Recesado conocimiento medida de coerción imputados Operación Búho
Acusan de un fraude de RD$2,500 millones en la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera).
El juez de la instrucción, Máximo Castelar Roa Saint-Hilaire, recesó próximo a la siete de la noche de este viernes 20 de octubre, el conocimiento de medida de coerción a los 7 directivos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera) acusados en un fraude de RD$2,500 millones, en la denominada Operación Búho.
La medida es en contra de los encartados Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana Borsilea, Kenia Del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, Simona Borsilea, Jacer Eliazar Mejía Pereyra y Julio César Minaya, acusados de delitos de asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos y privados y robo de identidad de personas.
El magistrado Roa Saint-Hilaire, actuando en la Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente, fijó para el domingo 22 de octubre a las nueve de la mañana, la continuación del rol de medida de coerción, donde la Fiscalía solicita la imposición de 18 meses de prisión preventiva y se declare el proceso de tramitación compleja.
El Ministerio Público representado por los fiscales litigantes Jonathan Pérez Fulcar, Eduardo Velásquez, Rosa Ysabel Mejía, adscriptos a la Dirección de Persecución y Nicasio Pulinario, de la Fiscalía SDO, presentaron un robusto expediente que consta de 224 páginas con suficientes elementos probatorios contra los encartados.
En su acusación, la Dirección General de Persecución del Ministerio Público (DIGEPEM) establece que, iniciado una investigación, motivada en denuncias por malversación de fondos, falsificación, abuso de confianza y estafa de parte de una red de delincuencia financiera, conformada por miembros directivos, administradores, empleados y socios de COOP HERRERA, lo cual ha perjudicado de forma exponencial los ahorros de los miembros de dicha entidad.
Establecen se simulaban reestructuraciones de préstamos de forma mensual y anual, para hacer aparentar los balances como positivos en los estados financieros de la cooperativa, pero la realidad es que nunca se pagaba las cuotas de estos créditos.
Señalan, además, que creaban créditos falsos que luego se desembolsaban en las cuentas de los socios que participaban en la estructura criminal, y con estos simulaban la apertura de certificados financieros a plazos (sin respaldo económico), los cuales generaban intereses que si eran retirados en efectivo o usados para pagar las nóminas de las empresas que participaban en la red.
Presuntamente los imputados se adquirían bienes suntuosos (villas, vehículos alta gama, yates, etc.) utilizando como método de pago los certificados financieros desprovistos de garantía o sin respaldo colateral, los cuales generaban intereses mensuales que eran retirado por los vendedores, y cobrando muchos de estos la cancelación total de los mismos, sin embargo, el dinero pagado salía de los ahorros de los socios, según la Solicitud de Medida de Coerción.
En su acusación, el Ministerio Público establece que son subsumibles en varios tipos penales, entre los que se pueden mencionar: La asociación de malhechores, lavado de activos, testaferrato, falsificación de documentos públicos y privados y robo de identidad de personas y la violación a la Ley núm. 127-64 sobre Cooperativismo en la República Dominicana.