Por Wilson Collado
n las últimas semanas, Nepal ha captado la atención internacional por una decisión drástica: el bloqueo de 26 plataformas de redes sociales, incluyendo gigantes como Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube y X. Esta medida, implementada desde el 4 de septiembre de 2025, responde a una directiva del gobierno nepalés que exigía a estas plataformas registrarse localmente, establecer oficinas en el país y cumplir con regulaciones estrictas sobre moderación de contenido, manejo de quejas y protección contra delitos cibernéticos. El argumento oficial es que estas restricciones buscan frenar la desinformación, el discurso de odio y el cibercrimen. Sin embargo, el costo ha sido alto: un impacto devastador en la libertad de expresión, el comercio digital y la comunicación cotidiana de millones de nepaleses. ¿Podría la República Dominicana, con su creciente interés en regular los medios digitales, encaminarse hacia un escenario similar? Analicemos con un lente crítico lo que sucede en Nepal y las señales de alerta en nuestro propio patio.
El gobierno de Nepal, respaldado por una orden de la Corte Suprema, justificó el bloqueo de estas plataformas por su falta de cumplimiento con la Directiva de Regulación de Redes Sociales de 2023. Según las autoridades, plataformas como Meta (propietaria de Facebook e Instagram) y Alphabet (YouTube) ignoraron reiteradas solicitudes para registrarse y nombrar representantes locales que respondan ante las leyes nepalesas. El ministro de Comunicación e Información, Prithvi Subba Gurung, afirmó que “se les dio tiempo suficiente” para cumplir, pero la respuesta fue el silencio de las grandes tecnológicas. Como resultado, el 4 de septiembre, la Autoridad de Telecomunicaciones de Nepal (NTA) ordenó a los proveedores de internet bloquear el acceso a estas plataformas, afectando no solo la comunicación personal, sino también negocios, creadores de contenido y la economía digital en general.
En un país donde las redes sociales son esenciales para conectar a la diáspora nepalí, promover el turismo y sostener pequeños negocios, la prohibición ha generado caos. Los creadores de contenido, que apenas comenzaban a monetizar sus plataformas en Nepal, han perdido ingresos. Las empresas que dependen de la publicidad digital enfrentan obstáculos operativos, y el sector de TI teme que esta medida aleje a inversores extranjeros, afectando la imagen de Nepal como un destino atractivo para la tecnología. Organizaciones como el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Nepal han alzado la voz, denunciando la medida como una forma de censura que viola derechos fundamentales y amenaza la democracia.
En la República Dominicana, aún no hemos llegado a un escenario tan extremo como el de Nepal, pero las señales de alerta están presentes. El gobierno dominicano ha mostrado un interés creciente en regular los medios digitales, a menudo bajo el argumento de combatir la desinformación y proteger la “moral pública”. Propuestas como la Ley de Publicidad Digital o iniciativas para monitorear contenido en redes sociales han generado preocupación entre periodistas, activistas y ciudadanos. Estas medidas, aunque presentadas como esfuerzos para ordenar el ciberespacio, podrían abrir la puerta a restricciones que limiten la libertad de expresión y el acceso a la información.
Imagina por un momento que el gobierno dominicano decide replicar el modelo nepalés, exigiendo que plataformas como WhatsApp o Instagram se registren localmente y nombren representantes legales en el país. ¿Qué pasaría con los pequeños negocios que dependen de estas plataformas para vender sus productos? En un país donde el comercio informal y las pymes son el motor de la economía, un bloqueo de redes sociales sería devastador. Los dominicanos que trabajan en el extranjero y usan WhatsApp para mantenerse en contacto con sus familias enfrentarían barreras emocionales y prácticas. Los creadores de contenido, desde influencers hasta medios independientes, perderían sus plataformas de difusión, silenciando voces que a menudo desafían las narrativas oficiales.
