Por Juan Antonio Mateo Ciprian
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En cualquier Estado constitucional de derecho, la protección y garantía de los derechos humanos se convierten en bases legitimadoras del poder estatal y permiten la convivencia pacífica y justa. La República Dominicana, como firmante de numerosos tratados internacionales y con una Constitución que establece la dignidad humana como base del sistema jurídico, enfrenta el reto de dichas garantías. El presente trabajo responde a una pregunta obligada ¿Qué tal se encuentran los derechos humanos en este país? Al momento de describir los avances y desafíos en dicha realización.
Por ello, se debe establecer que, un Estado constitucional de derecho se caracteriza por la subordinación del poder público a la Constitución y por la supremacía de los derechos fundamentales. De lo anterior de desprender un concepto moderno de constitucionalismo que, según Ferrajoli, se caracteriza porque la vigencia de la norma ya no radica en la sola forma, sino también en el contenido, es decir, en su respeto y protección por los derechos fundamentales. En consecuencia, el poder estatal tiene límites infranqueables en la vida, la libertad, la igualdad, la no discriminación, la libertad de expresión, entre otros, de cada ser humano. La Carta de la ONU Derechos Humanos, aprobada en 1948, propone dicha limitación para garantizar una convivencia adecuada entre naciones y sus internos.
Asimismo, la Constitución de la República Dominicana de 2015 nombra, en su artículo 38, el derecho a la dignidad humana y el hecho de que “el Estado promoverá y garantizará el respeto, como fundamento del ordenamiento […] en la concertación del bienestar general”. Además, en su artículo 74, la Constitución enumera una serie de otros derechos fundamentales, entre ellos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
Igualmente, de los tratados internacionales, la Constitución también declaró que la República Dominicana ratifica la Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de San José y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros tratados internacionales “se consideran partes integrantes de la Constitución” y “tienen prioridad jerárquica respecto de las leyes ordinarias”. De manera similar, las disposiciones contenidas artículo 74.3, La Constitución estipula que estos tratados al ser parte del cuerpo normativo de la Constitución, se aplicará de manera directa en todo el territorio nacional, sin más requisito que la promulgación oficial.
Es oportuno acostar los avances en la protección de los Derechos Humanos en la República Dominicana en los últimos años, aunque temas como la brutalidad policial y el abuso de poder son problemas persistentes. Los grupos de derechos humanos han informado de casos de presuntas tortura, trato cruel e inhumano y ejecuciones extrajudiciales cometidas por oficiales de la policía. Sin embargo, esa situación ha mejorado significativamente de manera positiva, por ejemplo, en caso como la denunciada discriminación contra los ciudadanos de ascendencia haitiana y otras minorías persiste en la sociedad.
En este sentido, la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional que estatuyó precedente sobre el tema de la nacionalidad a miles de ciudadanos, nacidos en el país de padres extranjeros en situación irregular. La violencia de género es una violación frecuente de los derechos de las mujeres en la República Dominicana. De acuerdo con las estadísticas, en el país cada año fallecen decenas de mujeres a manos de sus cónyuges o ex pareja. La corrupción socava el Estado de derecho y dificulta la protección de los derechos humanos.
Asimismo, la falta de transparencia y responsabilidades facilita la impunidad que permite a los infractores de normativas quedar sin castigo, sumado a las dificultades para acceder a la justicia de algunos miembros de la sociedad es un derecho que sigue siendo difícil para la gente pobre y los que residen en provincias rurales remotas. La ausencia de abogados de las víctimas en igualdad de condiciones con la defensa de los derechos de los imputados por medio de la Defensoría Pública, así como cierto grado de apatía, corrupción en el sistema judicial y la inadecuada supervisión hacen comprimir el derecho complicado.
Si bien, la sociedad civil y los organismos internacionales también desempeñan un papel fundamental en la promoción y protección de los derechos humanos en la República Dominicana. “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, juegan un papel fundamental en la promoción y protección de los derechos humanos en la República Dominicana”. Ellos visitan el país, emiten informes y recomendaciones y brindan asistencia técnica al gobierno federal. Conclusiones y Recomendaciones En general, la República Dominicana ha logrado algunos avances en la protección de los derechos humanos, pero aún enfrenta importantes desafíos.
Asimismo, para garantizar el acceso a la justicia es de vital importancia asegurarse de que todos los ciudadanos tengan acceso a la justicia, incluidos los que viven en áreas rurales o que no pueden pagarlo. La protección y la garantía de los derechos humanos recae en el Estado, la sociedad civil y los Estados internacionales firmantes. Solo trabajando juntos, podremos construir una sociedad más justa, equitativa y digna en la República Dominicana, sien un Estado constitucional de derecho que ha asumido importantes compromisos en materia de derechos humanos al respecto de incluir principios fundamentales en su Constitución y ratificar tratados internacionales al respecto que estén vinculados con este ámbito. Estos avances legales son un paso decisivo para avanzar hacia un sistema jurídico orientado hacia la dignidad humana y la supremacía de los derechos fundamentales.
Sin embargo, existen obstáculos importantes en esta trayectoria, incluida algunas arbitrariedades del poder punitivo, la violencia de género y la falta de acceso equitativo a la justicia. Del mismo modo, la corrupción institucional y la falta de transparencia y desigualdad en el acceso a recursos judiciales son problemas persistentes. Dada la naturaleza de estos desafíos, resulta fundamental que la sociedad civil realista y las organizaciones internacionales sigan involucradas en la vigilancia, denuncia y propuestas. El respeto a los derechos humanos exige un compromiso continuado por parte de todo el Estado, reformas estructurales y una cultura de la equidad y la inclusión con la que preservar la justicia social.
