TeleSUR..-La Junta Nacional de Justicia (JNJ) de Perú suspendió por seis meses a la fiscal de la nación, Delia Espinoza. La medida, que se interpretó como un nuevo capítulo en la confrontación entre el Poder Judicial, el Gobierno y los partidos de derecha, se produjo horas después de que la fiscal se negara a asistir a una audiencia, argumentando que no existían garantías para un debido proceso.
La suspensión se justificó por faltas “graves y muy graves”, vinculadas a la resistencia de Espinoza a acatar una orden para reponer en su cargo a la exfiscal, Patricia Benavides, quien había sido destituida por serios cargos en su contra. Sin embargo, la JNJ, que tiene la facultad de nombrar a los fiscales supremos, ordenó la reposición de Benavides solo como Fiscal Suprema, lo que generó un conflicto de atribuciones. Este embrollo jurídico-político es visto por muchos como una maniobra para minar la autonomía del Ministerio Público.
La decisión de la JNJ fue aprobada por cinco de sus siete integrantes, evidenciando una división interna que refleja la polarización política del país. Los otros dos miembros de la junta no participaron en la votación: uno por haber solicitado la sanción y el otro por un supuesto adelanto de opinión. Esta medida cautelar levantó sospechas sobre la independencia del organismo, ya que parece alinearse con los intereses de los sectores que la fiscalía ha estado investigando en los últimos meses.
La suspensión de Espinoza ocurre poco después de que la Fiscalía solicitara al Poder Judicial la ilegalización del partido derechista Fuerza Popular (FP) y su exclusión de las elecciones de 2026. Esta petición se basó en lo que el Ministerio Público calificó como “conductas antidemocráticas” por parte de la organización política liderada por Keiko Fujimori. La respuesta del Gobierno no se hizo esperar, manifestando su rechazo a esta solicitud y argumentando que la fiscalía “pretende determinar, contra la constitución y las leyes, qué partidos pueden competir en los comicios”.
La fiscal suspendida respondió con firmeza, señalando que la declaración del gobierno era un claro ejemplo de “politización de la justicia”. Espinoza defendió su accionar, recordando que la Ley de Organizaciones Políticas faculta al Ministerio Público a solicitar la ilegalización de un partido si cuenta con las pruebas necesarias. Además, contrastó la reacción del gobierno a favor de Fuerza Popular con su silencio cuando se ilegalizó el partido del nacionalista Antauro Humala, exponiendo una supuesta doble moral por parte del oficialismo.
La crisis institucional se profundiza aún más, pues la suspensión de Delia Espinoza se suma a su abierta oposición, junto con la presidenta del Poder Judicial, a una ley de amnistía que buscaría liberar de responsabilidad penal a exmilitares y expolicías acusados de crímenes de lesa humanidad durante el conflicto interno que azotó al país entre 1980 y el 2000. Este cúmulo de eventos evidencia una pugna de poder en Perú que va más allá de un simple conflicto jurídico, revelando una batalla por el control del Estado y sus instituciones clave.
