Destacadas de CiudadOriental.comOpiniones

Prevenir el peligro público es una competencia municipal

Por Waldys Taveras
La decisión de la Alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía G. de intervenir la edificación del parqueo propiedad municipal, pero administrado por la Asociación de Comerciantes de la calle El Eonde, pone sobre el tapete la necesidad de que los Alcaldes y Concejos de Regidores en cumplimiento de la ley reasuman la obligación de no exponer la seguridad e integridad física de los ciudadanos en edificaciones, pero también en obras de construcción abandonadas, con colindancia con importantes vías públicas.

La ley 675/44 de Construcción y Ornato Público, modificada por la ley 4848/58 define en su Art. 29 .- que constituye: PELIGRO PÚBLICO: Todo edificio, obra o construcción que presente una amenaza para la seguridad de sus moradores y vecinos, de los transeúntes o cualesquiera otras personas y que por esto mismo requiera su destrucción total o parcial.

En su Art. 30 responsabiliza a los Alcaldes de garantizar la seguridad de los ciudadanos cuando ordena que: Corresponde al Alcalde del Distrito Nacional, y a los Alcalde de los Municipales y los Directores de Distritos Municipales declarar, en sus respectivas jurisdicciones cuando un edificio terminado constituye un Peligro Público, un Estorbo Público o es Lesivo al Ornato. Esta declaración irá acompañada de la colocación, en lugar visible del edificio, de un cartel o letrero que exprese tal circunstancia. Y a partir de ese momento instituye un procedimiento expedito que garantiza los derechos de los propietarios, arrendatarios u ocupantes bajo cualquier otra modalidad cuando en los párrafos de este art. ordena el procedimiento a seguir:

Párrafo I- El mismo día, o a más tardar al día siguiente, dichos funcionarios comunicarán su decisión al Concejo (de Regidores) del Distrito Nacional, de los Ayuntamiento o de la Junta del Distrito Municipal correspondiente, exponiendo claramente las razones que justifican la decisión que han adoptado y las medidas que a su juicio debe tomar el propietario del inmueble.

Apoderado el Concejo Municipal, está en la obligación de: Párrafo II. El Concejo Municipal Distrito Nacional, de los Ayuntamientos y las Juntas de los Distritos Municipales, modifiquen, rechacen o confirmen, de acuerdo con las circunstancias, la resolución, declarando Peligro Público; Estorbo Público o Lesivo al Ornato, según el caso, los edificios, obras y construcciones.

La Resolución de los Concejos de Regidores deberá ser dictada en un plazo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir de la fecha en que el caso haya sido comunicado al organismo correspondiente por el Alcalde del Distrito Nacional, el Alcalde Municipal o el Jefe de la Junta del Distrito Municipal. Pero la disposición del párrafo siguiente es la garantía de la seguridad jurídica cuando dispone que Párrafo V.- Dentro de las veinticuatro horas de haber sido adoptada la Resolución, el Alcalde del Distrito Nacional, los Alcaldes Municipales y los Jefes de Distritos Municipales se la comunicarán al Fiscalizador del Juzgado de Paz de la jurisdicción en que se encuentra situado el inmueble.

El fiscalizador está en la obligación de citar en un plazo no mayor de 48 horas a las partes para que en aplicación del Párrafo VIII.- El Juzgado de Paz, si comprobare que la forma del debido procedimiento legal prescrito anteriormente se ha cumplido a cabalidad ordenará en su Sentencia.

En hora buena esta acción corresponde a los ciudadanos demandar que esta no sea una decisión aislada, sino la aplicación de una política publica en los demás territorios municipales.

Compartir:
Botón volver arriba