Por Juan Mateo Ciprian
El lavado de activos ha emergido como uno de los fenómenos criminales más complejos y de mayor impacto a escala económica global. Su propagación influye adversamente sobre la integridad de los sistemas financieros, distorsiona la economía formal y socava gravemente la seguridad jurídica de las naciones. En la República Dominicana en particular, las infracciones tipificadas en la ley 155-17 sobre el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo representan una amenaza transnacional que alcanza a individuos y empresas de diversos sectores productivos.
Por ello, es importante examinar el impacto directo de las infiltraciones características del blanqueo de capitales en los niveles de competitividad empresarial, el funcionamiento del mercado libre y la confianza del público en los mecanismos legales y regulatorios en la economía perteneciente al panorama global del peligro económico del lavado de activos.
En los últimos años, la cuestión del lavado de activos ha atrapado cada vez más la atención de la comunidad internacional debido a su carácter perjudicial para la estabilidad económica y social. Este fenómeno delictivo implica la conversión de los caminos financieros de los productores y traficantes del valor a beneficiario libre de preocupaciones. Lo cierto es que el mecanismo económico provocado por el blanqueo de capitales producto de actividades ilícitas graves como el narcotráfico neutraliza la base de la economía, el equilibrio del sistema financiero y comercial de los países de la región y parte del mundo.
En el contexto internacional, investigaciones financiadas por entidades como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) han demostrado la relación directa entre la disfuncionalidad de los sistemas financieros y el volumen de activos lavados en una economía. En este sentido, GAFI enfatiza la importancia de la regulación para disuadir el fenómeno que, de otra forma, sería cada vez más destructivo; en la competitividad intrínseca de las empresas y en la creación de riesgos sistémicos inherentes al blanqueo de capitales.
En varias décadas de estudio, académicos han descrito y analizado las fases del lavado de activos colocación, estratificación e integración y los mecanismos utilizados por las redes criminales para legitimar recursos ilícitos: sistemas financieros complejos, transferencias electrónicas, paraísos fiscales, criptoactivos y sociedades de fachada, entre otros.
Asimismo, entidades como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito han ideado diversas metodologías antilavado, como la promoción de la cooperación internacional en la materia, la inversión especializada en investigación criminal y el monitoreo de las actividades emergentes. Desde esta perspectiva de análisis global, se tuvo acceso a estudios de América Latina, en los que Colombia, México y, más recientemente, República Dominicana coinciden en que las sociedades comerciales se utilizan para ocultar activos ilícitos.
Actualmente, se evidencian nuevas metodologías de integración de capitales en sectores con alto volumen de transacciones y poca regulación jurídica, y circulación de efectivo, como el comercio minorista, el turismo, servicios, actividades inmobiliarias, y casas de empeño. A los lavadores de activos les atrae la informalidad y los vacíos regulatorios de estos sectores.
Cabe destacar, que el sector empresarial es una de las principales víctimas de la infiltración de recursos ilícitos. La presencia de capital criminal genera distorsiones en la libre competencia, ya que otorga ventajas desleales a sociedades comerciales que no dependen de sus ganancias reales para subsistir, sino de flujos financieros provenientes del crimen organizado como el narcotráfico nacional e internacional. A través de esta dinámica, las organizaciones criminales, a través de los entramados societarios, suelen ofrecer precios por debajo del mercado, expulsar a competidores legítimos, adquirir propiedades estratégicas y manipular mercados específicos.
Además, estos efectos son fácilmente visibles en diversos sectores económicos. “Las sociedades comerciales constituidas exclusivamente para servir como fachadas de operaciones criminales han provocado una pérdida de confianza en el mercado, lo que a su vez ha influido en la inversión extranjera directa, las transacciones inmobiliarias y la estabilidad del clima de negocios lícitos”. Los informes más recientes han advertido que la infiltración de recursos ilícitos debilita el marco competitivo, perjudica a las corporaciones transparentes y crea un entorno de inseguridad jurídica.
Asimismo, las redes criminales suelen fragmentar sus recursos en múltiples cuentas, empresas ficticias y sistemas fiduciarios complejos, lo que dificulta la determinación de los beneficiarios finales. La evaluación nacional de riesgos 2024 del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos enfatiza que la falta de información confiable sobre beneficiarios finales continúa representando un riesgo elevado en sectores claves como bienes raíces y servicios financieros.
