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Abogados califican de ilegales acciones del Poder Judicial Dominicano

Santo Domingo Este. Al iniciar este miércoles 1 de julio la denominada “fase intermedia” del Plan de Continuidad de Labores Judiciales, abogados montaron una protesta frente al Palacio de Justicia en la Charles de Gaulle, calificando de ilegales las acciones dispuesta por el Poder Judicial Dominicano.

De acuerdo a los letrados, conglomerados en la Asociación de Abogados del Municipio Santo Domingo Este, las acciones realizada por el Consejo del Poder Judicial son, a su juicio, un “Atentado al Sistema de Justicia de la Republica Dominicana”

Nerin Pérez, vocero de los abogados protestantes, indicó que continuaran exigiendo la reapertura de modo presencial de los tribunales, cumpliendo los protocolos de cuidado establecido.

“El Poder Judicial aprovechó el estado de emergencia para imponer sistema virtual a todos los ciudadanos, siendo esto una en franca violación a la ley y la Constitución”, señaló.

Este miércoles 1 de julio, el Poder Judicial inicio de la fase intermedia de su Plan de Continuidad de Labores, habilitando todos los procesos judiciales en el país mediante el uso de herramientas tecnológicas, programando que la fase avanzada se inicie a más tardar el 29 de julio.

A partir de la fecha, todos los tribunales, a excepción de los Juzgados de Paz, estarán disponibles para conocer las solicitudes de los usuarios de forma virtual.

A continuación la declaración de los abogados protestantes

En el día de hoy estamos declarándolo como el día del “Atentado al Sistema de Justicia de la Republica Dominicana” por las ilegales acciones realizada por el Consejo del Poder Judicial.

Mediante el plan estratégico 20-24, celebrado por el consejo del poder judicial desde hace un año, establecieron en sus objetivos 1.4.1 la transformación de las audiencias y vista por vías virtuales, pero no han realizado y enviado al congreso la modificación de las normas para implementar dicho sistema.

Aprovecharon el estado de emergencia para imponer dicho sistema a todos los ciudadanos en franca violación a la ley y la constitución.

Hemos exigidos en otras manifestaciones la reapertura de modo presencial de los tribunales cumpliendo los protocolos de cuidado, excluyendo los empleados públicos vulnerables de sus instituciones, solo con las partes del proceso en los salones de audiencia y no han cumplido.

La ley de organización judicial establece en su artículo nueve la obligatoriedad de los jueces y empleados de los tribunales, de asistir puntualmente a sus respectivas oficinas. También plantea esta ley en su artículo diecisiete que las audiencias en los tribunales serán públicas, salvo en los casos que las leyes dispongan que deben celebrarse a puerta cerrada. Pero que todas sentencias deben ser pronunciadas en púbica audiencia.

 La ley 141-02, que crea la Corte de Apelación y varios tribunales en la provincia santo domingo, se creó dichas instituciones para conocer audiencias en los tribunales, no cada cual en su casa y de manera virtual, esta ley no ha sido modificada.

La Constitución en su artículo sesenta y cocho, establece como garantías de los derechos, la efectividad de esos derechos a través de los mecanismos de tutela y protección, que ofrecen a la persona la posibilidad de obtener la satisfacción de sus derechos, frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos.  Derechos estos vinculan a todos los poderes públicos.

El Artículo sesenta y nueve de la constitución, consagra la Tutela judicial efectiva y debido proceso, estableciendo que toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación:

1) El derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita; 2) El derecho a ser oída, dentro de un plazo razonable y por una jurisdicción competente, independiente e imparcial, establecida con anterioridad por la ley; 3) El derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada como tal, mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable;  4) El derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al derecho de defensa;  5) Ninguna persona puede ser juzgada dos veces por una misma causa; 6) Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo;

7) Ninguna persona podrá ser juzgada sino conforme a leyes preexistentes al acto

que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formalidades propias de cada juicio; 8) Es nula toda prueba obtenida en violación a la ley; 9) Toda sentencia puede ser recurrida de conformidad con la ley. El tribunal superior no podrá agravar la sanción impuesta cuando sólo la persona condenada recurra la sentencia; 10) Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

El artículo 311 del Código procesal Penal, establece en cuanto a la oralidad.  Que el juicio es oral. La práctica de las pruebas y, en general, toda intervención de quienes participen en él se realiza de modo oral. Durante su desarrollo, las resoluciones son dictadas, fundamentadas y explicadas verbalmente por el tribunal y valen como notificación a las partes presentes o representadas desde el pronunciamiento, lo que se hace constar en el acta de juicio. Quienes no pueden hablar o no pueden hacerlo de manera comprensible en español, formulan sus preguntas, observaciones y respuestas por Escrito o por medio de un intérprete, las cuales son Leídas y traducidas de modo que resulten entendibles para todos los presentes.

Si la víctima o el imputado, es sordo o no comprende el idioma español, el tribunal dispondrá que sea asistido por un intérprete con el objeto de transmitirle el contenido de las actuaciones de la audiencia.

El artículo 156 de la constitución dominicana establece las funciones del  Consejo del Poder Judicial, indicando que es  el órgano permanente de administración y disciplina del Poder Judicial y que tendrá las funciones: 1) Presentar al pleno de la Suprema Corte de Justicia los candidatos o candidatas para nombramiento, determinación de jerarquía y ascenso de los jueces de los diferentes tribunales del Poder Judicial, de conformidad con la ley;  2) La administración financiera y presupuestaria del Poder Judicial;  3) El control disciplinario sobre jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial con excepción de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia;  4) La aplicación y ejecución de los instrumentos de evaluación del desempeño de jueces y personal administrativo que integran el Poder Judicial;  5) El traslado de los jueces del Poder Judicial; 6) La creación de los cargos administrativos del Poder Judicial; 7) El nombramiento de todos los funcionarios y empleados que dependan del Poder Judicial;  8) Las demás funciones que le confiera la ley.

Así mismo la constitución en sus artículos 96, 112 y 113, establecen el procedimiento de cómo deben ser creada las leyes, cuales son orgánicas y ordinarias.

Ley del 28-11, del consejo del poder judicial, en sus artículos 3 y 8 le otorga atribuciones administrativa y disciplinaria de sus miembros y de manera particular Presentar al Pleno de la Suprema Corte de Justicia propuestas de proyectos de ley para el mejoramiento de la Carrera Judicial, los servicios judiciales o aspectos organizativos del Poder Judicial a los fines de ser sometidos al Congreso Nacional.

Este miércoles 1 de julio, el Poder Judicial inicio de la fase intermedia de su Plan de Continuidad de Labores, habilitando todos los procesos judiciales en el país mediante el uso de herramientas tecnológicas, programando que la fase avanzada se inicie a más tardar el 29 de julio.

A partir de la fecha, todos los tribunales, a excepción de los Juzgados de Paz, estarán disponibles para conocer las solicitudes de los usuarios de forma virtual.

 

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