Destacadas de CiudadOriental.comOpiniones

Fe de errata en el proyecto del Código Penal Dominicano

Por Manuel Soto Lara
Siento la necesidad de hacer algunas puntualizaciones sobre el Proyecto de Código Penal que cursa en el  Congreso. Mi propósito es generar el debate sobre aspectos que desde mi punto de vista constituyen debilidades que aún estamos a tiempo de enmendar. En la presente entrega me ocupo del Principio de Acto, no consagrada de manera concreta en el referido proyecto.

Es cierto que la Comisión que corrige este proyecto en el Congreso aún no ha concluido su trabajo; pero de eso se trata. Porque ese Código ya había sido aprobado mediante la Ley No. 550-14, y anulado por el Tribunal Constitucional, porque la señora que presidía el Senado de la Republica, con muchos años ahí, no hizo bien el procedimiento. Fue aprobado en la ocasión con muchas debilidades. Nunca lograremos el código perfecto; pero aún  estamos a tiempo de hacerlo mejor. Esa inspiración me convida.

El redactor ha sido muy recurrente en utilizar la palabra hechos en lugar de actos. En derecho, y sobre todo en derecho penal,  esos conceptos no deben confundirse. Los hechos son involuntarios y en principio carecen de relevancia penal, a diferencia de los actos, que son manifestaciones conscientes de la conducta humana.

Por eso, estamos proponiendo agregar, dentro de los principios establecidos en el artículo 3, el Principio de Actos (nula pena sine acto). Según este principio solo se permite castigar al hombre por lo que hace como manifestación libre de su conducta. No es admisible un derecho penal de autor. No se puede activar la actividad punitiva estatal atendiendo a prejuicios de, por ejemplo: como es el hombre,  como piensa, a que raza pertenece.   Ello es a fin con la Constitución de la República.

En una aproximación zaffaroniana, la acción en derecho es un concepto jurídico. Ello quiere decir que para el derecho penal no basta cualquier acción. Las manifestaciones inconscientes como los actos reflejos, la actuación en trance ignótico, un epiléptico que convulsiona, pueden producir alteraciones en el mundo exterior que pueden contravenir normas penales; pero para los fines del derecho penal ello resulta irrelevante; porque para que haya acción desde el punto de vista del derecho penal debe haber conducta, y en tal caso no ha habido conducta. A  esa conclusión jurídica llegamos en virtud del principio de actos.

El derecho penal dominicano es de actos. Así lo consagra nuestro ordenamiento normativo, incluido nuestra constitución. Aunque nuestro constituyente no lo establece de manera manifiesta y parece no discernir mucho entre actos y hechos. Las demás normas que integran entre nosotros el Bloque de Constitucionalidad también lo establecen.

Nuestro ordenamiento jurídico del orden panal, para la retención   del delito, no mira al autor sino a su obra. Al autor lo toma en cuenta para la imposición de la pena. Y es que el derecho penal republicano, propio de los estados sociales y democráticos, ha superado las lacras conservadoras y autoritarias del positivismo reduccionista  y discriminador que sirvió de base legal al nacionalsocialismo Nazi para el genocidio en los centros de concentración.

En el derecho penal los actos implican acciones.  Tenemos dos tipos de acciones con relevancia penal: las positivas, cuando actuamos debiendo no actuar, y acciones negativas, cuando no actuamos debiendo hacerlo. De hecho, como nos dice Frank Almanza Altamirano, no es que dejamos de actuar, sino que no lo hacemos en el sentido en que debemos hacerlo.

Una ojeada a los principios orientadores del ordenamiento procesal penal dominicano no deja dudas sobre el linaje de nuestro derecho penal material en su configuración axiológica. Nuestro Código Procesal Penal (CPP) en los principios 4to., sobre el juez natural; 7mo., sobre legalidad del proceso; 13vo., de no auto incriminación; 17, sobre personalidad de la persecución; 19, sobre formulación precisa de cargos; 24, sobre la motivación de la sentencia; 26, sobre legalidad de las pruebas; parece ser concluyente en el sentido de que nuestro derecho penal es de actos.

