
Por Wilson Collado
Como dominicano, no puedo quedarme callado ante la reciente declaración del sacerdote Norberto Rosario, director del colegio católico en el Factor, provincia María Trinidad Sánchez quien anunció que no permitirá que estudiantes con afros, rayas en las cejas o cortes considerados “desordenados” ingresen al plantel en el próximo año escolar. Desde mi perspectiva, esta medida no solo es profundamente discriminatoria, sino que también constituye una clara violación de los derechos fundamentales de los estudiantes, y tengo que mencionar el artículo 39 de nuestra constitución, que establece un marco claro contra la discriminación, incluyendo por motivos de color o condición personal, lo cual debe aplicarse a la estigmatización de los afros, así como el artículo 12 de la ley 136-03, reforzando el derecho a la identidad cultural de los menores, lo que incluye expresiones como los peinados.
Lo chocante de esto es que en un país como la República Dominicana, donde la herencia afrodescendiente es un pilar esencial de nuestra identidad, prohibir afros es mucho más que una simple regla escolar: es un acto que perpetúa el racismo estructural y estigmatiza una expresión cultural legítima. Los peinados no son solo una elección estética; son un símbolo de orgullo, resistencia y conexión con nuestras raíces africanas. Decir que son “desordenados” es una afrenta directa a nuestra historia y a quienes abrazamos con orgullo nuestra identidad.
El padre Rosario, en su intento de imponer disciplina, ha cruzado una línea al señalar un rasgo cultural como algo inaceptable. Esta postura envía un mensaje peligroso a los estudiantes: que su apariencia natural, su esencia, no es bienvenida en un espacio educativo que debería ser inclusivo. Como dominicano, me duele ver cómo una figura de autoridad, en una provincia que lleva el nombre de una heroína como María Trinidad Sánchez, promueve una política que contradice los valores de libertad y justicia por los que ella luchó.
No hay dudas de que esta medida viola derechos fundamentales. La Constitución dominicana y las normativas del Ministerio de Educación garantizan la no discriminación en los espacios educativos, y rechazar a estudiantes por su apariencia es una clara transgresión de estos principios. Las autoridades educativas deben intervenir para garantizar que el colegio revoque esta medida y adopte un enfoque que celebre la diversidad en lugar de reprimirla. Los estudiantes, padres y activistas locales deben alzar su voz, ante esta medida que refleja el autoritarismo eclesiástico imperante en algunos sacerdotes.
La provincia María Trinidad Sánchez, nombrada en honor a una mujer que dio su vida por la libertad, no debería ser escenario de políticas que marginan y excluyen. La lucha de María Trinidad Sánchez fue por una nación donde todos tuviéramos un lugar, sin importar nuestras diferencias. Prohibir los afros no es solo un ataque a los estudiantes; es una contradicción al legado de nuestra heroína.
Hago un llamado al padre Rosario y a las autoridades de la institución para que reconsideren esta medida. Escuchen las voces disidentes, reconozcan el daño que estas declaraciones podrían causar y trabajen para crear un entorno escolar que valore la diversidad. A todos aquellos que en algún otro lugar estén pasando por la misma situación, los invito a unirse y utilizar las redes sociales para exigir respeto por nuestra identidad cultural.
No necesitamos un tribunal para saber que esta medida es injusta. Pero si voluntad para construir una comunidad educativa que refleje lo mejor de nosotros: nuestra riqueza cultural, nuestra historia y nuestro compromiso con la igualdad.