El gobierno de Luis Abinader, aunque se presenta como moderno y progresista, no está exento de críticas por su manejo de la libertad de prensa. Casos como la presión sobre medios independientes o la vigilancia de activistas en redes sociales sugieren una incomodidad con las críticas abiertas. Si bien no hay evidencia de un plan inminente para bloquear plataformas, la retórica oficial sobre la necesidad de “regular” el contenido digital podría evolucionar hacia medidas más draconianas si no se ejerce una vigilancia ciudadana activa. En Nepal, la excusa fue la “desinformación” y el “cibercrimen”; en la República Dominicana, términos como “fake news” o “contenido inapropiado” podrían servir como caballitos de batalla para justificar restricciones similares.
Es crucial mirar más allá de las justificaciones oficiales. En Nepal, la regulación de redes sociales parece responder menos a preocupaciones legítimas sobre seguridad y más a un deseo de controlar el discurso público. La ausencia de un organismo regulador independiente, como señala el Centre for Law and Democracy, es una bandera roja. En la República Dominicana, cualquier intento de regular los medios digitales debe ser escrutado con el mismo rigor. ¿Quién decide qué es “desinformación”? ¿Quién supervisa a los supervisores? Sin una autoridad independiente y transparente, cualquier regulación corre el riesgo de convertirse en una herramienta de censura.
Además, el caso de Nepal expone la hipocresía de algunos gobiernos que, mientras predican la modernización, adoptan medidas que frenan el progreso. Nepal aspira a graduarse de la categoría de país menos desarrollado en 2026, pero sus restricciones digitales están alejando a inversores y dañando su reputación internacional. En la República Dominicana, donde el turismo y la inversión extranjera son pilares económicos, un movimiento similar podría tener consecuencias desastrosas. ¿Qué mensaje envía un gobierno que bloquea plataformas esenciales para la promoción turística o el comercio electrónico?.
Pongámonos en los zapatos de un nepalí promedio: un joven que usa Instagram para vender artesanías, una madre que depende de WhatsApp para hablar con su hijo en el extranjero, un periodista que usa X para denunciar abusos. Estas personas no son criminales ni difusores de odio; son ciudadanos cuyas vidas han sido trastornadas por una decisión gubernamental que prioriza el control sobre la libertad. En la República Dominicana, podríamos estar a un paso de escuchar historias similares: el vendedor de ropa en Santo Domingo que pierde su clientela, el activista que ya no puede organizar protestas en línea, el ciudadano común que se siente silenciado.
La lección de Nepal es clara: la regulación de los medios digitales debe ser transparente, participativa y respetuosa de los derechos fundamentales. En la República Dominicana, cualquier intento de regular las redes sociales debe involucrar a la sociedad civil, los medios independientes y los expertos en tecnología. Un organismo regulador independiente, con representación diversa, es esencial para evitar abusos de poder.
Además, las leyes deben estar alineadas con estándares internacionales de libertad de expresión, como los promovidos por la UNESCO, y no convertirse en herramientas para silenciar disidencias.
El gobierno dominicano debe aprender de Nepal que las restricciones excesivas no solo limitan la libertad, sino que también frenan el desarrollo económico y social. En lugar de copiar un modelo que castiga a los ciudadanos, debería fomentar un diálogo abierto sobre cómo abordar los desafíos digitales sin sacrificar los derechos fundamentales.
Lo que está ocurriendo en Nepal no es un caso aislado; es un recordatorio de lo frágil que puede ser la libertad digital en cualquier parte del mundo. En la República Dominicana, donde las redes sociales son un pilar de la comunicación y la economía, debemos estar alerta ante cualquier señal de restricciones injustificadas. El gobierno debe entender que regular no significa controlar, y que la verdadera seguridad no se logra silenciando voces, sino amplificándolas en un marco de respeto y transparencia. Si no actuamos con sentido crítico y presión ciudadana, el eco de la censura nepalí podría resonar más cerca de lo que imaginamos.
