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Magistrada Kenya Romero impone coerción a exprocurador y demás imputados

Enviado por Dirección de Comunicaciones Poder Judicial
La jueza del Séptimo Juzgado de Instrucción y coordinadora de la Oficina de Atención Permanente, magistrada Kenya Romero, dictó este martes medida de coerción a los imputados en el caso núm. 127-2021 -SMDC -00902 y declaró el proceso como complejo.

La magistrada Romero impuso medida de coerción de 18 meses de prisión preventiva a los señores Jean Alain Rodríguez Sánchez, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, Javier Alejandro Forteza Ibarra y Alfredo Alexander Solano Augusto.

Las motivaciones de forma oral que tuvo la jueza para dictar la medida preventiva a Jean Alain Rodríguez se basaron en los parámetros de la existencia de riesgo de sustraerse del proceso, debido al alto perfil de la función institucional que anteriormente este desempeñaba como funcionario público.

Según la magistrada Romero, de tales funciones se “desprende posición de mando que pone en riesgo potencial la obstaculización de los medios de prueba”, por lo que los arraigos sociales y patrimoniales ofertados permiten identificar en estado de latencia las facilidades para sustraerse del proceso de cara al contexto planteado.

En el caso de Javier Alejandro Forteza Ibarra, “se desprende riesgo para los medios de prueba vinculados a su expertiz de técnico en el área de tecnologías de la información”.

Respecto a los demás privados de libertad en la medida de coerción, la jueza motiva que estos poseen las facilidades de sustraerse del proceso, situación que pondría en riesgo los medios de pruebas durante el desarrollo del mismo.

La magistrada Romero dictó prisión domiciliaria de manera preventiva al señor Rafael Antonio Mercedes Marte, así como a las señoras Altagracia Guillen Calzado y Jenny Marte, tomando en cuenta que no representan un riesgo en la investigación o los medios de prueba, ya que su acceso resulta precario, por lo que es posible se puedan presentar al proceso sujetos a una medida distinta a la solicitada.

En cuanto al señor Miguel José Moya, la jueza dictó garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica por este ser una persona identificable en los registros públicos y no representar una obstaculización de los medios de prueba.

 

 

R   E   S   U   E   L   V   E:

PRIMERO: Acoge como regular y válida en cuanto a la forma, la solicitud de imposición de medida de coerción presentada por el LICDO. WILSON MANUEL CAMACHO PERALTA, Procurador General adjunto, Titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativo (PEPCA),  conjuntamente con los fiscales MIRNA ORTIZ, LUISA LIRANZO, ANDRES MENA, MARINEL BREA, MIGUEL J. COLLADO, MELBIN ROMERO, ENMANUEL RAMIREZ, ERNESTO GUZMAN, MARIA MELENCIANO Y ELAINE ANDELIZ, en contra de JEAN ALAIN RODRIGUEZ SANCHEZ, JONATHAN JOEL RODRIGUEZ IMBERT, ALFREDO ALEXANDER SOLANO AUGUSTO, ALTAGRACIA GUILLEN CALZADO, JENNY MARTE PEÑA, JAVIER ALEJANDRO FORTEZA IBARRA, RAFAEL ANTONIO MERCEDES MARTE, MIGUEL JOSÈ MOYA, investigados por supuesta violación a los artículos 123, 124, 145, 146, 147, 166, 167, 174, 175, 177, 265, 266 y 405 párrafo del Código Penal Dominicano; que tipifican la coalición de funcionarios, falsedad en escritura pública, prevaricación, concusión, soborno, asociación de malhechores y estafa contra el Estado, los artículos  3, párrafo, de la Ley 712 de fecha 27 de junio de 1927 de junio de 1927 que modifica los artículos 171 y 172 del Código Penal (desfalco), artículos 2.11, 2.15, 2.26, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 7, 9.2 y 9.4 de la Ley 155-17 que instituye la Ley contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (que tipifican el lavado de activos, testaferrato y circunstancias agravadas del lavado), artículos 5, 6, 7, 9, 10 y 17 de la Ley 53-07 sobre Crimenes y Delitos de Alta Tecnología, que tipifican la alteración de códigos de acceso, acceso ilìcito, daño o alteración de datos y sabotaje en relación al  imputado Javier Alejandro Forteza, respecto al investigado Miguel Josè Moya, por presunta violación a las disposiciones de los artículos 265, 266, 405 párrafo del Codigo Penal Dominicano, artículos 2.11, 2.15, 2.26, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 7, 9.2 y 9.4 de la Ley 155-17 que instituye la Ley contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (que tipifican el lavado de activos, testaferrato y circunstancias agravadas del lavado) y complicidad en los delitos tipificados respecto a los demás personas imputadas, respectivamente en perjuicio del ESTADO DOMINICANO.

SEGUNDO: IMPONE a los ciudadanos JEAN ALAIN RODRIGUEZ SANCHEZ, JONATHAN JOEL RODRIGUEZ IMBERT, JAVIER ALEJANDRO FORTEZA IBARRA, Alfredo Alexander solano augusto, de generales que constan, la medida de coerción establecida en el numeral 7mo del artículo 226 del Código Procesal Penal, consistente en prisión preventiva por espacio de DIECIOCHO (18) MESES a ser cumplidos en el Centro Correccional y de Rehabilitación Najayo Hombres.

TERCERO: IMPONE a los ciudadanos ALTAGRACIA GUILLEN CALZADO, JENNY MARTE PEÑA, RAFAEL ANTONIO MERCEDES MARTE, las medidas de coerción contenidas en el artículo 226 del Código Procesal Penal, en sus numerales 2 y 6 consistentes en: A) Impedimento de salida del país sin previa autorización judicial; B) Arresto domiciliario en sus respectivas residencias identificadas en la glosa, por espacio de dieciocho (18) meses, respectivamente.

CUARTO: IMPONE al ciudadano MIGUEL JOSE MOYA, las medidas de coerción contenidas en el artículo 226 del Código Procesal Penal, en sus numerales 1, 2 y 4 consistentes en: A) Una garantía económica ascendente a la suma de un millon de pesos (RD$1,000,000.00) pesos dominicanos, en la modalidad de contrato, a través de una Compañía  Aseguradora dedicada a tales fines; B) Impedimento de salida del país sin previa autorización judicial; y C) La obligación de presentarse los días treinta (30) de cada mes, ante el Ministerio Público investigador, en este caso la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (PEPCA) una vez satisfecha la garantía económica impuesta, a menos que se encuentre detenido por otra causa.

QUINTO; ORDENA que la presente decisión sea remitida por ante el CUARTO Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Juzgado apoderado del control de la investigación.

SEXTO: Fija la revisión obligatoria de las medidas de coerción impuestas para el día que contaremos a MIERCOLES TRECE  (13) del mes de OCTUBRE del año dos mil veintiuno (2021).

SEPTIMO: DECLARA aplicables las reglas para asuntos complejos estipulados en las disposiciones de los artículos 369 y 370 del Código Procesal Penal.

OCTAVO: Ordena a la Secretaria la entrega de la presente resolución íntegra a las partes y a las autoridades del Modelo de Gestión Penitenciaria  y la Subordinación Nacional de Medio Libre, respecto a la medida l arresto domiciliario.

NOVENO: Informa a las partes que cuentan con un plazo de veinte (20) días para efectuar su derecho a recurrir la presente decisión a partir de la notificación, acorde a los artículos 245, 370.5 y 411 del Código Procesal Penal.

 

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