El Ministerio Público y el tribunal actuaron con crueldad contra víctimas del «Violador de Invivienda»

Por Manuel Soto Lara
Las condiciones miserables y deplorables en que se celebran las audiencias penales de medidas de coerción en un contenedor de metal en la provincia Santo Domingo y la falta de un protocolo de protección de víctimas de delitos sexuales resultó cruel ayer para la dignidad y la imagen pública de las víctimas de El Violador de Invivienda Santo Domingo.

Las víctimas de abusos sexuales y parientes cercanos vivieron momentos de angustia ante la inclemencia de las pertinaces lluvias, el asedio de la prensa, la mirada indiscreta del público y soeces comentarios de desaprensivos, mientras deambulaban en la calle del tribunal, sucia y mojada. No tenían donde guarecerse del agua inclemente ni como sustraerse de la publicidad.

Estas víctimas, entre su dolor y su vergüenza, se presentaron minutos antes de las nueve de la mañana, convocadas por el Ministerio Público, a la jurisdicción de atención permanente de Santo Domingo Este, donde se conocería medida de coerción a su verdugo, un psicópata depravado que, encañonándolas con un arma de fuego, abuso sexualmente de ellas.

Una vez en el tribunal fueron recibidas por las serpenteantes lluvias de la Tormenta Eta. No había un salón donde recibirlas. Ni una yagua donde guarecerse. Parecían gallinas mojadas en un patio de vecino. Una víctima embarazada se acariciaba el vientre prominente y descansaba su espalda contra la pared mojada.

En todo el entorno no había absolutamente nada donde guarecerse. En el único banco dispuestos en el pequeño zaguán del contenedor caía torrencial la lluvia y el espacio estaba abarrotado de personas. ¡Solo la cortesía y la sonrisa del teniente Pujols iluminaron alguna vez el rostro marchito de las víctimas! El mundo, indiferente, parecía darle la espalda en su desgracia!

Estas víctimas, desprotegidas e indefensas, con el nerviosismo ansioso del que espera volver a ver, cara a cara, a su temido verdugo, tuvieron que soportar, en plena calle y con la ropa mojada, las miradas estigmatizantes de los curiosos, soeces comentarios de desaprensivos y el asedio ávidos de la prensa.

A las dos de la tarde, las víctimas cansadas y sin comer, le atendió una jueza. Pero a esa hora no había donde celebrar la audiencia. No cabíamos en la caja de metal. Apenas los abogados, apiñados y algunos de pie, sin ningún tipo de distanciamiento anti Covid-19, llenamos el contenedor. Las víctimas permanecían fuera.

En tal situación, la jueza, de manera virtual, tal vez desde la comodidad de su casa, a esa hora, reclamó un salón más amplio en el edificio del tribunal. La secretaria le informó que todos estaban cerrados y que el personal que debía abrirlo, no se había presentado ese día a trabajar. Eso pareció normal. Era domingo 8 de noviembre, y afuera la tormenta serpenteaba.

Entonces el Fiscal, desde la distancia, apareció en un monitor y facilitó el comedor del Ministerio Público. Ahí fuimos los abogados, mientras las víctimas, arremolinadas, se enlataron en el contenedor del patio del Palacio Judicial.

Una vez los abogados en el salón, el mismo no tenía señal de internet para el conocimiento virtual de la audiencia y algunos teléfonos celulares estaban descargados. Nos arreglamos como pudimos. Pero ni las víctimas estaban con sus abogados ni los imputados tampoco. Estos últimos estaban en una carcelita a varios kilómetros al este del tribunal. Dice el Código Procesal Penal, para tutelar derechos, que deben estar al lado de sus abogados.

Es entonces cuando nos percatamos de que la medida no se va a conocer porque El Violador de Invivienda no tenía abogado particular y no quiere la asistencia de un defensor público. Desde las nueve de la mañana hasta pasadas las tres de la tarde para decirle eso a las víctimas.

La falta de conocimientos o la pérdida de sensibilidad humana sobre los lacerantes efectos psicológicos que este tipo de actividad criminal genera a las víctimas, explica la inexistencia, tanto por parte del ministerio público, de manera principal del que se presume especializado en la materia, como de los jueces en particular y del sistema de justicia en general, de un protocolo que evite este tipo de re victimización.

Tanto el ministerio público como la jurisdicción de servicios de atención permanente de Santo Domingo Este fueron negligentes. No tuvieron piedad con estas víctimas. Era fácil determinar temprano que la audiencia no se conocería por falta de abogado de un imputado. Era aún más fácil proveer un salón en el edificio a las víctimas, para que no se mojaran y para que no estuvieran expuestas al escarnio público.

Con su irresponsable indiferencia, estas instituciones, desprotegieron a estas infelices mujeres, las lanzaron a la publicidad, a la intemperie y al desamparo en plena calle junto a molestos parientes de su verdugo en cautiverio, quienes invocaban que este roba, pero no viola. Había que ver el miedo de las víctimas. ¡Como una ola, se movían, para marcar distancia, en la medida en que lo hacían estos quejosos!

Esto es apenas la antesala de un proceso. Ojala que en lo porvenir estas víctimas no tengan que sumar a la desgracia de su dignidad mancillada por el delito, la crueldad evitable del proceso.

Hay quienes no disimulan su descontento por la forma de las víctimas exigir justicia, pero los entes públicos obligados, desde su posición dominante, no deben hacerle venganza al que reclama justicia.

Por lo ocurrido, es evidente que constituye un reto para la virtualidad que la excesiva comodidad de los entes públicos llamados a tutelar derechos, los haga insensibles, por la distancia, a la desgracia de los usuarios del servicio judicial y de los desafortunados abogados.

La virtualidad, así concebida, sólo parece proteger del Covid-19 a jueces y fiscales. A nadie más. Acepto que puedo estar equivocado; pero soy del criterio que todos somos hijos de Dios.