En este contexto, la República Dominicana ha sido recientemente escenario de varios casos notorios, entre ellos Coral y Antipulpo, entre otros. Estos casos revelaron la amplitud de las redes de lavado de activos y sus vínculos con empresas, funcionarios públicos y elementos políticos. A medida que se confiscaron activos, se paralizaron negocios y se implementaron sanciones financieras, surgió una creciente desconfianza hacia el sector productivo, manifestándose en perjuicios tanto para inversionistas nacionales como extranjeros.
Si bien en los últimos años la República Dominicana ha fortalecido su marco regulatorio, incorporando las recomendaciones del GAFI, su eficacia práctica es baja. Según el Basel AML Index 2024, la efectividad global promedio de incautaciones de activos e investigaciones no supera el 20%, lo que indica deficiencias de supervisión y aplicación. Por lo tanto, el investigador especializado debe considerar cómo estas dinámicas afectan a las sociedades comerciales del Distrito Nacional y qué acciones pueden tomarse para protegerlas de la infiltración criminal. El lavado de activos vulnera los siguientes principios económicos fundamentales de la República Dominicana: la libre competencia; por el ingreso de recursos ilícitos en el mercado permite que las empresas criminales:
• Manipulen precios sin asumir riesgos financieros.
• Compren bienes estratégicos a valores superiores a los formales del mercado.
• Financien actividades criminales o mixtas mediante operaciones comerciales.
• Generen distorsiones en los incentivos del mercado para el sector productivo.
Esto afecta a las empresas no fraudulentas al incrementar los costos operativos mientras compiten con actores ajenos al mercado que no responden a los costos ni a los riesgos. Este fenómeno debilita la confiabilidad de los registros mercantiles, incrementa la inseguridad en transacciones inmobiliarias, crea riesgo legal para las empresas que contratan o se asocian con empresas ilícitas y socava la reputación del país en el ranking internacional de transparencia.
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La actividad investigativa deja en claro que el lavado de activos constituye una de las amenazas más importantes para la estabilidad económica, la libre competencia y la seguridad jurídica en la República Dominicana. Pero esta es una expresión visible de distorsión profunda. Dicho de otro modo, los actores, infiltrados por los activos ilícitos, no cumplen con los criterios de rentabilidad, riesgo y transparencia que se aplican a las empresas legítimas. De esta manera, el capital criminal desplaza a la competencia, interviene en el mercado y altera la estructura competitiva.
Los casos recientes antes mencionados confirmaron la escala de las tramas criminales que se imbrican con las empresas, personal de los sectores estatales y figuras políticas. Evidentemente, el problema no es en absoluto una simple operación financiera. La inaccesibilidad de los sectores productivos, la paralización de la inversión y la acumulación inhibidora del capital nacional y extranjero son el resultado. El riesgo percibido internacionalmente ha crecido. Así, el Basel AML Index 2024 indica que los procesos de incautación de activos e investigación son ineficaces, y el nivel de cumplimiento no supera el 20%.
Asimismo, el sistema de control, supervisión y aplicación de la ley muestra fallas estructurales. Por otro lado, el lavado de activos socava los principios económicos básicos. En particular, la actividad de las llamadas empresas fachada afecta la libre competencia y seguridad jurídica. La libre competencia se ve comprometida por el desequilibrio artificial en los precios, la adquisición de propiedades y actividades paralelas financiadas al margen del sistema económico formal. Cada centro crea sus propios estándares administrativos, previniendo a las sociedades de hacer competencia sana y ética. Esto desalienta a los actores del sistema de competencia legítimo. Ambos factores contribuyen a la deficiencia de la seguridad jurídica.
En conclusión, esto último se manifiesta cuando el marco normativo se aplica mal o después de todo. Al final, es evidente que la República Dominicana tiene que hacer un esfuerzo urgente para fortalecer sus instituciones, mejorar la trazabilidad de los beneficiarios finales, actualizar sus enfoques de supervisión y construir lazos y canales internacionales y nacionales. Solo un enfoque combinado y sensible puede combatir el capital criminal y proteger a las sociedades, a la vez que preserva un entorno competitivo y seguro.