Por Ronny Velásquez
Santo Domingo Este-Los funcionarios que administran recursos económicos públicos deben rendir cuentas claras y detalladas sobre el uso de esos fondos, provenientes de los impuestos de los ciudadanos. La transparencia en el manejo de los recursos no es solo una obligación ética, sino una exigencia legal. Sin embargo, en el caso del Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE), la gestión financiera actual ha sido objeto de numerosas críticas y suspicacias.
Un ejemplo que destaca esta falta de claridad es la reciente autorización de280 millones de pesos para atender una supuesta urgencia. Lo alarmante es que, hasta el momento, solo se ha informado del gasto de 76 millones de pesos, sin especificar en qué se han invertido, mientras que el destino de los restantes 204 millones permanece en la sombra. Ni los comunicadores ni los munícipes han recibido explicaciones claras sobre cómo se utilizarán estos fondos, lo que aumenta la desconfianza.
A esta situación se suma la ya confusa adquisición de furgones de mudanza convertidos en contenedores de basura. El Secretario General del ASDE fue cuestionado al respecto, y sus respuestas no fueron menos contradictorias. Primero, afirmó que la compra de los contenedores había sido financiada en un 50% por el ASDE y el otro 50% por empresarios privados.
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Luego, en otro informe, mostró documentos que supuestamente demostraban que los contenedores habían sido donados. Esta incoherencia en las declaraciones no solo siembra dudas sobre la gestión de los recursos, sino que también refleja un preocupante nivel de desorganización.
Además, los informes financieros del ASDE siguen un patrón alarmante: en lugar de detallar cómo se distribuyen los fondos, qué empresas realizan los trabajos y en qué circunscripciones se llevan a cabo, los reportes solo ofrecen montos globales, sin especificar nada más. Este nivel de opacidad impide un escrutinio adecuado y fomenta la falta de confianza en la administración.
Los comunicadores que intentan investigar y obtener más información sobre estos gastos son intimidados, lo que crea un ambiente de hostigamiento que obstaculiza el derecho de la ciudadanía a estar informada. Esta estrategia de silenciamiento afecta no solo a la prensa, sino también a los munícipes, quienes tienen todo el derecho de exigir claridad sobre cómo se están utilizando los recursos que aportan al municipio.
El alcalde debe ser más receptivo a las críticas y entender que los recursos del cabildo no son de su propiedad personal, sino que pertenecen al pueblo. La transparencia es un principio esencial de la democracia y la buena gobernanza, y la rendición de cuentas no puede ser opcional. Los ciudadanos no quieren más «cuentos chinos»; exigen información coherente, detallada y basada en hechos. Sin esta apertura y disposición a rendir cuentas, la confianza de los munícipes seguirá erosionándose, y con ella, la legitimidad de quienes manejan los fondos públicos.