Por Freddy González
Ser demócrata no es una pose ni un atuendo desechable; es un accionar por convicción, un apego a principios y una ética democrática que respeta el derecho de los demás a disentir y que garantiza su participación en igualdad de condiciones.
La Constitución de 2010 dio rango constitucional a las organizaciones políticas del país. En el artículo 216 de nuestro ordenamiento jurídico se establece:
“La organización de partidos, agrupaciones y movimientos políticos es libre, con sujeción a los principios establecidos en esta Constitución”.
Su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y a la transparencia, de conformidad con la ley.
Sus fines esenciales son:
- Garantizar la participación ciudadana en los procesos políticos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia.
- Contribuir, en igualdad de condiciones, a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana, respetando el pluralismo político mediante la propuesta de candidaturas a cargos de elección popular.
- Servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de la sociedad dominicana.
Es cierto que los partidos son entidades privadas, pero desempeñan una función pública, regulada por la Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, cuya motivación fundamental es garantizar la democracia interna y la transparencia de sus actuaciones.
Contrariando el espíritu de nuestro ordenamiento jurídico, las organizaciones políticas, en sus diversas categorías, actúan de espaldas a estas disposiciones.
La violación al derecho fundamental de la ciudadanía a elegir y ser elegida mediante el voto personal, libre, secreto y directo, como lo establece el artículo 208, es una constante en las entidades políticas del país, bajo la engañifa de que los estatutos internos se lo permiten, olvidando que la Constitución está por encima de cualquier norma inferior.
Ese ejercicio de democracia interna ha sido sustituido por la repartición de cargos entre grupos hegemónicos o mediante la modalidad de asambleas de delegados, que cercenan el derecho de participación de sus afiliados.
Con este secuestro del ejercicio democrático, la llamada soberanía de las bases se convierte en un elemento meramente ornamental, sin aplicación real.
La renovación de las estructuras dirigenciales cada cuatro años, como lo establece el artículo 18 de la Ley 33-18, así como la escogencia de candidaturas mediante procesos democráticos, se ha convertido en una caricatura, donde la repartición sustituyó la competencia y el consenso a la convención.
Esta inversión de valores y principios ha llevado al sistema de partidos a un estado crítico. La situación se profundizó tras la muerte de tres grandes líderes del país: José Francisco Peña Gómez, Juan Bosch y Joaquín Balaguer, cuyas organizaciones dieron origen a partidos actuales como el PRM y la Fuerza del Pueblo (FP).
A pesar de que el país ha mantenido cierta estabilidad, crecimiento económico y ha reducido parcialmente la pobreza, la democracia interna de los partidos no ha avanzado al mismo ritmo.
Tenemos una democracia debilitada, fruto del sacrificio de generaciones que lucharon contra el retorno del trujillismo.
Sin embargo, estos avances no se reflejan dentro de las organizaciones políticas, llamadas a garantizar el fortalecimiento democrático.
Hoy, muchas organizaciones están peor que hace medio siglo. La ausencia de liderazgos sólidos ha dejado a los partidos en manos de intereses particulares, borrando diferencias ideológicas.
Actualmente, los partidos se distinguen más por colores y símbolos que por propuestas reales. En esencia, muchos actúan de forma similar.
El sistema de partidos avanza hacia un posible colapso, lo que pone en riesgo la democracia, ya que ambos son consustanciales.
El gran reto es claro: no se puede proclamar la democracia sin practicarla internamente. Toda acción que limite la participación política es perjudicial y debe ser erradicada.
La democracia se fortalece con más democracia.
Es necesario que las organizaciones políticas, en especial el PRM, reconozcan que sustituir la convención por el consenso debilita la unidad partidaria y afecta su permanencia en el poder.
No se debe contribuir al descrédito político, que ha incrementado el número de indecisos e independientes.
Debe prevalecer el principio:
“Que la convención sea la regla y el consenso la excepción”, como base para fortalecer la democracia interna y el sistema de partidos.
