Por Juan Antonio Mateo Ciprian
Abogado – Catedrático Universitario
l Ministerio Público es un pilar fundamental del sistema de justicia en los Estados democráticos. Su labor esencial es actuar en representación de la sociedad, proteger el interés público y perseguir los delitos, procurando justicia en forma objetiva y equitativa. Esta función no solamente es una tarea jurídica, sino que también es ética y social, ya que compromete un deber de protección de los derechos fundamentales y de fundamentos del Estado de Derecho.
Asimismo, el fiscal en la República Dominicana, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 169 de la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público, No. 133-11, esta institución está llamada a “dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública en representación de la sociedad”. En consecuencia, la función del fiscal es una misión digna y trascendente, en la que, además de la vocación de servicio, la integridad es un requisito indispensable para proceder a sus fines. No obstante, cumplir con esta función plantea uno de los mayores riesgos. Los fiscales y demás integrantes del Ministerio Público están expuestos a amenazas a su integridad e incluso a la de su familia, especialmente si investigan delitos complejos vinculados al crimen organizado, la corrupción y la violencia estructural. (López & Ruiz, 2020).
A pesar de la relevancia de su ocupación, la falta de políticas de seguridad social robustas para este sector permite visualizar el retiro como un espacio de precarización. “Por tanto, resulta imperativo desarrollar medidas efectivas para proteger integralmente a los fiscales y demás integrantes del Ministerio Público, no solo en el ejercicio de la función, sino también en su retiro. (Jiménez, 2022)”.
A nivel personal, la vida del fiscal está marcada por un sacrificio profundo en el ámbito familiar. Las exigencias del cargo reducen el tiempo de calidad que se comparte con los seres queridos, generando tensiones en las dinámicas familiares y una constante preocupación por la seguridad de los mismos. La vocación por la justicia, aunque digna, se convierte así en una carga que impacta directamente en la vida privada de quienes asumen esta responsabilidad.
Una misión digna no solo requiere coraje y responsabilidad individual, sino también una infraestructura institucional y social que asegure su integridad, salud y jubilación. Solo así el Ministerio Público podrá mantenerse en el tiempo como una labor que inspire confianza y gratitud en la sociedad. Estudios sobre el estrés laboral en operadores de justicia han demostrado la prevalencia de síntomas de ansiedad, depresión y síndrome de burnout en este sector. “La realidad dominicana no escapa a este panorama, pues los fiscales trabajan bajo una gran presión social y profesional, muchas veces sin los recursos adecuados para enfrentar redes criminales sofisticadas (Pérez, 2019)”.
Pero no es el único aspecto vulnerable donde se encuentran expuestos, sino también en el aspecto de salud mental y emocional; la sobrecarga laboral, de expedientes y la exposición constante a actos de violencia propician estrés, angustia y ‘burnout’. Al riesgo se le suma la incertidumbre del futuro. El retiro de los miembros del Ministerio Público lleva a cuestionar si las pensiones son suficientes, qué cobertura de salud recibirán y si habrá un real reconocimiento institucional.
En conclusión, el papel del fiscal en la República Dominicana es de una entrega sobrehumana a la sociedad y a los valores fundamentales de un Estado de derecho. A lo largo de su vida, este profesional adopta un papel de sacrificio y entrega que va más allá de lo laboral, influyendo incluso en sus relaciones personales y familiares. Esto implica integridad, coraje y vocación, porque la lucha directa contra la criminalidad organizada, la corrupción y la violencia de género. Sin embargo, esta labor honorable está rodeada por riesgos significativos. Por lo tanto, es obvio que el trabajo del fiscal no solo es personal, sino también familiar y cercano. En el futuro, el retiro parece incierto, ya que la mayoría de los fiscales no gozan de beneficios dignos, pensiones adecuadas y un apoyo institucional adecuado.
