¿Libertad de Expresión o Descontrol Informativo?
Por Wilson Collado
Si nos ponemos a observar, podremos notar que en los últimos años, la libertad de prensa en República Dominicana ha sido un tema candente, tanto por los avances en el acceso a la información como por las críticas al manejo irresponsable de algunos medios de comunicación. Si bien el país mantiene un ranking relativamente favorable en la región en cuanto a libertad de expresión, según organismos internacionales, persisten preocupaciones sobre el libertinaje mediático, la concentración de poder en los medios, el sesgo político y las prácticas que afectan la calidad informativa. Este fenómeno, lejos de ser un simple ejercicio de libertad, plantea preguntas sobre la ética periodística y su impacto en la democracia dominicana. La Constitución dominicana de 1844 en su artículo 23 consagraba la libertad de expresión como un pilar fundamental para una nación libre. Desde entonces, los medios han jugado un rol clave como reflejo de la sociedad, narrando su historia y moldeando la opinión pública. Sin embargo, con la llegada de los medios digitales y las redes sociales, el panorama ha cambiado drásticamente. Antes de pandemia recuerdo haber leído un escrito donde se refería a la irrupción de plataformas virtuales donde había transformado el poder de los medios, pero no siempre para bien. La proliferación de contenido sensacionalista y la priorización de intereses comerciales sobre principios éticos han generado un escenario donde la desinformación y el “libertinaje” mediático se han convertido en preocupaciones recurrentes.
En mayo de 2025, el debate sobre la regulación de los medios se intensificó con la propuesta gubernamental de una nueva Ley de Libertad de Expresión y Medios, destinada a actualizar las normativas de 1962. Esta iniciativa busca despenalizar la difamación en casos de interés público, prohibir la censura previa y garantizar el acceso a Internet. Sin embargo, no está exenta de críticas. Voces en redes sociales y expertos han advertido sobre posibles restricciones encubiertas, como la llamada “ley mordaza”, que podría limitar la libertad de prensa bajo el pretexto de regular el contenido.
Uno de los principales señalamientos al sistema mediático dominicano es la concentración de medios en manos de grupos económicos y políticos, estos responden a intereses corporativos, dejando poco espacio para voces independientes. Esta percepción ha impulsado el auge de medios digitales alternativos, que buscan contrarrestar el dominio de las élites, aunque no siempre con el rigor periodístico necesario.
Asimismo, el Departamento de Estado de EE. UU. ha reconocido que, aunque la República Dominicana respeta en general la libertad de expresión, la intimidación a periodistas y la influencia política en los medios siguen siendo problemas significativos. La falta de independencia editorial en algunos medios, sumada a prácticas como el sensacionalismo y la difusión de rumores sin verificar, alimenta la percepción de un “libertinaje” que afecta la credibilidad del periodismo.
En un artículo de 2023, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por regulaciones que podrían limitar la libertad de prensa en la región, abogando por políticas de alfabetización digital y fortalecimiento del periodismo profesional en lugar de medidas punitivas. En el caso dominicano, algunos medios digitales han sido señalados por promover “agendas foráneas” o contenidos que atentan contra la soberanía nacional, según denuncias. Este tipo de acusaciones, aunque no siempre fundamentadas, reflejan la polarización en torno al rol de los medios en la sociedad.
El auge de las redes sociales ha exacerbado el problema, ya que la rapidez con la que se comparte información no siempre va acompañada de verificación. Esto ha llevado a que titulares sensacionalistas o noticias falsas se viralicen, erosionando la confianza en los medios y alimentando el caos informativo.
EL libertinaje de los medios en el país no debe confundirse con la libertad de expresión. Mientras que esta última es un derecho inalienable consagrado en el artículo 49 de nuestra constitución, el manejo irresponsable de la información, impulsado por intereses comerciales o políticos, amenaza la calidad del debate público y la confianza ciudadana. La solución no pasa por imponer restricciones severas, sino por fomentar un periodismo ético, transparente y comprometido con la verdad. En un país donde la prensa ha sido históricamente un motor de cambio, el desafío actual es encontrar un equilibrio entre la libertad y la responsabilidad, garantizando que los medios sean un puente hacia la democracia y no un obstáculo para ella. Ante toda esta ola de desinformación mediática, el Estado tiene parte de responsabilidad, ya que los niveles bajos en la calidad educativa del país, empujan a la población a consumir contenidos chatarra y lo más grave es que a los gobiernos no les interesa tener tal inversión, pero mucho menos generar incentivos a los creadores de contenidos de valor en los medios digitales, esto queda demostrado al verse a los deslenguados y desinformadores gozando de financiamiento público a través de publicidad estatal y siendo utilizados en algunos casos, como distracción mediática a los principales problemas nacionales.