Xiomara Altagracia Hilario Taveras y Alfredo Martínez
Xiomara Altagracia Hilario Taveras y Alfredo Martínez

Hilario Taveras y El Cañero desafían al regidor Manuel Soto Lara

Por Robert  Vargas
El Alcalde Alfredo Martínez, (El Cañero), y la Directora de Recursos Humanos, Xiomara Altagracia Hilario Taveras, se unieron hoy para desafiar al  regidor Manuel Soto Lara, quien ha advertido de que irá contra esta por el presunto delito de usurpar las funciones del Concejo de Regidores al destituir a una funcionaria de su mismo nivel.

Hilario Taveras y El Cañero se han armado con la asistencia técnica  de los abogados Julio César Terrero Carjaval, Consultor Jurídico del ASDE: Milton Prenza Araujo y Manuel Mercedes Polanco.

De inmediato, los abogados han hecho un escrito de contestación a Soto Lara en el que rechazan de plano acoger el requerimiento que este hizo ayer a la Directora de Recursos Humanos para que restableciera en el cargo de Directora de Planeamiento Urbano, arquitecta Kenya Cruz Castro bajo el alegato de su presunta incompetencia para cesarla en el puesto.

Regidor Manuel Soto Lara
Regidor Manuel Soto Lara

En el escrito, el alcalde Martínez dice que actúa en nombre de el “Ayuntamiento”, que según la Ley 176-07 la integran la Administración y el Concejo de Regidores.

Sin embargo, hasta el momento el Concejo de Regidores no se ha expresado mediante resolución sobre el conflicto que ha brotado con la destitución de Cruz Castro, por lo que no parece claro bajo cuáles argumentos, al menos en este caso particular, él asegura que representa al “Ayuntamiento”.

“El Ayuntamiento, Alfredo Martínez y Xiomara Altagracia Hilario Taveras”, para desafiar las pretensiones de Soto Lara citan el artículo 52 de la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios en cuanto al Concejo Municipal, la definición  y atribuciones del mismo, indicando en su literal q, lo siguiente “…nombrar, destituir, aceptar la renuncia de los funcionarios y empleados bajo dependencia de las instancias organizativas propias del Concejo Municipal”.

En consecuencia, ellos “no le dan aquiescencia a las pretensiones” de Soto Lara toda vez que “El Ayuntamiento, Alfredo Martínez y Xiomara Altagracia Hilario Taveras  “han actuado de conformidad a la atribución que le es dada a la Sindicatura en el artículo 60 de la Ley 176-07.

Ese artículo establece que al síndico o síndica le “corresponden las siguientes atribuciones … nombrar y destituir a los funcionarios y empleados del Ayuntamiento de conformidad con la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa vigente, la estructura organizativa, manual de funciones y descripción de puestos aprobadas por el Concejo de Regidores y la validación de las instancias de control interno para la administración pública”.

A seguidas, le denuncian y advierten a Soto Lara que ellos han actuado de conformidad con la Constitución y las Leyes “luego de verificar situaciones que fueron de conocimiento de la Alcaldía”.

En esta parte se refieren a las quejas de cinco encargados departamentales de la Dirección de Planeamiento Urbano que denuncian un supuesto “trato autoritario” y  “arbitrario” por Cruz Castro, quien, según su denuncia, los hacía ver como “incompetentes”.

Admite el grupo que Cruz Castro ejecutaba un supuesto “exceso de requerimientos” a los munícipes que presentan proyectos a Planeamiento Urbano.

En eso coinciden con la defensa que de Cruz Castro ha hecho el ex regidor, constructor y dirigente peledeísta Rigoberto Fernández quien se refiere a las exigencias de esta “siempre en bien del municipio y del Ayuntamiento”.

Los quejosos también se vieron precisados a admitir que “no tenemos quejas de su honestidad” (de Cruz Castro).

O sea, que según se desprende de esa denuncia, el motivo de la cancelación de la Directora de Planeamiento Urbano fueron los presuntos excesos en las exigencias para que los trabajos fueran realizados con excelencia, no por corrupción.

Los funcionarios que se quejaron contra Cruz Castro son Yrenia Veras, Encargada del Departamento de Tramitación; Esther Rivera, Encargada del Departamento de Catastro; Eddy Acosta, Encargado del Departamento de Inspección; Miguel Martínez, Encargado del Departamento de Seguimiento y Alejandro Dajer, Encargado del Departamento de Urbanismo.

El regidor Soto Lara ha denunciado que la trama que concluyó con la destitución de Cruz Castro estuvo motivada por iniciativa de una presunta “banda criminal” que controla el Ayuntamiento y que, alegadamente, exige la aprobación de proyectos de manera irregular, lo que no es admitido por la ex funcionaria.

El Cañero, siempre hablando en nombre de “El Ayuntamiento” e Hilario Taveras rechazan los argumentos esgrimidos por Soto Lara para exigir la reposición de la funcionaria cancelada.

“Nos veremos en el Tribunal”

Consultado al respecto el regidor Soto Lara le dijo a Ciudad Oriental en alusión al rechazo a sus pretensiones que “nos veremos en el Tribunal”.

Soto Lara dice que , ciertamente, el alcalde puede destituir a los funcionarios y empleados del Ayuntamiento, “pero solo a los que él nombra, no a los que no nombra”.

Por tanto, agrega, como los directores son designados por el Concejo de Regidores mediante resolución, es a este a quien le compete su sustitución.

La postura de Soto Lara es coincidente con la del veterano regidor y miembro del Comité Central del PLD César Fortuna, quien sostiene que la Directora de Recursos Humanos carece de facultad legal para cancelar a cualqueir director o directora.

Soto Lara, quien es concejal por el Bloque Institucional Socialdemócrata, ha advertido que perseguirá penalmente a Hilario Taveras.

Él también dice que “en este caso” Martínez no puede hablar como “El Ayuntamiento”, porque este está integrado por el Concejo, que es el legislativo, y por el Administrativo, que es la Alcaldía.

-“Y el Concejo no se ha expresado en torno a este problema por lo que se trata de una ofensiva de la administración, nod el Ayuntamiento, contra un regidor, ciudadano y munícipe que exige el cumplimiento de la Ley”, dice Soto Lara.

Este día, él le ha dicho a Ciudad Oriental que el alcalde tampoco tiene facultad para derogar una resolución  del Concejo de Regidores.

 

 

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