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Imponen prisión de un año a 10 hombres y garantías económicas a cinco mujeres imputados en presunta red tráfico de personas

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Actualizado el: 24 enero, 2021 - 12:34 PM (-04:00)

Por Julio Benzant
Santo Domingo Este.  Un tribunal de Atención Permanente, impuso un año prisión preventiva a 10 hombres y garantías económicas, visitas periódicas e impedimentos de salidas del país a cinco mujeres, imputados de integrar una presunta banda, que de acuerdo a las autoridades, se dedicaba al tráfico de personas hacia Estados Unidos y algunos países de  Europa.

La medida de coerción de prisión preventiva por un año les fueron impuesta a Rafael Senen Rosado Fermín (propietario de línea aérea Caribair), Christopher Tavares, Estanly Ramón Paulino de Jesús, Richard Alexandro Martínez Alcántara, Pedro Antonio de los Santos Nina, Cristian Alberto Garcés, Francis Rafael Guillén Portes, José Luis Núñez Paulino, José Antonio Duran Canela y Rubén Darío Báez Medina.

Mientras, garantías económicas de 100 mil pesos a través de una compañía aseguradora, visitas periódicas e impedimentos de salidas del país, les fueron impuestas a Dilia Isabel Rosado Jiménez, Katty Alexandra Urbáez Terrero, Bibiana Méndez, Jennifer Madelin Martínez Cruz y Lucitania Del Carmen Goris Abreus.

Las cinco mujeres imputadas, son empleadas de la Dirección General de Pasaportes, en la regional de Santo Domingo Este.

La imposición de medidas de coerción fue dictada por la jueza Dolores Galay de la Cruz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de este municipio.

Luego de la audiencia que prolongó por más de nueve horas, la jueza Galay de la Cruz, acogió la petición del ministerio público, y junto con las medidas coercitivas, acogió declarar el caso como complejo.

El grupo fue apresado por la Fiscalía de esta demarcación, luego de labores de investigación realizada desde octubre del 2019 por la División Especializada de Investigación de Delitos Migratorios (DEIDEM) y las denuncias formuladas por ciudadanos afectados.

De Acuerdo a la Solicitud de Medidas de Coerción, la supuesta red cometía la acción delictiva a través de los aeropuertos internacionales de Las Américas (AILA)  y Punta Cana, donde los acusados prometían llevar a las víctimas a Estados Unidos y Europa por diversas rutas.

Presuntamente, los encartados proveían a sus “clientes” de documentos falsos de los consulados de Estados Unidos, Costa Rica, Tórtola y países europeos, para posteriormente, trasladarlos desde República Dominicana a Estados Unidos, Francia, España, Eucrania, Alemania y otros países.

Para tales fines, según las autoridades, facilitaban pasaportes a los que tuvieran dificultad para obtenerlo por problemas de adulteración en sus huellas dactilares o por usurpar una identidad en el pasado.

De acuerdo a la Fiscalía, en coordinación con el personal de Pasaportes, los integrantes de la red emitían visas falsas para viajar a pequeñas islas a las que llevaban a los indocumentados en avionetas privadas, pasando incluso por los salones VIP de los aeropuertos.

Entre los lugares que eran trasladados como rutas-puentes en vuelos privados figuran Saint Thomas, Tórtola, Martinica, Costa Rica, Cuba y Nicaragua.

Indican que una vez en las islas, los indocumentados recibían visas estadounidense falsas y, en presunta combinación con inspectores de aeropuertos internacionales, lograban ingresarlos a territorio norteamericano.

La alegada red de trata de personas cobraba entre 3 y 17 mil dólares y entre 250 a 350 mil pesos dominicanos a cada viajero, de acuerdo a la acusación.

Según las autoridades, en presunta red criminal actuaban dueños de aerolíneas privadas como organizadores de viajes ilegales, así como personal de la Dirección General de Migración y de Pasaportes, quienes supuestamente se dedicaban a la falsificación de documentos de viajes, visas y franqueos en aeropuertos a través de los salones VIP.

El Ministerio Público dijo que la alegada red fue desmantelada durante 13 allanamientos simultáneos practicados bajo órdenes judiciales en las residencias de los imputados, en oficinas, laboratorios y centros de operaciones.

Durante los arrestos fueron ocupados de diferentes evidencias, como pasaportes, cédulas, suntuosos vehículos, múltiples equipos informáticos, máquinas laminadoras, guillotinas, cortadoras de plásticos y dinero en efectivo.

En su solicitud de medida de coerción, la Fiscalía acusa inicialmente a los imputados en violentar los artículos 139, 147,148, 150, 151, 153, 154, 265 y 266 del Código Penal Dominicano; el artículo 2 de la Ley 137-03 sobre Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, y los artículos 2.6, 2.11, 3.1 y 3.3, de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.

Los diez hombres que le fueron impuesto un año de prisión preventiva como coerción, deberán cumplirla en la Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo-Hombres, en la provincia de San Cristóbal.

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