Por Robert Vargas En el Concejo de Regidores del ASDE la mayoría de sus miembros parece que actuaron con irresponsabilidad al aprobar una propuesta de la cual casi todos creen que es contrario a la Ley 176-07 y, para «curarse en salud» dijeron que el «culpable» por las posibles consecuencias legales sería el Contralor Municipal, Pascual Disla.
Esos regidores actuaron como aquel soldado que obedeció la orden de un superior que dispuso que asesinara a un detenido que estaba reducido, esposado y con las manos atadas a la espalda.
El soldado, en caso de llegar a los tribunales, serán condenado irremediablemente puesto que la ley no le permite acabar con la vida de un detenido que está reducido e indefenso.
Ese soldado no podrá alegar ante el tribunal que él asesinó a sangre fría al detenido simplemente «porque el comandante lo ordenó».
Otro ejemplo es el de aquel asesor en contabilidad que sugiere a su asesorado saltarse algunos procedimientos para evadir el pago de impuestos.
Podrá hacerlo durante algún tiempo, pero cuando las autoridades de impuestos se enteren de lo que sucede, quien pagará directamente las consecuencias es el evasor, también su asesor.
Por tanto, el regidor Mario Villa no hizo como 23 colegas suyos del ASDE que podrían haber cometido un delito y, conscientes de lo que hicieron, dijeron que «Pascual Disla es el responsable» pretendiendo ponerse a salvado de eventuales acciones legales en su contra.
¿Qué hizo Mario Villa que lo diferencia de 23 de sus colegas?
Simple. Cumplió la ley. Se apegó a ella y no se le despegó, aunque su acción no le gustara a algunos, pero ninguno de sus colegas se atrevió a decir ni una sola palabra. Todos quedaron mudos, puesto que sabían perfectamente lo que Mario Villa les estaba diciendo.
Él les explicó que fue electo para representar el municipio conforme a la ley, no para ser una «madre Teresa de Calcuta».
Nadie intentó despegarlo de su criterio de que debe actuar de conformidad con la Ley, tal como es el deseo del presidente Luis Abinader.
En concreto, ¿Qué fue lo que sucedió?
Ocurre que el alcalde, Manuel Jiménez, perremeísta como él, violó abiertamente y con todo descaro la Ley 176-07, que establece literalmente que la cuenta de nómina de los ayuntamientos no puede superar más del 25% del presupuesto municipal, a menos que el municipio esté en estado de urgencia o de desastre, y ninguna de esas dos condiciones se dan en SDE.
Jiménez, atento a él, elevó la nómina desde 25%, que era lo presupuestado, hasta 41%, un delito que la ley considera suficiente para enviar a prisión a los infractores.
Cada mes, Manuel Jiménez debería destinar 38 millones de pesos para el pago de nómina, pero optó a su cuenta y riesto, elevar el gasto por ese concepto a unos 57 millones de pesos mensuales.
Como consecuencia, en agosto pasado se quedó sin dinero para pagar los sueldos de octubre, noviembre, diciembre; la regalía pascual, la TSS y una proporción del seguro médico.
Ante ese descalabro financiero, Jiménez optó por convocar a los regidores para que tomaran 300 millones de pesos destinados en el presupuesto municipal para la construcción de obras municipales, servicios, educación, salud y juventud para pagar sueldos.
O sea, que por su forma medalaganaria de actuar, el síndico Jiménez decidió privar al municipio de obras y servicios que le compete realizar.
Incluso, incumplió con el presupuesto participativo, no solo del año 2020, sino del 2021 y parece que el 2022 va por el mismo camino.
Inteligente en la manipulación «de las masas», el síndico culpó a los regidores del retraso en el pago de los sueldos de octubre a los empleados alegando que los concejales no habían aprobado la transferencia de 300 millones de pesos que él solicitaba para satisfacer su abultada nómina.
Los empleados del ASDE, que querían su dinero, no les importaba que los regidores violaran la ley, y la mayoría no se percató de la jugada del alcalde.
Finalmente, 23 regidores sucumbieron, aprobaron la transferencia, pero hoy están temerosos de que a alguien se le ocurra ir a los tribunales a denunciarlos.
La actuación de Mario Villa
Ha sido en este contexto que el regidor perremeísta Mario Villa se abstuvo de aprobar lo solicitado por Manuel Jiménez quien, teniendo en sus manos más de 100 millones de pesos, no quiso pagar a los empleados del ASDE, hasta tanto los regidores lo acompañaran en su aventura gerencial.
-«Yo quiero que quede claro que a nosotros no se nos puso aquí para ser complacientes, sino para actuar conforme a la Ley», dijo Villa y, por tanto, actuó en consecuencia.
Sin embargo, a la mayoría de sus colegas y al alcalde parece que el respeto a la ler poco importa, si encuentran a alguien a quien culpar, en este caso, al contralor municipal Pascual Disla, quien ha optado por hacerse responsable de las consecuencias de la acción de los regidores.
La lección de Mario Villa es que la ley debe ser respetada, con todas sus consecuencias.
Hoy, el resto de sus 23 colegas que aprobaron la transferencia tienen los dedos cruzados a la espera de que ninguno sea demandado por disponer, con posible ilegalidad, de los fondos de los contribuyentes para gastárselos en sueldos.
Mario Villa, duerme tranquilo.
¡Ah! Me olvidaba decirles
Antes de ser alcalde, Manuel Jiménez siempre denunciaba como ilegales las transferencias presupuestarias que hacía el entonces síndico Alfredo Martínez, y hasta encabezaba manifestaciones a las puertas del Palacio Municipal.
Ahora, desde el punto de vista de Jiménez, todas sus transferencias presupuestarias que solicita son fantásticas.