Trabajadores Dominicanos A La Deriva: Sin Defensa Frente Al Alza Constante De La Canasta Básica
Por Elso Milciades Segura Martínez
Secretario de Relaciones Laborales del PLD
En la República Dominicana, la lucha diaria por el sustento se torna cada vez más difícil para miles de trabajadores y trabajadoras, quienes ven erosionado su poder adquisitivo frente a una canasta familiar que no deja de encarecerse. Según el más reciente Informe de Situación Macroeconómica del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd), al cierre del primer trimestre del presente año, la canasta familiar nacional aumentó RD$146.09, alcanzando la cifra de RD$46,716.79.
Este aumento, aparentemente marginal, tiene implicaciones devastadoras para los trabajadores de menores ingresos, quienes, conforme al informe, perciben salarios muy por debajo del costo mínimo necesario para una vida digna. El ingreso laboral promedio en términos reales se situó en RD$21,667.00 al final de 2024, una cifra que no alcanza ni siquiera para cubrir la canasta básica del primer quintil (los hogares más pobres), cuyo costo fue de RD$27,943.51.
Esta brecha entre ingreso y costo de vida no es nueva, pero se agrava ante la ineficacia del Código Laboral dominicano para ofrecer mecanismos de protección frente al fenómeno inflacionario. La legislación vigente no contempla una fórmula automática de ajuste salarial que permita indexar los sueldos al ritmo del incremento de los bienes esenciales, lo que deja a la clase trabajadora en un estado de indefensión estructural.
Más alarmante aún es el hecho de que sectores como el agropecuario y el comercio —que agrupan a una gran proporción de trabajadores informales y de baja calificación— muestran los salarios más bajos del país: RD$13,402.40 y RD$18,506.00 respectivamente. Esta realidad contradice cualquier discurso oficial sobre crecimiento económico inclusivo.
Ante esta situación, se impone la urgencia de implementar una política de indexación salarial automática, que vincule los incrementos en el costo de la vida con ajustes periódicos y obligatorios en los salarios. Tal mecanismo permitiría preservar, al menos en parte, el poder adquisitivo de los trabajadores y mitigar los efectos del alza de precios en su calidad de vida.
El Estado, los legisladores y los actores del sector empresarial deben asumir su responsabilidad histórica y moral en este momento. La ausencia de una respuesta concreta y estructural sólo perpetúa la desigualdad y la precariedad en la que viven millones de dominicanos.
Pero también corresponde a los trabajadores y sus organizaciones sindicales levantar su voz. Es hora de luchar por una reforma que garantice la indexación salarial automática, no como una concesión, sino como un derecho humano básico. Un salario justo no puede depender de negociaciones esporádicas ni de la voluntad de sectores privilegiados; debe ser garantizado por ley, como parte esencial de un modelo económico realmente inclusivo.
La defensa del salario es la defensa de la vida. Y ante un sistema que permanece mudo frente a las necesidades del pueblo trabajador, el silencio ya no es una opción.