Por Juan Lopez
De conformidad con la constitución vigente, cada 5 años, el 7 de febrero se debe juramentar el
presidente electo. Esa es la razón por la que el ex senador y ex golpista Guy Philippe, contando con
una “fuerza de revoltosos” que le siguen, anunció que la “revolución” llegará a Puerto Príncipe, el
próximo 7 de febrero para formar un nuevo gobierno y derrocar al primer ministro Ariel Henry que,
desde el 2021, encabeza gobierno de facto.
Previamente, Philippe ha realizado varias acciones de protestas violentas y también amenazó con
una huelga general para los días 29, 30 y 31 de enero que no concitó el respaldo que esperaba, por
lo que esa intentona fracasó. Pero, la amenaza de la “revolución para tomar el gobierno, el 7 de
febrero, se mantiene.
Esa beligerante actitud de Guy Philippe, quien recientemente cumplió una condena de cinco años,
en EE.UU, por corrupción y narcotraficante, es más “gasolina al fuego” que tiene ardiendo a la
vecina república de Haití. La aguda crisis que padece, como producto directo de las bandas de
delincuentes armados que controlan gran parte del territorio haitiano, después del 7 de julio del
2021, cuando se produjo el magnicidio del presidente Jovenel Moïse.
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Como se sabe, Haití es el país más empobrecido del hemisferio occidental, el de mayor corrupción,
con las más altas tasas de analfabetismo, de desempleo y de insalubridad del continente. También
es el país sin gobernante legítimo ni congreso desde hace más de tres años. Es un verdadero Estado
fallido con una profunda crisis económica, social y política.
A este tétrico panorama se le agrega el indolente comportamiento de las élites políticas,
empresariales e intelectuales, totalmente incapaces de ponerse de acuerdo para organizar un
proceso electoral democrático, equitativo y transparente para escoger nuevas autoridades.
Los “orgullosos líderes haitianos” esperan solucionar sus gravísimas crisis en los insistentes
pedimentos ante la comunidad internacional, en especial, las intervenciones de la ONU, OEA,
EE.UU, Canadá, Europa y las masivas emigraciones de su población a países de la región y muy en
particular hacia la República Dominicana (RD).
También esperan que la intervención multinacional, autorizada por la ONU, que liderará con
militares de Kenia, asumiera el enfrentamiento contra las bandas delincuenciales para el desarme y
pacificación del territorio, y luego preparar, en un tiempo prudente, las condiciones para elegir
nuevas autoridades.
Sin embargo, la amenaza y radical actitud de “la revolución” de Guy Philippe para instaurar un
nuevo gobierno, este 7 de febrero, y la confrontación que tiene el gobierno de Kenia con la justicia
que paralizó el envío de militares, ensombrece los propósitos de la comunidad internacional a
través de la ONU e induce al agravamiento de la crisis hasta el posible estallido de una sangrienta
guerra civil, de consecuencias imprevisibles para Haití.
Lamentablemente, las bandas armadas, laS decenas de partidillos, las confrontaciones raciales, las
incongruencias entre los grupos de las élites económicas e intelectuales, incapaces de construir un
consenso para solucionar sus gravísimas crisis mediante un proceso democrático que les permita
seleccionar, pacíficamente, sus nuevas autoridades.
Esta reflexión es una ferviente exhortación al pueblo y gobierno dominicanos a estar alerta y muy
atentos a esos peligrosos enfrentamientos que, sin ser alarmistas, tienden a degenerar en una
sangrienta guerra civil en la vecina república de Haití, lo cual atentaría contra la paz social y
estabilidad económica y política de los países de la región y, muy en especial para la RD.
