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Manuel Jiménez firma contrato por más de 4.5 millones de pesos anuales con una persona que no está registrada como proveedora del Estado

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Actualizado el: 25 febrero, 2021 - 1:04 PM (-04:00)

Por Robert Vargas
El alcalde del municipio Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, ha firmado un contrato de alquiler de un local por el que el Ayuntamiento se obliga a pagar anualmente  RD$4,602,000, a una persona que no sería suplidora del Estado, según queda en evidencia en el documento, que fue entregado la pasada semana al Concejo de Regidores para su aprobación.

El contrato fue suscrito el día 16 de julio de este año 2020, entre Jiménez, quien actuó en nombre del ASDE, y la propietaria del local, Elba Maritza Sánchez de Mejía.

En el preámbulo del contrato no queda establecido por ninguna parte que Sánchez de Mejía esté inscrita en el Registro de Proveedores del Estado, condición necesaria para todo aquel que quiera hacer negocios con el Estado, a cualquiera de sus niveles.

Por el inmueble, que será usado para establecer una extensión en Santo Domingo Este de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Jiménez acordó pagar la suma de RD$975,000.00 más RD$175,500.00 por concepto de ITBIS cada tres meses.

Esto equivale a RD$4,602,000.00 cada año, con una penalización de 5% por ciento en caso de atraso de al menos cinco días después de la fecha establecida para hacer el pago trimestral.

Llama la atención que el alcalde ha suscrito ese acuerdo millonario, pactado a cuatro años, sin que la propietaria del establecimiento sea Suplidora del Estado, como lo reclama la Ley de Contrataciones Públicas.

Otro detalle que llama la atención es que  en el contrato suscrito por Jiménez a espaldas del Concejo de Regidores, se establece que el depósito inicial de  975 mil pesos recibidos por la propietaria sería usado íntegramente por esta para reparar el local.

Sin embargo, está establecido por la legislación que el dinero del depósito por concepto de alquiler de los inmuebles debe ser derivado al Banco Agrícola de la República Dominicana, pero en este caso, Jiménez y Sánchez Mejía se pusieron de acuerdo para saltarse ese requisito.

Tras observar esos detalles, el Concejo de Regidores reclamó que la propietaria del establecimiento se registre en la Dirección General de Impuestos Internos y luego cumpla con el requisito de estar registrada como Suplidora del Estado.

A pesar de esas observaciones, los concejales aprobaron el alquiler de manera “condicional”.

No está claro si la Dirección General de Contrataciones Públicas prestará atención a este contrato millonario suscrito por Jiménez en nombre del ASDE con una persona que no estaría registrada en la DGII como persona física ni jurídica y que no sería proveedora del Estado.

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