Donde con mayor determinación el legislador ha consagrado un derecho penal de actos es al cualificar la acusación en los artículos 294 y 295 del CPP.  El primero, en su ordinal segundo, exige que cuando el acto conclusivo constituya una acusación debe contener una relación precisa y circunstanciada del hecho punible al imputado, con indicación específica de su participación. Es evidente que se precisa de una conducta que participa de algo que la ley prohíbe. De ahí que el ordenamiento penal dominicano no tolera la persecución judicial fundada en prejuicios ni en conceptos antropológicos, como ocurrió con el positivismo que ciertos hombres, obviamente feos,  nacían con una cara descrita por Cesare Lombroso como ilegal. Eran potadores de rostros ilegales. Eso los hacia criminales, sin necesidad de cometer hecho delictivo alguno.

También encontramos afianzamiento de este principio en el artículo 295 del CPP, sobre acusación alternativa o subsidiaria. Se refiere al anuncio previo sobre la posibilidad de un  cambio en la calificación jurídica  del hecho delictivo. Es evidente que nuestro ordenamiento no se inspira en las concepciones peligrositas, legitimadoras de las más soeces arbitrariedades,  que dieron lugar a los estados absolutistas en que se sustentaron nuestras repúblicas oligárquicas en América Latina.

De  la base constitucional del derecho penal de actos.

Los artículos 40 y 69 constitucionales no dejan dudas sobre este imperativo.  En una aplicación combinada de los ordinales 8,  13 y 14 del artículo 40 constitucional, en virtud de los cuales a nadie se le puede imponer medidas de coerción, aplicarles  penas o sancionarlo por hechos ajenos, deja implícita la existencia de un derecho penal de actos. Ello significa que el ejercicio de la acción punitiva no puede activarse en razón de particulares características físicas, ideológicas, raciales,  culturales, etc., sino por hechos, que en nuestro ordenamiento tienen el significado de actos dolosos o culposos.

En el caso del ordinal 8vo. nadie puede ser sometido a medidas de coerción sino por su propio hecho. En el enunciado contenido en el 13vo., al constituyente consagrar el principio de legalidad, prohíbe la sanción por acciones u omisiones que al momento de producirse no constituyen infracciones. Al referirse a acciones u omisiones está aludiendo Actos. Y cuando concluye diciendo que deben constituir “infracciones” también está aludiendo conductas. Y finalmente, cuando el ordinal 14 dispone que nadie es personalmente responsable por el “hecho” de otro, está reiterando un derecho penal de actos.

El derecho penal de actos también está establecido en el ordinal 7 del artículo 69 de nuestra Carta Sustantiva, el cual, al referirse a la preexistencia de la ley en el contexto del principio de irretroactividad, prohíbe el juzgamiento sino conforme a leyes preexistentes al acto.  Este principio de actos es corroborado por el ordinal décimo del mismo artículo.

Un derecho penal óntico, esto es que atienda más al autor que al acto,  no armonizaría con los principios y valores de la Constitución dominicana, toda vez que su artículo 39 consagra el derecho a la igualdad y proscribe toda forma de discriminación,  y porque en su rol de tutela de bienes jurídicos es muy celosa del  derecho a la dignidad humana.

De la base convencional del derecho penal de actos.

Aquí le damos la palabra el prominente jurista argentino, es miembro de la Corte Suprema de Justicia en su país y actualmente miembro de la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos, Eugenio Raúl Zaffaroni: “Para mayor claridad, en varios textos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos se establece que solo pueden configurar delitos las acciones u omisiones”. Derecho Penal, Parte General. Segunda Edición, Pág. 313.

Y cita el art. 11, 2º párrafo de la DIDH; art. 15º, párrafo 1º del PIDCP; art. 9º de la DADH; ART. 40º,  párrafo 2º apartado “a” de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Es por lo anterior que somos del criterio que nuestro Código Penal, siguiendo la orientación del penal democrático, como lo conciben los textos modernos, concretice el Principio de Actos. Queda claro que el Bloque de Constitucionalidad  no tolera un derecho penal de autor. Y que se impone que nuestro Código Penal consagre, de manera concluyente e indubitable, el principio “nullum crimen sine conducta”.

Nota. En la próxima entrega analizaré las falencias del proyecto respecto de autoría y participación. Hay errores graves ahí. Luego me ocuparé de otros aspectos como la legitima defensa, estado de necesidad, las penas, etc. El autor es abogado.

Compartir:
  • 41
    Shares
Botón volver arriba