Por: Edward Andrés Núñez-Merette P.
A raíz de la promulgación de la ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), han surgido varias interrogantes; vulnera derechos fundamentales, es inconstitucional, atenta contra la intimidad de las personas, etc…
El espionaje, por múltiples vías, es una de las responsabilidades intrínsecas de los servicios nacionales de inteligencia. Su misión principal es proteger la seguridad nacional, sin embargo, tal como advierte el refrán, el camino al infierno está empedrado con buenas intenciones.
En procura de obtener informaciones, a las mal llamadas sensitivas, no les preocupa perforar derechos universales como el de la privacidad y la confidencialidad. Aparentemente, se pasó por alto el artículo 11 de la referida ley el cual despierta preocupación.
No olvidemos que la potestad que posee el Ministerio Público de solicitar ante el Juez de la Instrucción las autorizaciones, a fin de poder hurgar en las vidas de las personas previa a una sustentación en una investigación que conduzca más allá de una duda razonable la presentación ante el Juez de un imputado por la comisión de infracciones penales.
Esta ley, puede abrir cauces a eventuales afectaciones a la libertad de prensa, generando incertidumbres, coacciones o autocensura, lo que a su vez podría limitar el flujo de información.
Los periodistas están protegidos al amparo del artículo 49 de la Constitución, que establece el derecho a las reservas de fuentes informativas y que en ninguna circunstancia puede revelar sus fuentes o entregar informaciones que comprometan a quienes les han ofrecido de manera confidencial.
Luego de promulgada la ley, a fin de corregir las cuestiones señaladas el único recurso visible es que al momento de conocer por ante el tribunal Constitucional el recurso que se pretende depositar o apoderar al tribunal de alzada, que el mismo se avoque a declarar la ley parcial o totalmente inconstitucional por lacerar los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Recordemos que vivimos en un “Estado Social y Democrático de Derecho” el cual está basado en el respeto de los derechos fundamentales y la separación e independencia de los poderes, que procura el respeto a la dignidad.
