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Declaración de Eddy Olivares, exmiembro de la JCE, sobre el uso de los programas sociales para fines electorales

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La vicepresidenta, Margarita Cedeño, arrastrada por la desesperación que afecta al gobierno y a su partido ante su inminente derrota en las elecciones del 5 de julio, ha convertido el Gabinete de Políticas Sociales en un instrumento de campaña, en franca violación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral No. 15-19.

En ese sentido, la candidata a la reelección vicepresidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Margarita Cedeño, mediante un discurso de campaña, disfrazado de institucional, utilizando el Palacio Nacional y sus mecanismos de divulgación, se dirige cada semana a la nación, en ocasión de la pandemia, para promover la entrega de las ayudas sociales, como si estas fueran producto de la generosidad suya y de su organización política.

Sin lugar a dudas, la instrumentalización con fines electorales de los programas de ayudas sociales, así como la manipulación a los beneficiarios, por parte de la candidata a la reelección vicepresidencial, constituye un atentado contra los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas, consagrados en el párrafo IV del artículo 212 de la Constitución de la República.

Desnaturalizar los programas de ayudas sociales, para ponerlo al servicio de los intereses electorales de la responsable de su implementación, es un atentado inhumano contra la dignidad de los más necesitados del pueblo.

Con el objeto de impedir este tipo de comportamiento la ley dispone la suspensión en sus funciones de los funcionarios que son postulados a cargos de elección hasta después de las elecciones, excepto los que ocupan cargos electivos, como es el caso de la candidata a la reelección vicepresidencial por el PLD, con la condición de cumplir lo dispuesto en el artículo 139, párrafo II, de la Ley Orgánica del Régimen Electoral, que establece lo siguiente: “Se exceptúan de estas disposiciones los postulados a tales cargos que, al momento de la aceptación de su candidatura, ocupen cargos electivos. Pero no podrán prevalerse de su condición en actos públicos o ante los medios de comunicación para no crear desigualdad frente a los demás candidatos”.

No obstante, lo que debería hacer la vicepresidenta es desligarse del Gabinete de Políticas Sociales hasta el día después de las elecciones.

El comportamiento inadecuado de la vicepresidenta, Margarita Cedeño, nos obliga a recordarle que, además, el párrafo I del artículo 196 de la referida norma, prohíbe el uso electoral de sus funciones, al disponer lo siguiente: “No podrán utilizarse las instituciones u órganos del Estado para desde ellos promover candidatos o partidos a cargos de elección popular”.

Para que no quepa la menor duda, el párrafo III del mencionado artículo establece lo siguiente: “Los funcionarios públicos que administran recursos del Estado, no podrán prevalerse de su cargo, para desde el realizar campaña ni proselitismo a favor de un partido o candidato. Tampoco podrán hacer uso de las áreas físicas y espacios, así como de los instrumentos, equipos, materiales y personal que pertenecen a la institución u órgano del Estado a la cual prestan su servicio”.

Frente a este comportamiento, que atenta contra la integridad del proceso electoral, la Junta Central Electoral está obligada, por mandato del artículo 212 de la Constitución Política, a llevar a la legalidad a la vicepresidenta y candidata a la reelección, Margarita Cedeño, para garantizar que el actual proceso electoral se realice con sujeción a los principios de libertad y equidad.

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