cierto que forme la materia del compromiso.
Una Causa licita en la obligación.

PASAMOS AHORA A EXPONER LOS ARGUMENTOS JURÍDICOS SOBRE LOS CUALES LA ADMINISTRACIÓN SUSTENTA EL ADENDUM AL CONTRATO TECVASA / CBMA.

Exposición sobre los argumentos jurídicos en los cuales se ha sustentado el acto de sesión de derechos contractuales entre las empresas TECVASA Y CBMA.

Resulta que: el día 30 del mes de agosto del año 2012, se inicio el proceso de licitación ASDE-CL-LPN-2012-02, con la apertura del sobre A, resultando de dicha licitación ganadora y adjudicataria la empresa TECVASA INTERNACIONAL, S.A. provista de RNC 130238391, representada por el Sr. Eduardo Jubiz, cuya adjudicación esta sustentada en el contrato C.S. No. 08-2013, el cual proviene del pliego de condiciones de dicha licitación que es a la sazón el instrumento que rige todo proceso de licitación.

Una vez haber resultado adjudicataria TECVASA INTERNACIONAL, S.A. de dicho proceso, esta se hace titular de un derecho consagrado en el Artículo 68 de la Constitución del año 2010, que consagra la garantía de los derechos fundamentales. Estableciendo la ley sustantiva en su Artículo 69: La tutela judicial y el debido proceso y estableciendo el numeral 10 de dicho artículo, que las normas de debido proceso se aplicaran a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

De manera seguida los Artículos 199 y 200 de nuestra Constitución se refieren a la administración de los gobiernos locales, entre otros aspectos, el Artículo 201 de nuestra Constitución, establece claramente lo siguiente, al referirse a los gobiernos locales: El gobierno del Distrito Nacional y el de los Municipios, estarán cada uno a cargo del Ayuntamiento constituido por dos órganos complementarios entre sí, el Consejo de Regidores y la Alcaldía. El Concejo de Regidores es un órgano exclusivamente normativo, reglamentario y de fiscalización.

El constituyente no se equivocó al delimitar las funciones de los dos órganos que componen los gobiernos locales ya que es la misma Ley sustantiva que dispone que los Concejos Municipales, lo que deben es velar para que los actos de administraciones locales sean cumplidos a cabalidad, por los órganos ejecutivos, encabezado por los Alcaldes o las Alcaldesas.

De manera subsidiaria la Ley No. 176-07, en su Artículo 60 al referirse a la Sindicatura, dispone lo siguiente: La Sindicatura es el órgano ejecutivo del gobierno municipal cuyo desempeño es realizado por el Sindico o a quien corresponda las siguientes atribuciones, en este sentido el Numeral 10 de dicho artículo reza de la manea siguiente: Son atribuciones del Alcalde suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento, contratos, escrituras, documentos y pólizas de conformidad con la Ley de Contrataciones Publicas que rige la materia y velar por su fiel ejecución. En consecuencia, visto el Artículo 25 del contrato base, pactado entre el Ayuntamiento Santo Domingo Este, marcado con el numero C.S. No. 08-013, mediante el cual resultó adjudicataria TECVASA INTERNACIONAL, S.A., en la licitación antes mencionada, dispone lo siguiente: Ampliación y Reducción de la contratación, el contrato solo será modificable con un adendum introducido y acordado por las partes y cuando las circunstancias así lo demanden.

Que el Articulo 1 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios Obras y Concesiones modificada por la Ley 449-06 y su Reglamento de Aplicación No. 543-12 establece lo siguiente: Cito la presente ley tiene por objeto establecer los principios y normas generales que rigen la contratación pública relacionada con los bienes, obras, servicios y concesiones del Estado, así como las modalidades que dentro de cada especialidad puedan considerarse por el sistema de contratación pública, el cual está integrado por estos principios, normas, órganos y procesos que rigen y son utilizados por los organismos públicos para adquirir bienes y servicios, contratar obras públicas y otorgar concesiones así como sus modalidades.

El Articulo 2, de la Ley 340-06 en su numeral 4, establece que los Ayuntamientos del Municipio y del Distrito Nacional están sujeto a las regulaciones previstas en esta Ley y sus reglamentos.

De manera seguida el Capitulo II, que se refiere a los reclamos IMPUGNACIONES Y CONTROVERSIAS, establece que toda reclamación o impugnación que realice el proveedor a la entidad contratante deberá formalizarse por escrito.

El Articulo 51, de la Ley 340-06, es más claro aún al establecer que las entidades públicas autorizadas para llevar a cabo procesos de concesión, suscribir contratos y administrarlos desde su inicio hasta la culminación del plazo del contrato, tendrán la obligación de velar por la estabilidad de equilibrio contractual y en este caso la administración ha venido velando por los cumplimientos de los contratos firmados por licitaciones celebradas.

