El costo  humano y económico de las deportaciones

Por Ramón Grullón
En mi calidad de ciudadano estadounidense de origen latinoamericano, me permito expresar mi profunda preocupación respecto a la actual política migratoria de la actual  administración, particularmente en lo que respecta a las deportaciones masivas que afectan a miles de migrantes, muchos de ellos provenientes de países de América Latina. Entiendo que la seguridad y el bienestar de la nación deben ser una prioridad, pero considero que es importante  revisar  estas deportaciones, adoptando una postura más reflexiva y humana.

En apena dos semanas las deportaciones masivas están generando un impacto negativo no solo para los inmigrantes que son enviados de vuelta a sus países de origen, sino también para la economía de Estados Unidos, que depende en gran parte de la mano de obra latina. Millones de inmigrantes indocumentados, muchos de ellos trabajando en sectores esenciales como la agricultura, la construcción y los servicios, desempeñan un papel esencial en la prosperidad del país. La expulsión de estos trabajadores podría crear un vacío en la fuerza laboral, lo que afectaría la productividad y el crecimiento económico de manera considerable. Los inmigrantes han sido un pilar en la creación de empleos, el consumo y la estabilidad económica. En lugar de contribuir al bienestar general, la retirada masiva de esta mano de obra podría resultar en mayores costos de producción, afectando negativamente la competitividad de diversas industrias.

Entiendo que la política de fronteras abiertas del gobierno anterior pudo haber causado serios problemas, tanto para el país como para los propios inmigrantes que ya residían en el territorio. No obstante señor presidente, le pido que se tome en cuenta la importancia de proteger a aquellos que ya están trabajando de manera honesta, contribuyendo al crecimiento y bienestar de este gran país. En este sentido le pido que se actúe con cautela y flexibilidad en los operativos migratorios. Incluso personas que residen legalmente en los Estados Unidos han sido detenidas erróneamente, y algunos latinoamericanos con visas de turismo y negocios (B1, B2) temen ahora viajar a este país, lo que refleja la confusión y el miedo generalizado.

Los países receptores de los deportados, principalmente en América Latina, también enfrentan enormes problemas. México, como el principal receptor de deportados, se ve constantemente bajo presión para gestionar el regreso de miles de migrantes. Otros países como Honduras, Guatemala, El Salvador y la República Dominicana también enfrentan enorme  dificultades para reintegrar a los deportados. Muchos de estos inmigrantes llegan en condiciones vulnerables, sin recursos, sin redes de apoyo y, en muchos casos, sin empleo ni vivienda. Las difíciles condiciones en estos países, marcadas por la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades, dificultan aún más su reintegración social y laboral. Además, el retorno masivo de migrantes ejerce una presión adicional sobre los sistemas de salud, educación y seguridad en estas naciones, lo que incrementa la inestabilidad social y económica.

Las deportaciones no solo afectan a los países receptores, sino que también tienen un gran costo humano. El trauma psicológico que sufren los deportados es considerable. Según informes de expertos, estos migrantes experimentan un quiebre en su vida cotidiana, que puede generar ansiedad, depresión y un sentimiento de marginalización. La separación de las familias también genera angustia emocional, y muchos deportados sienten que han perdido su identidad y su sentido de pertenencia. Además, deportar a personas que no tienen antecedentes criminales resulta en lo que muchos consideran un «daño colateral». La detención de personas que no han cometido delitos, simplemente por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, refleja la arbitrariedad de las políticas de inmigración actuales.

Se hace de urgencia  que tanto Estados Unidos como los países receptores implementen medidas que respeten los derechos humanos de los migrantes deportados. Se deben  implementar programas de reintegración, capacitación laboral y apoyo psicológico a aquellos que son deportados, para evitar que se conviertan en víctimas de la marginación y la exclusión. La eliminación de programas como el Parole, el TPS y el CBT One ha dejado a muchos inmigrantes sin protección legal, lo que agrava aún más su situación.

Señor Presidente, estoy seguro de que usted entiende la importancia de equilibrar la seguridad de la nación con un enfoque justo y humano en la política migratoria. Aunque es esencial proteger la frontera y asegurar que los individuos con antecedentes criminales sean deportados, le pido que se proteja también la parte humana de esta cuestión. Las deportaciones masivas están generando un daño económico y social tanto en Estados Unidos como en los países latinoamericanos. Es necesario revisar estas políticas de manera más profunda, para que se puedan aplicar deportaciones selectivas acompañadas de estrategias adecuadas para proteger los derechos de los migrantes y garantizar la estabilidad de las naciones involucradas.

Como un hombre de fe, sé que usted entiende el valor de la compasión y la justicia. Le pido que considere el costo humano y social de estas políticas y reevalúe su implementación. La deportación masiva sin una estrategia adecuada está perpetuando la crisis migratoria. Le insto a que, durante el 2025, detenga las deportaciones masivas y permita un estudio minucioso y objetivo de las políticas migratorias. Para el 2026, le sugiero que se reinicien las deportaciones selectivas, siempre con políticas que garanticen el respeto por los derechos humanos de los migrantes y la estabilidad de todos los países involucrados.