Motoconchistas Y Deliverys: Trabajadores Invisibles Que Reclaman Derechos
Por Elso Segura Martínez.
Secretario de la Secretaria de Relaciones Laborales del PLD
Presidente de la Corriente Sindica Miguel Soto
En la República Dominicana, miles de hombres y mujeres salen cada día a las calles a ganarse la vida sobre una motocicleta. Motoconchistas y trabajadores de delivery se han convertido en piezas claves del transporte urbano, la economía de servicios y el comercio cotidiano. Sin embargo, a pesar de su importancia social y económica, estos trabajadores continúan siendo tratados como si no existieran en el marco legal laboral del país.
A pesar de la gran cantidad de hombres y mujeres, cuyas actividades laborales la realizan todos los días desde una motocicleta, el Estado dominicano no se ha preocupado ni siquiera por conocer oficialmente cuantos dominicanos utilizan una motocicleta como medio principal de producción; La cifra tentativa de motoconchistas en el país oscila entre 111 mil 156 mil, según distintas fuentes periodísticas, pero aún no se cuenta con un registro oficial específico.
La paradoja es evidente: trabajan todos los días, generan ingresos, asumen riesgos y sostienen a sus familias, pero no son reconocidos formalmente como trabajadores con derechos. No cuentan con seguridad social estable, protección frente a accidentes laborales, ni mecanismos institucionales de representación ante el Estado. Esta exclusión no es accidental; es el resultado de un modelo económico-político sobre explotador, excluyente, que fomenta el trabajo informal, y un marco legal desactualizado que no ha sabido adaptarse a las transformaciones del mundo del trabajo.
El Código de Trabajo dominicano fue concebido para regular relaciones laborales tradicionales, basadas en la subordinación a un empleador. Sin embargo, la realidad contemporánea muestra un crecimiento acelerado del trabajo independiente, del autoempleo y de los servicios mediados por plataformas digitales. Motoconchistas y repartidores no encajan plenamente en el modelo clásico de empleo, pero eso no significa que estén fuera del ámbito del derecho al trabajo.
La Constitución dominicana es clara al establecer que el trabajo es un derecho fundamental y un deber social. El Estado tiene la obligación de garantizar condiciones dignas, igualdad y protección social a todas las personas que viven de su trabajo. Negar reconocimiento a estos sectores equivale a perpetuar una forma moderna de exclusión laboral, incompatible con un Estado social y democrático de derecho.
A nivel internacional, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha insistido en que el concepto de trabajador debe interpretarse de manera amplia, atendiendo a la realidad de la actividad productiva y no solo a la forma contractual. La informalidad no puede seguir siendo una excusa para negar derechos; al contrario, debe ser el punto de partida para políticas públicas de inclusión y formalización progresiva.
Reconocer a los Motoconchistas y trabajadores de delivery como sector laboral no significa convertirlos automáticamente en empleados tradicionales. Significa, más bien, otorgarles un estatus jurídico que les permita organizarse, acceder a la seguridad social, participar en el diálogo social y ser interlocutores válidos ante el Estado. Significa reconocer que el trabajo existe, aunque no haya un patrón visible.
Países de América Latina ya han comenzado a avanzar en esta dirección, creando regímenes especiales para trabajadores independientes, reconociendo su derecho a la sindicalización y diseñando sistemas de protección social flexibles. La República Dominicana no puede quedarse atrás mientras la informalidad crece y la desigualdad se profundiza.
Desde una perspectiva política y social, la reforma es impostergable. El reconocimiento de estos trabajadores contribuiría a reducir la informalidad estructural, ampliar la base contributiva del sistema de seguridad social, mejorar la seguridad vial y fortalecer la cohesión social. Además, permitiría canalizar demandas legítimas por vías institucionales, evitando la criminalización o la marginalización de quienes solo buscan sobrevivir trabajando.
Motoconchistas y repartidores no piden privilegios. Reclaman algo más básico y justo: ser reconocidos como lo que son, trabajadores. Invisibilizarlos no elimina su realidad; solo agrava su vulnerabilidad. El desafío del Estado dominicano es adaptar la ley a la vida real y garantizar que ningún trabajador quede fuera del amparo de los derechos por la forma en que se gana el pan de cada día.
La corriente Sindical Miguel Soto, apéndice del partido de la Liberación dominicana, hace un llamado a las autoridades y a las organizaciones sindicales dominicana tomar en consideración la situación de estos dos sectores laborales de la nación, al momento de discutir y definir cualquier política pública, así como también en la revisión de Código laboral.