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Denuncian hacinamiento y violación de derechos en cárcel Fiscalía Violencia de Género

No tienen acceso a agua para bañarse, siendo evidente el hedor a orina y heces fecales en la pequeña celda.

Por Julio Benzant

Por Julio Benzant

Periodista- Ciudadoriental.com; el primer periódico en Internet de Santo Domingo Este. CONTACTO juliobenzant@gmail.com

 

Más de un centenar de hombres privados de libertad están en “un estado grosero hacinamiento” y en franca violación a sus derechos fundamentales en la cárcel-destacamento de la Unidad de Violencia de Género, Sexual e Intrafamiliar de la Provincia Santo Domingo, en el Ensanche Ozama, denunció la Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP), en esta demarcación.

En una comunicación, entregada a Ciudad Oriental, indican que miembros de la Comisión de Cárceles de ONDP, realizaron un levantamiento en esa cárcel, con el objetivo de corroborar el fallecimiento de un interno y verificar las condiciones en que se encontraban las personas privadas de libertad que pernota en dicha Fiscalía.

Indican que, al llegar a las instalaciones, encontraron un aproximado 200 personas privadas de libertad, en un estado grosero hacinamiento, por el espacio exageradamente reducido de la única celda de dicho destacamento, el cual que no tiene las condiciones para albergar detenidos.

De acuerdo a los Defensores Públicos, encontraron personas con hasta cuatro meses encerrados en dicho lugar, siendo juntados los recién llegados y los que aún no tienen medidas de coerción impuesta, con los que ya la tienen.

Indican que allí hay personas con un rango de 50 a 68 años de edad dentro de una celda con alrededor 100 personas en el interior.

También, que no tienen acceso a agua para poder bañarse, siendo evidente las legañas en ojos, hedor a orina y heces fecales al aproximarse a la pequeña celda.

Agregan que la celda es oscura, sin suficiente ventilación, los privados de libertad duermen en el piso, los mismo se distribuyen sentados y se rotan para poder movilizarse dentro del espacio de la celda, no siendo un lugar en lo más mínimo adecuado.

Señalan en su levantamiento, que existe distinción con algunos privados de libertad, puesto que una minoría es colocada en una celda superior con incluso un abanico y con acceso a otras oportunidades que no tienen los promedios de la primera celda.

Asimismo, otros son dejados fuera de la celda, en el pasillo, pese a estar en las mismas condiciones que los primeros susodichos. Lo que evidencia cierto tipo de coyunturas económicas, que le permite acceder a otros beneficios.

Señalan los Defensores Público, que el destacamento de la Fiscalía de Violencia de Genero está siendo utilizado como cárcel preventiva, sin tener las condiciones mínimas, ni el protocolo que rigen los recintos penitenciarios.

Dicen que, en esa cárcel, se encuentran los que aún están pendiente del conocimiento de medida de coerción y los que ya se le han impuesto medidas de coerción consistentes en prisión preventiva en diferentes centros penitenciarios ubicados en el territorio nacional; pero también se están aglomerando otros detenidos como los que se le ha suspendido el conocimiento de medida de coerción por diversas causales.

En relación al interno Omelin Terrero Montero, que murió en el interior de esa cárcel el 09 de mayo del 2024, indican que éste se encontraba en esas instalaciones no obstante habérsele conocido medida de coerción cinco días antes, al cual se le vulneró el derecho a la vida el hacinamiento, la falta de ventilación y demás deplorables condiciones del susodicho destacamento.

Las informaciones preliminares, establecen que interno Omelin Terrero Montero falleció de un infarto estando dentro de la celda del destacamento, no habiendo sido trasladado pese a que la resolución de la medida de coerción había sido ya notificada a la Fiscalía de Santo Domingo, señalan los Defensores Públicos.

La Comisión de Cárceles de Defensa Pública entiende que no ha operado diligencia por parte de los fiscales adscritos a la Unidad de Violencia de Genero, ya que para el ingreso de los internos a los centros de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales solo es menester que los mismos tengan la resolución de Medida de Coerción, que dispona la Prisión Preventiva.

Indicaron que muchos de los internos que fueron encontrados en Violencia de Género Sexual del Ensanche Ozama, tienen su resolución de medida de coerción emitida por parte de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, lo que, a su entender, es una falta gravísima que vulnera derechos y garantía fundamentales.

Señalaron, además, que los Centros bajo el mando de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, como es el caso del CPL en el poblado de San Luis, está estableciendo trabas para el ingreso de los Privados de Libertad, una cuestión que contribuye aún más a la vulneración de los Derechos Humanos.

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A entender de los denunciantes, es irracional el gran número de suspensiones por no traslado de los internos para el conocimiento de las medidas de coerción, lo que trae consigo las transgresiones a los derechos fundamentales los privados de libertad, derivándose violación a la integridad física, a la vida, a la salud, y la dignidad humana, deshumanizando la mirada del sistema de investigación y judicial nacional.

Indican que las suspensiones son justificadas por la Fiscalía en la falta de vehículos y la carencia de combustible para trasladar a los detenidos, presentándose esa misma causal los fines de semanas, tiempo en el que los vehículos deben encontrarse en disposiciones por la disminución de la carga laboral, lo cual, a su juicio, resulta exagerado.

Los Defensores Públicos llamaron a las autoridades de la Procuraduría General de la República y sus órganos de investigación disciplinaria, a que tomen medidas para superar las situaciones en la cárcel de la Unidad de Atención a Víctima de Violencia de Genero en el Ensanche Ozama, generados por el hacinamiento de los privados de libertad.

Indican que es denigrante practica y se le deben restituir los esos derechos fundamentales a los privados de libertad, tomando las medidas de lugar, tendentes a mejorar las condiciones de los detenidos, con miras de garantizar los derechos.

 

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