Por Juan Mateo Ciprian
a corrupciónadministrativaes un fenómeno estructural que afecta negativamente al desarrollo institucional económico y social de la República Dominicana. Este artículo analiza la relación entre el enriquecimiento ilícito la corrupción y los daños a los servicios esenciales como la salud y la educación así como la seguridad jurídica y el clima de inversión y la libre competencia, elementos esenciales que se traducen en la pobreza, toda vez que estadísticas nacionales e internacionales demuestran cómo el desvío ilícito de recursos públicos deteriora los servicios esenciales y contribuye a la vida , ,profundización de la desigualdad social, ,y económica.
Por ello resulta un hecho no controvertido que los verdaderos daños de la corrupción recaen sobre los ciudadanos, , mas vulnerables, cuyo bienestar y acceso a los servicios esenciales se ven afectados por la mala gestión y la impunidad Se argumenta que la transparencia, la auditoría institucional y la cultura ética deben fortalecerse. La corrupción administrativa es uno de los principales desafíos para la democracia y la economía en la República Dominicana. Además, del enriquecimiento ilícito de los actores políticos y sus allegados, los costos sociales de la corrupción se evidencian en la falta de servicios públicos y la profundización de la pobreza. “La corrupción tiene un impacto negativo en el crecimiento económico, la inversión extranjera, la seguridad jurídica y la economía de mercado (Banco Mundial, 2023; CEPAL, 2022)”..
Igualmente, el enriquecimiento ilícito es un elemento saliente en la corrupción República Dominicana en la posición 108 de 180 países, y el índice de la misma organización especializada ubica al país en el lugar 106 de igual cantidad de naciones. Además, sitúa al país con 3.65/10, indicando serias debilidades en el control institucional, en la independencia judicial y en los mecanismos de supervisión.
Asimismo, los empresarios también se benefician de la corrupción coloca a la mediante la manipulación de licitaciones, pagos de comisiones ilegítimas o la creación de empresas de papel. Esto disminuye los incentivos de eficiencia; el círculo del poder crea condiciones para la generación de privilegios indebidos.
En este contexto, estas acciones ilegítimas son puentes expeditos para la pobreza más profunda y el menoscabo de los servicios sociales más esenciales. Asimismo, el costo de la corrupción en el implacable enfrentamiento del país con la pobreza es igualmente devastador. La CEPAL estima que entre el 2% y el 5% del Producto Interno Bruto de los países con instituciones débiles se “convierte” en corrupción. Teniendo en cuenta este cálculo, en 2022 la República Dominicana perdió entre 3000-7500 millones de dólares con un presupuesto anual de 15,772 millones. Para tener una idea, la innovación educativa propuesta por GRUPO AKRA en las Reservas es de 225.5 millones de dólares.
Por su parte, estudios recientes también demuestran que el 23% de los hospitales pasaron un año entero sin insumos necesarios, debido a la falta de presupuesto que es suficiente para abastecer a los hospitales, lo cual a su vez, limita la oportunidad de tratamiento.
Asimismo, la educación es una de las áreas más afectadas por este flagelo, la corrupción, incluso más rápido. En este sentido, se muestra que hasta un 20% del presupuesto educativo mundial se “esfuma” debido a la corrupción. En República Dominicana, esto significa 4% del PIB, ha resultado en pérdidas suficientes para armar varios cientos de aulas y laptops. Sin embargo, informa que más del 40% de las familias pobres dependen de agencias gubernamentales.
En este contexto, el Banco Mundial afirma que la corrupción disminuye la inversión extranjera directa en un 5 a 20 %. Otra consecuencia colateral importante se dio por el hecho de la cantidad de situaciones de pagos extras, tramitología corrupta y decisiones de administración que no permiten a las empresas serias operar en el mercado. “De acuerdo con el informe Doing Business, a través del Banco Mundial, más del 40% de las empresas en la república describen la corrupción como el principal obstáculo para operar de forma jurídica, lo que produce costos más elevados, incentivos distorsionados y un terreno de juego poco competitivo”.
Por ejemplificar un caso: el Foro Económico Mundial coloca al país en una posición alta en lo que refiere a competencia en adquisiciones públicas. Al percibir que su adjudicación está limitada esencialmente a familias incumbentes, se distorsionan las posibilidades de ingreso de nuevos agentes y luego se forman monopolios artificiales sobre ciertos precios en desmedro de la calidad y la diversificación. Según una investigación del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, esta clase de colusión público-privada puede estar produciendo pérdidas del 1.5% del total del producto interno bruto. A través de la encuesta nacional de fuerza del trabajo se puede confirmar que son, entre los adultos, 1,3 millones los que trabajan en la informalidad extrema, pendientes sustancialmente del estado y de su servicio de salud, alimentación, transporte y educación.
La corrupción administrativa en la República Dominicana es un fenómeno estructural que no solo se limita al terreno legal, sino que también impacta directamente el desarrollo social, económico e institucional del país.
Como un mecanismo de corrupción, el enriquecimiento ilegítimo personal de los funcionarios y la alianza con empresarios despoja no solo la propiedad en sí misma, sino que también aporta al abuso de la percepción de las funciones de gobierno y de los intereses generales y particulares, incentivando una elevación masiva del apetito de este último.
Como se detalló anteriormente, esta corrupción incrementa los niveles de pobreza y desigualdad social al limitar el capital fiscal disponible para áreas como la sanidad, educación, subsidios mínimos, etc., en los que la ausencia de estos derechos puede perpetuar un régimen crónico de relativa vulnerabilidad para aquellos individuos más desprotegidos.
En conclusión la corrupción administrativa pone en peligro la estabilidad jurídica y crea incertidumbre para futuras inversiones y sostenibilidad de las economías, generando un clima de incertidumbre sobre los servicios básicos que el Estado debe garantizar a los ciudadanos y, sobre todo, afecta el desarrollo competitivo y un impulso a las inversiones extenuantes. Por tales motivos, el combate a la corrupción administrativa debe abordarse con una combinación de sanciones, desarrollo institucional, transparencia y control social adecuado.
