Imponen condenas de 15, 10 y 5 años de prisión a cinco imputados en red tráfico de personas
Otros dos encartados fueron favorecidos con absolución.
El Segundo Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo, impuso condenas de 15, 10 y 5 años de prisión a cinco de siete imputados, encontrados culpables de integrar una presunta banda, se dedicaba al tráfico de personas desde República Dominicana hacia Estados Unidos y algunos países de Europa.
Los condenados son Wilson Rafael Ascencio Dipré, a 15 años de prisión, Rafael Rosado Senen Fermin y Estanly Ramón Paulino De Jesús, 10 años de prisión, cada uno.
Mientras los imputados, Jesús Manuel Castillo y Francis Rafael Guillen Portes, fueron condenados a cinco años de prisión, cada uno.
Los cinco condenados fueron encontrados culpables de asociación de malhechores para cometer falsificación de documentos, tráfico ilícito de migrantes y Lavado de Activos en perjuicio del Estado Dominicano y varias víctimas querellantes.
El grupo fue apresado por la Fiscalía de esta demarcación en noviembre del 2020, luego de labores de investigación realizada desde octubre del 2019 por la División Especializada de Investigación de Delitos Migratorios (DEIDEM) y las denuncias formuladas por ciudadanos afectados.
De acuerdo a la acusación, red cometía la acción delictiva a través de los aeropuertos internacionales de Las Américas (AILA) y Punta Cana, donde los acusados prometían llevar a las víctimas a Estados Unidos y Europa por diversas rutas.
Los ahora condenados proveían a sus “clientes” de documentos falsos de los consulados de Estados Unidos, Costa Rica, Tórtola y países europeos, para posteriormente, trasladarlos desde República Dominicana a Estados Unidos, Francia, España, Eucrania, Alemania y otros países.
El justiciable Pedro Antonio De Los Santos Nina, favorecido con absolución, fue asistido en su medio de defensa por el abogado Fernando Peña Hernández, de la Oficina Nacional de la Defensoría Pública.
Según las autoridades, facilitaban pasaportes a los que tuvieran dificultad para obtenerlo por problemas de adulteración en sus huellas dactilares o por usurpar una identidad en el pasado.
Los integrantes de la red emitían visas falsas para viajar a pequeñas islas a las que llevaban a los indocumentados como rutas-puentes en vuelos privados.
Indican que una vez en las islas, los indocumentados recibían visas estadounidense falsas y, en presunta combinación con inspectores de aeropuertos internacionales, lograban ingresarlos a territorio norteamericano.
De acuerdo a la investigación, la alegada red de trata de personas cobraba entre 3 y 17 mil dólares y entre 250 a 350 mil pesos dominicanos a cada viajero.
La red fue desmantelada durante 13 allanamientos simultáneos practicados bajo órdenes judiciales en las residencias de los imputados, en oficinas, laboratorios y centros de operaciones.
Durante los arrestos fueron ocupados de diferentes evidencias, como pasaportes, cédulas, suntuosos vehículos, múltiples equipos informáticos, máquinas laminadoras, guillotinas, cortadoras de plásticos y dinero en efectivo.
El 23 de noviembre del 2020, la jueza Dolores Galay de la Cruz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, impuso prisión preventiva, garantías económicas, visitas periódicas e impedimentos de salidas del país a los justiciable y declaró complejo el caso por la pluralidad de imputado.
En el juicio, el tribunal compuesto por Josefina Ubiera Guerrero (presidente), Yury Cuevas de la Cruz y Ariella Cedano Núñez (miembros), encontró a los cinco condenados culpables de asociación de malhechores para cometer falsificación de documentos, tráfico ilícito de migrantes y Lavado de Activos en perjuicio del Estado Dominicano y los ciudadanos Manuel Adruany Uribe Peña, Reynaldo Emilio Mejía Mejía, José Lanieves Jiménez Mejía, Jorge Dauris Uceta Rodríguez, Rafael Antonio Rosario Báez, Sesarita Pérez Alcántara, victimas en el proceso.
Esto en violación de los artículos 265, 266, 139, 147, 148, 150, 151, 153, 154, del Código Penal Dominicano, el Artículo 2 de la Ley 137-03 sobre Tráfico ilícito de Migrantes y Trata de Personas y los Artículos 2.6, 2.11. 3.1, 3.3. De la Ley No. 155-17, contra Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.
Los encartados Pedro Antonio De Los Santos Nina y Richard Alexandro Martínez, fueron favorecidos con sentencias absolutorias por insuficiencia de pruebas.
El justiciable de Los Santos Nina, fue asistido en su medio de defensa por el abogado Fernando Peña Hernández, de la Oficina Nacional de la defensoría Pública, y Alexandro Martínez, por Ingrid Hidalgo, abogada privada.
El fallo del tribunal establece que las condenas sean cumplidas en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo-hombre, en la provincia San Cristóbal y el fallo comunicado al juez de la Ejecución de la Pena.