Por María Estela de León
El sufragismo se consolidó como uno de los movimientos más trascendentales y desafiantes de los siglos XIX y XX, extendiéndose por diversos países y proclamando el reconocimiento de los derechos políticos y civiles de las mujeres. Este movimiento forma parte de la primera ola del feminismo y sentó las bases para el ejercicio de una ciudadanía plena. Honrar a las feministas que dedicaron sus vidas a esta causa implica también reconocer el origen de los derechos que hoy permiten a las mujeres participar activamente en la vida democrática.
Desde el reconocimiento del sufragio femenino en 1942, las mujeres dominicanas han ampliado su presencia en la vida política, aunque de manera lenta y desigual. Durante décadas no existieron condiciones democráticas efectivas ni candidaturas femeninas reales. A la fecha, la más alta posición alcanzada ha sido la vicepresidencia, ocupada por Milagros Ortiz Bosch, Margarita Cedeño y Raquel Peña. Esta trayectoria evidencia que, aunque las mujeres conquistaron el derecho al voto y han ganado espacios en la participación política, la representación plena en los más altos cargos del Estado sigue siendo una deuda pendiente.
Este recorrido, que se extiende por 84 años, tiene su origen en la lucha decidida de las sufragistas dominicanas, quienes reclamaron en las calles y en todos los espacios el reconocimiento del derecho al voto femenino. En aquel contexto, las mujeres no eran consideradas plenamente ciudadanas ni tenían capacidad electoral, por lo que no figuraban en el Registro Electoral. Sin embargo, ya en 1934 se celebró el denominado “Voto Ensayo”, en el que participaron 96,424 mujeres, manifestación clara del interés político de las dominicanas incluso antes del reconocimiento formal de sus derechos.
En el proceso electoral de 2024, 4,176,365 mujeres integraron el padrón electoral, representando el 51% del total. Asimismo, la participación femenina alcanzó 2,305,570 votantes, equivalente al 52%, lo que confirma el papel determinante de las mujeres en la dinámica electoral contemporánea.
Las reformas legales han sido determinantes en este proceso de avance. El primer hito fue el reconocimiento del derecho al voto en 1942. Décadas más tarde, tras una crisis política, la Ley Orgánica de Régimen Electoral No. 275-97 introdujo cambios significativos, incluyendo medidas de acción afirmativa como la reserva de un 25% de mujeres en las candidaturas plurinominales. Estas reformas no solo reconocieron formalmente derechos, sino que también impulsaron mecanismos concretos para ampliar la participación femenina.
Posteriormente, dicha ley fue modificada en su artículo 68 para elevar la cuota al 33% mediante la Ley No. 12-2000. El espíritu del legislador, respaldado por los compromisos asumidos en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, reconoció que el 25% resultaba insuficiente y no reflejaba el nivel real de participación de las mujeres en la sociedad. Esta reforma constituyó uno de los mayores impulsos a la representación femenina, lo cual puede evidenciarse tanto en datos empíricos como en análisis desde el derecho electoral.
En la misma línea, la Ley No. 13-2000 modificó el artículo 5 de la Ley No. 3455-52 sobre Organización Municipal, regulando la postulación a los cargos de síndico(a) y vice síndico(a). Aunque la paridad sigue siendo una aspiración pendiente, esta reforma posicionó en la agenda política y social el debate sobre la representación equitativa. Posteriormente, esta normativa fue derogada por la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, considerada una legislación avanzada que transversalizó la participación femenina e incorporó innovaciones importantes, incluyendo la perspectiva de género en los gobiernos locales.
Más recientemente, la Ley Orgánica de Régimen Electoral No. 15-19, que derogó la Ley No. 275-97 tras 22 años de vigencia, junto con la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y la posterior Ley No. 20-23, han fortalecido este proceso al establecer una cuota de género de entre 40% y 60% en las listas de candidaturas, aplicable tanto a mujeres como a hombres. Este avance representa un paso significativo hacia la equidad formal en la competencia electoral.
No obstante, el análisis de este conjunto de leyes, reformas y prácticas revela la necesidad de un mayor ejercicio de madurez por parte de la clase política, así como la construcción de nuevos consensos que permitan retomar diálogos pendientes entre los tomadores de decisiones, las organizaciones sociales y los colectivos de mujeres. Solo mediante estos acuerdos será posible avanzar hacia una democracia más inclusiva y representativa.
El Estado dominicano está obligado, conforme al artículo 39 de la Constitución, a garantizar la igualdad y la no discriminación. Son garantes de este mandato las instituciones públicas, los órganos electorales y la ciudadanía, llamados a crear las condiciones necesarias para que dicha igualdad sea real y efectiva. Esto implica no solo identificar las desigualdades y a quienes las padecen, sino también evitar que ese reconocimiento se limite a formulaciones teóricas sin impacto práctico.
Una democracia participativa, representativa e inclusiva exige visibilizar a las mujeres en todos los espacios de toma de decisiones. Su participación, ya sea mediante el ejercicio del voto, la gestión pública o la legitimación de los procesos democráticos, fortalece la institucionalidad y la calidad de la democracia. La representación, por tanto, no constituye una concesión, sino el resultado de una lucha histórica por el reconocimiento de derechos.
Finalmente, merecen especial reconocimiento las pioneras del movimiento sufragista dominicano: Abigail Mejía, Celeste Woss y Gil, Amanda Nivar de Pitaluga y Delia Weber, junto a todas las mujeres que respaldaron esta causa. En la República Dominicana, el Día Nacional de las Sufragistas se conmemora cada 16 de mayo, una fecha que invita a valorar esta conquista, proteger los derechos alcanzados y renovar el compromiso con la participación política de las mujeres.
Las mujeres ya están en el padrón, en las listas, en las urnas y en la vida pública.
¡Lo que falta es que estén, en igualdad de HECHO Y DERECHO!
