Impunidad total: medios, ONGs y entes diplomáticos ocultan bendicen los delitos de lesa humanidad

Por Clodovaldo Hernández / LaIguana.TV
Los mecanismos de contención frente a los crímenes de lesa humanidad en las sociedades actuales son, básicamente, los medios de comunicación social, las organizaciones no gubernamentales y los entes diplomáticos multilaterales. Parecieran ser suficientes para garantizar un mundo en el que tales desafueros no se lleven a cabo impunemente. Pero resulta que no es así por una compleja razón: el capitalismo hegemónico global los controla a todos.

Entonces, en pleno siglo XXI, los pueblos observan estupefactos cómo los gobiernos de determinados países tienen carta blanca para matar, desaparecer, lesionar, torturar, reprimir desproporcionadamente, difundir doctrinas de odio racial, religioso o político sin que los medios informen, sin que las ONG denuncien y sin que los organismos diplomáticos multilaterales entren en acción. La impunidad absoluta.

Este cuadro implica que el mundo ha retrogradado unas cuantas décadas, pues incluso durante los terribles tiempos de las dictaduras del Cono Sur o de Centroamérica al menos había un sector importante de la prensa que informaba, hubo ONG valientes y realmente independientes que denunciaron y hubo organismos multilaterales que actuaron.

En tiempos neoliberales, de pensamiento único capitalista, los dueños del poder global entendieron que si querían apropiarse de todos los recursos naturales y de la fuerza de trabajo de los pobres, tenían que tener también el control de estos tres factores. De esa forma pueden ejercer su peculiar forma de autoritarismo sin contención alguna.

La mayoría de los medios de comunicación social, las ONG y los organismos diplomáticos multilaterales solo velan por los derechos de los seres humanos que se rebelan o manifiestan contra gobiernos que no son del agrado del poder hegemónico global del capitalismo, de la corporatocracia, como acertadamente se le ha llamado.

En tales casos incluso se exceden en esa función y llegan al extremo de darle legitimidad a hechos graves como intentos de golpe de Estado, magnicidios fallidos y linchamientos, solo porque fueron ejecutados por opositores, a quienes (contra toda evidencia) se califica de pacíficos y luchadores por la libertad y la democracia.

En pocas semanas, en medio de la ola de protestas que ha sacudido a América Latina ha quedado en evidencia que la defensa de los derechos humanos para la tríada medios-ONG-entes diplomáticos no es un principio moral, pues si lo fuera se aplicaría en todos los casos, sin discriminación alguna. Es, por el contrario, un arma de la guerra sucia.

En Chile, la represión ha sido sistemática, despiadada y solo comparable con la época más oscura de la dictadura militar. La prensa chilena y global dejó de informar, se dedicó a criminalizar a los manifestantes y a justificar la acción de los cuerpos de seguridad. Las ONG, tan diligentes respecto a situaciones similares en otras naciones, se muestran extremadamente cuidadosas, como si intentaran caminar sobre cáscaras de huevos. De los organismos multilaterales queda la vergüenza universal de la expresidenta chilena Michelle Bachelet, la misma que está dispuesta a emitir un alerta para advertir sobre hipotéticas violaciones a los derechos de los manifestantes en Venezuela, pero es incapaz de condenar con firmeza las tropelías perpetradas de manera contumaz por el gobierno neoliberal de su propio país. Es la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU volando muy, pero muy bajo.

La impunidad que provee esta triple alianza alcahueta es de tal magnitud que los funcionarios a cargo de la represión lucen guapos y apoyados. Por ejemplo, el oficial de Carabineros que justificó los asesinatos de manifestantes, al compararlos con el cáncer al que se erradica con quimioterapia. Si un oficial militar o policial venezolano o nicaragüense dijera algo parecido, los medios, las ONG y los entes diplomáticos no solo lo destrozarían individualmente, sino que presentarían su desparpajo como una justificación para el enjuiciamiento del presidente en una corte internacional o como el casus belli para una intervención militar extranjera.

Chile sería suficiente ejemplo, pero entonces surgió Bolivia, una nación en la que se han emprendido cacerías humanas de corte racista y religioso en medio de un golpe de Estado, contando con la complicidad de los medios, de las ONG y de los organismos diplomáticos.

En el altiplano se han caído muchas máscaras. Una de ellas es la de la libertad de prensa. El gobierno ha sido groseramente represivo con los comunicadores sociales, los ha amenazado públicamente, ha apresado a algunos y deportado a los extranjeros, todo ello con el visto bueno y hasta con la cooperación de los medios de la derecha y de sus periodistas.

Las ONG que escandalizan cuando ocurre un desplante racista en un estadio de fútbol europeo, por ejemplo, guardan silencio ante las expresiones supremacistas de la camarilla golpista boliviana, que va adquiriendo visos de genocidio. Las ONG que denuncian las discriminaciones por motivos religiosos se hacen las desentendidas ante una dictadura que pretende atribuir sus crímenes a la reivindicación de la Biblia.

Como colofón aparece el gobierno de Colombia, reprimiendo y sembrando falsos positivos para justificar crímenes de lesa humanidad, con la impunidad de quien se sabe el alumno favorito del Imperio. Allí l prensa global hace maromas para no contar la verdad, las ONG (salvo honrosas excepciones de activistas que arriesgan sus vidas) escurren el bulto y los entes diplomáticos, como la OEA, llegan al extremo de aplaudir la represión.

Día a día y país por país se demuestra que la tríada supuestamente llamada a contener la violación de los derechos democráticos está bajo el control de los mismos factores de poder que cometen tales delitos. Nunca mejor dicho: son zamuros cuidando carne.

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