Por Carlos Rodríguez
n el contexto actual, donde la furia popular por no obtener respuesta —directa o indirectamente—, junto al incremento de las mentiras, la desinformación y el ocultamiento, nos enfrenta a una pregunta crítica: ¿Quién controla la verdad en la era digital en nuestro país?
Esta dualidad se torna peligrosa, ya que las plataformas que deberían unirnos pueden convertirse en armas letales que amplifican rumores y provocan revueltas. Un ejemplo claro de esto fue lo ocurrido en la Plaza de la Bandera durante las elecciones de 2020, donde la indignación colectiva, liderada por voces moralmente activas —hoy totalmente desnudas—, desembocó en actos que desestabilizaron nuestras instituciones y el Estado.
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La desinformación, alimentada por estrategias manipulativas, transforma la percepción pública sobre un gobierno que puede ser visto como débil o corrupto, algo que ya se refleja en las encuestas. En lugar de lidiar con estas inquietudes, las autoridades parecen optar por restricciones cada vez más autoritarias, buscando silenciar a la población, acallar voces críticas y limitar la libertad de expresión.
Esta estrategia de callar lo que no conviene —que fue parte de la campaña del 2020 y les dio ventaja política al PRM—, en lugar de abordar las raíces del descontento, desvirtúa el debate público, ignorando las verdaderas preocupaciones de una ciudadanía hastiada del desorden de quienes gobiernan el país.
Frente a ello, surgen flamantes iniciativas “patrióticas”, como las del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), para regular las opiniones en las redes sociales: opiniones que antes eran verdaderas y ahora son calificadas como falsas, porque supuestamente ponen en riesgo los derechos de la ciudadanía.
La llamada “responsabilidad informativa” y la legislación más estricta podrían ser comprendidas no como un esfuerzo hacia el empoderamiento ciudadano, ni como una defensa de la libertad de expresión y difusión del pensamiento, sino como una maniobra barata y encubierta para mantener el control de quienes se benefician del descontento popular.
Tal como afirmó el profesor Juan Bosch:
“La censura de los medios de comunicación no es solo un ataque a la libertad de prensa, sino un asalto a la propia democracia.”
Es vital recordar a aquellos valientes que pagaron el precio más alto por su valentía al expresar la verdad. Entre ellos, Orlando Martínez, un referente en la lucha por la libertad de expresión, asesinado en 1975 por su firme postura contra la dictadura; Narciso González, conocido como Narcisazo, quien enfrentó al sistema y también pagó con su vida por ello; y Gollito, símbolo del periodismo comprometido, que desafió el miedo y enfrentó consecuencias fatales.
Cada uno de estos nombres es un recordatorio de la fragilidad de la libertad. La vigilancia activa de la ciudadanía y el constante desafío a la censura son esenciales para garantizar que sus sacrificios no hayan sido en vano.
La verdadera revolución ocurre en las mentes y corazones de quienes buscan la verdad, desafiando la opresión. Depende de nosotros, los ciudadanos, forjar un futuro donde la transparencia y la libertad de expresión prevalezcan sobre el engaño y la manipulación.
