Condenados cuatro imputados por proxenetismo y trata de personas en Boca Chica
Les fueron impuestas condenas de 10, 5 y 4 años de prisión.
Al acoger la solicitud de la fiscal Hazel Rosaly Gross Abad, adscripta al Departamento de Criminalidad Organizada de la Fiscalía de Santo Domingo Este, un tribunal impuso condenas de 10, 5 y 4 años de prisión a cuatro imputados encontrados culpables de proxenetismo y trata de personas en el municipio de Boca Chica.
La condenada a de 10 años de prisión es Iraisa Tavarez Marte, de 34 años de edad, domiciliada en la calle Manantial, sin número visible, en segundo nivel, sector Los Coquitos, en el municipio Boca Chica, en la provincia Santo Domingo.
Mientras a cinco años de prisión fueron condenados Ronald De Jesús Tavarez Tavarez y Pedro Antonio Tavarez Hernández, de 23 y 56 años de edad, respectivamente, residentes en Boca Chica y Santo Domingo Este.
En tanto, fue condenado a 4 años de prisión, Eleodoro De La Cruz Florentino (a) José, de 51 años de edad, domiciliado en la avenida Juan Bautista Viccini, casi esquina calle Elena Montaño, sin número visible, en el municipio Boca Chica.
Los encuentros sexuales por una hora tenían valor de dos mil pesos, las “Salidas” a US$150.00 dólares en adelante, de los cuales las mujeres recibían RD$3,500 pesos.
El grupo fue encontrado culpable de proxenetismo y lavado de activos, en perjuicio del Estado Dominicano.
La condena fue dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo.
De acuerdo a la acusación, desde el mes de junio del 2019, las autoridades iniciaron la investigación de un grupo delictivo organizado, dedicado obtención de beneficios económicos directos provenientes de la prostitución de una importante cantidad de mujeres en estado de vulnerabilidad.
En la investigación, se logra identificar que el centro de operaciones de esta red, funciona en el municipio Boca Chica, y que se encuentra liderado por Iraisa Tavarez Marte, la condenada a 10 años de prisión, una persona conocida en la zona como una reconocida Proxeneta.
La imputada Tavarez Marte, que habría vivido toda su vida a costa de la comercialización de la carne ajena, había sido arrestada y puesta a disposición de la justicia, y mediante la Resolución Núm. 581-2016-SACC-00232 de fecha 06 de junio de 2016, del Cuarto Juzgado de la Instrucción, que la declaró en Rebeldía.
En las investigaciones, se determinó que las actividades ilícitas, se escenifican en el interior del establecimiento comercial conocido como Casa Iraisa, ubicado en la calle Juan Bautista Viccini, casi Esq. Elena Montaño, en Boca Chica que habría operado durante años como una “empresa familiar”.
El referido establecimiento comercial se ocupaba de la acogida y recepción de mujeres, la cuales eran ofrecidas a terceros (“clientes”) para sostener relaciones sexuales a cambio de dinero, con una obligación de permanencia mínima de 15 días.
Los encartados, según la acusación, entregaban a los clientes los insumos para la actividad sexual (condones, sabanas, toallas, etc.).
Indican, que posteriormente registraban en cuadernos el monto recibido en el que también inscribían descuentos por concepto de multas derivadas de actos no permitidos como: tardanza en retornar al negocio, frente a salidas con clientes fuera de las instalaciones, oposición a usar tacones altos, etc., inscripción de descuentos por costos por alojamiento y comida dentro del local, entre otras acciones.
En el curso de la investigación fue confirmado que la ahora condenada, Iraisa Tavarez Marte, se mantenía como socia, junto con Alcibíades Tavarez (su ex pareja consensual y padre de sus hijos), de una empresa registrada bajo el nombre de Latin Quartes TT S.R.L, descrito como actividades hoteleras, discotecas y restaurantes.
Los encuentros sexuales por una hora tenían valor de dos mil pesos, las “Salidas” a US$150.00 dólares en adelante, de los cuales las mujeres recibían RD$3,500 pesos.
Si un guía conducía el cliente, este recibía mil pesos y reteniendo el negocio el 45 por ciento de los valores, a razón del cálculo y conversión en pesos dominicanos, del valor recibido.
Las “salidas de amanecida” eran doscientos dólares norteamericanos, de los cuales, una vez canjeados en pesos dominicanos, 5000 eran pagados a la trabajadora sexual, 2000 al guía y el resto para la casa, de acuerdo al expediente.
En la investigación se determinó que “Casa Iraisa”, no era más que centro de operaciones de proxenetismo y que se ha granjeado un patrimonio millonario, recibiendo beneficios directos de esta actividad, vinculada al lavado de activos.
La ahora condenada Iraisa Tavarez, de acuerdo a la Fiscalía, era la fundadora de Casa Iraisa y reincidente en la comisión de las conductas de Proxenetismo y Trata de Personas, con un estatus en Rebeldía desde el año 2016, lo que se desprende que la imputada, que conociendo las posibles consecuencias de las prácticas antijurídicas, las mantuvo.
Luego de realizados allanamientos simultáneos y arrestados los acusados de la estructura criminal, un juez Atención Permanente les impuso medidas de coerción de prisión preventiva por efecto de la Resolución penal número 530-2021-SMEC-01639 de fecha 31 de julio del 2021.
En el juicio, el tribunal compuesto Julio A. Aybar Ortiz (presidente), Ariella Cedano Núñez y Yuri Cuevas de la Cruz (miembros), encontró culpables a los encartados en violación de los artículos 265, 266 y 334 agravado por numerales 6 y 9 del Código Penal Dominicano, 1, 3 y 5 de la Ley 137-03 Sobre Trafico de Ilícito Migrantes y Trata de Personas.
También los Artículos: 1.7 3 A, B y C, 4 y 5 de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos y los Artículos 2.6, 2.11, 3.3, 4.10, 6, 7 y 9.2, de la Ley No.155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.
El tribunal ordenó el decomiso de todos el patrimonios mobiliario e inmobiliario, entre estos una casa de 20 millones, otra de 30 millones en donde funcionaba la casa de citas, un solar de seis millones de pesos, una casa en Villa Mella, 220 mil pesos en prendas, cinco vehículos, 150 mil pesos en efectivo, un apartamento en el residencial Vereda Tropical, entre otros inmuebles.
La imputada Tavarez Marte, señalada como la cabecilla y condenada a 10 años de prisión, deberá cumplir la condena impuesta en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo- mujeres, en la provincia San Cristóbal.