El Articulo 50 de la Ley 340-06 establece, que todo contrato de concesión que implique inversión de recursos por parte de concesionarios y cuyo plazo sea mayor de cinco años se considerara legalmente perfeccionado cuando cuente con la obtención del Órgano Rector y el correspondiente decreto del Poder Ejecutivo, en tal sentido, el contrato base de dicha licitación y adjudicación fue aprobado por dicho órgano, así como el Adendum hecho de conformidad con el Artículo 25 del contrato y con los postulados del Artículo 127 del Reglamento 543-12, y aprobado el mismo por dicho Órgano Rector, que lo es la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Más específico aún lo es el Articulo 32 de la Ley 449-06, que modifica el Artículo 71 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas el cual establece: que la investigación de presuntas contravenciones a la presente Ley y sus Reglamentos, la Dirección General en su calidad de Órgano Rector actuará de oficio o a petición de la parte interesada, o sea, que ante cualquier irregularidad en un proceso de contratación que va desde la publicación de la misma, hasta la adjudicación al oferente ganador mediante contrato, es competencia del Órgano Rector actuar en consecuencia. Analizando el Artículo 127 del Reglamento 543-12, de aplicación de la Ley 340-06 y sus modificaciones, entre los antes mencionados disponen cuales son las facultades y obligaciones de la administración en los procesos de licitación, y la celebración de los contratos de adjudicación de las mismas.

El Artículo 127 del Reglamento antes mencionado establece cuales son las causas de modificación y suspensión del contrato: La entidad contratante podrá modificar, disminuir o aumentar hasta un 25% el monto original de la obra y hasta un 50% en el caso de contratación de servicios, siempre y cuando se mantenga el objeto de la contratación cuando se presenten circunstancias que fueran imprevisibles en el momento de iniciarse el proceso de contratación y esa sea la única forma de satisfacer el interés público.

LA ADMINISTRACION TAMBIEN ESTA SUBORDINADA A: LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA, A LA LEY 340-06 MODIFICADA POR LA LEY 449-06 Y AL REGLAMENTO DE APLICACION DE LAS MISMAS MARCADO CON EL NUMERO 543-12, LA LEY 176-07 DEL DISTRITO NACIONAL Y LOS MUNICIPIOS, LA LEY 13-07, Y LA LEY 107-13, SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SUS RELACIONES CON LA ADMINISTRACION Y DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.

ACTOS ADMINISTRATIVOS
LEY 107-13

Concepto Acto Administrativo. Acto administrativo es toda declaración unilateral de voluntad, juicio o conocimiento realizada en ejercicio de función administrativa por una Administración Pública, o por cualquier otro órgano u ente público que produce efectos jurídicos directos, individuales e inmediatos frente a terceros.

En virtud de las legislaciones 13-07 y 107-13, el Tribunal Constitucional, dispuso mediante Sentencia No. TC-226/14, de fecha 23 de septiembre de 2014, emitida por el Tribunal Constitucional la cual establece en su página 23/28, que la administración no puede revocar los actos administrativos después de haber sido emitidos sino que es la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, la competente para esto, ya que estos, después de haber sido emitidos por la administración se convierten en actos que reconocen derechos subjetivos y modifica la situación jurídica de los accionantes, su revocación directa por parte de la administración sin el consentimiento del beneficiado del acto constituye una violación tanto al derecho del debido proceso, al derecho de defensa y particularmente una afección ilegítima al derecho de propiedad reconocido, lo que se traduce a una violación al derecho de propiedad, como ha sucedido en el presente caso.

¿Qué analizó el Tribunal Constitucional en esta sentencia? Que el Concejo de Regidores del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, en la sesión ordinaria de fecha 3-11-2010, mediante Acta No. 33/2010 revoco la autorización dada por el Acta No. 25-2010, dictada por la administración y el Tribunal Constitucional debido a las violaciones antes mencionadas, revocó y declaró nula la misma, por lo que, tanto la Constitución, La Ley 176-07, la Ley 340-06 modificada por la Ley 449-06 y su Reglamento de Aplicación marcada con el No. 543-12 y el Tribunal Constitucional de la Republica Dominicana, según la sentencia TC/026/014 establecen que la administración es la autorizada para emitir los actos administrativos del Ayuntamiento.

ADENDA al Contrato No. C.D.S. No. 07/013, suscrito entre COMLURSA SRL, y el ASDE. Este contrato fue adendado bajo las mismas condiciones jurídicas que el anteriormente citado, este en su Artículo 11 establece: Que la duración del mismo era por 6 años, claro siempre estableciendo que este contrato al igual que el de TECVASA S.A., VS CBMA SRL, son productos de procesos de licitaciones sustentados en los pliegos de condiciones que es el documento que rige las licitaciones al tenor de lo establecido en la Ley 340-06, modificada por la Ley 449 y su reglamento de aplicación marcado con el No. 543-12, los cuales además están abrazados a las legislaciones antes mencionadas. Este contrato también en su Artículo 20 del mismo dispone textualmente: Que cualquier modificación a los términos y condiciones del presente contrato deberá hacerse por mutuo acuerdo entre las partes, por escrito, mediante enmiendas numeradas cronológicamente y la fecha de vigencia de cada una se contará a partir de la fecha de aprobación realizada por la Primera Parte.

De manera especial el articulo No. 12 del contrato base estipula lo siguiente: El contrato solo será modificable con un adendum introducido y acordado por las partes, siempre y cuando las circunstancias así lo demanden, por lo que son los mismos contratos antes descritos que por mandato la ley No 340-06, su reglamento de aplicación y los pliegos de condiciones que ampararon ambas licitaciones mandan a la administración a ampliar los mismos por la mitad del tiempo de su duración a partir de la fecha del contrato base, por lo que en todos los casos se han hecho amparado en el voto de la ley, razón esta que tuvo el órgano regulador y Rector de la Dirección General de Contrataciones Públicas y la Contraloría General de la República, certificaron la aprobación de los mismos.

Julio Cesar Terrero Carvajal.
Consultor jurídico del ASDE.

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