Raquel Cruz,
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Seguridad ciudadana y prevención del delito: Una deuda pendiente de los Ayuntamientos

“La prevención y el control deben ir de la mano, de ahí la indispensable y productiva relación entre las alcaldías con las autoridades que tienen incidencia notoria y determinante en la persecución del delito como lo es el Ministerio Público y la Policía Nacional”

Por Raquel Cruz D.(*)
La seguridad ciudadana cada día se convierte en un tema neurálgico para los habitantes de una ciudad y no deja de ser uno de los tópicos que más preocupa a los munícipes, saliendo a relucir siempre en encuestas informales, conversatorios y mediciones, quedando entre los primeros lugares en el interés de la colectividad.

Históricamente la seguridad ciudadana ha sido abordada por el gobierno central y la policía nacional, los  que muchas veces ventilan soluciones de controvertida eficacia como “La mano Dura” o el aumento de las penas, con resultados infructuosos y demostrando no ser exitosas para la prevención del delito, además de facilitar el escenario para violación de derechos fundamentales.

El problema de la violencia y la inseguridad han de ser afrontados de forma correcta y responsable por los gobiernos locales, los Alcaldes deben asumir entre sus atribuciones el tema de la seguridad en sus demarcaciones.

La ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, del 17 de Julio del 2007 establece en su artículo 19 las competencias propias de los ayuntamientos; entre las que destacamos las siguientes: normar y gestionar el espacio público tanto urbano como rural; normar y gestionar el uso de áreas verdes, parques y jardines; construcción de infraestructuras y equipamientos urbanos; instalación del alumbrado público; promoción, fomento y desarrollo económico local.

En el mismo artículo se instituyen las competencias compartidas de las que resaltamos la coordinación en la gestión de la prestación y financiación de los servicios sociales y la lucha contra la pobreza dirigido a grupos socialmente vulnerables; coordinación, gestión y financiación de la seguridad ciudadana y mantenimiento del orden público; promoción y fomento de la educación; capacitación técnico vocacional; desarrollo del deporte y la recreación; prevención de la violencia intrafamiliar y de género; apoyo y protección de los derechos humanos; desarrollo de políticas públicas focalizadas a mujeres jefa de hogar y madres solteras; protección al medio ambiente, entre otras.

Por lo visto nuestra legislación es clara, otorgando a los Municipios una explícita competencia en los temas de prevención y seguridad ciudadana. ¿Pero qué pasa con los gobiernos locales? hasta ahora los mismos han dado aquiescencia absoluta al papel jugado por el gobierno central, mientras su espacio territorial local se derrumba ante sus ojos;  la mayoría de Alcaldes actúan como si no fuera su problema.

Diseñar políticas de seguridad desde un enfoque local es muy importante, pues la delincuencia puede variar significativamente de acuerdo al entorno donde se desarrolla, además desde la localidad pueden ser involucrados los ciudadanos más cercanos, que son los que generalmente se ven más afectados con la inseguridad ciudadana.

Los alcaldes deben velar por la seguridad de su gente, de aquellos que son oriundos y residentes de sus territorios, ya existe el mandato legal, solo necesitamos la disposición y el empoderamiento de las máximas autoridades locales.
El valor de la prevención entra en la esfera de las competencias propias de los ayuntamientos, normar todo lo relacionado a los espacios públicos urbanos, para evitar que estos se conviertan en espacios idóneos para la comisión de ilícitos penales.

La responsabilidad de ordenar el territorio, planeamiento urbano, gestión del suelo, ejecución y disciplina urbanística y normar y gestionar el mantenimiento y uso de las áreas verdes, parques y jardines, ya que planificar adecuadamente en el plano urbanístico y proteger las áreas verdes convirtiéndolas en espacios seguros que puedan ser aprovechados por los ciudadanos, impide que estas sean tomadas para el desorden.

Normar y gestionar la protección de la higiene y salubridad pública para garantizar el saneamiento ambiental, construcción de infraestructuras y equipamientos urbanos, pavimentación de las vías públicas urbanas, construcción y mantenimiento de caminos rurales, construcción y conservación de aceras, contenes y caminos vecinales, son solo algunas de las competencias propias de los cabildos.

La recreación, la capacitación en escuelas laborales y el fomento y desarrollo del deporte son vitales para lograr una adecuada y oportuna prevención; la solución conciliadora de los conflictos y la prevención con la correcta adecuación de los lugares (la iluminación y acondicionamiento de los espacios públicos).

Además desde las Alcaldías se debe implementar la prevención comunitaria enfocada en el protagonismo de los líderes barriales, así como el fomento y la promoción de la cultura ciudadana, los cuales son aspectos nodales para disuadir la comisión de hechos delictivos y todas estas se encuentran dentro de la esfera de acción de los Ayuntamientos.

La prevención y el control deben ir de la mano, de ahí la indispensable y productiva relación entre las alcaldías con las autoridades que tienen incidencia notoria y determinante en la persecución del delito como lo es el Ministerio Público y la Policía Nacional.

Se trata de un concepto multidisciplinario donde el gobierno local es un actor y debe asumir su rol, sus competencias no son de dependencia sino de coordinación conjunta con diferentes estamentos del Estado en materia de seguridad.

Las principales dificultades para llevar a cabo estas tareas surgen en el seno de los gobiernos locales, que agobiados por problemas básicos como la de operar sistemas de recolección, tratamiento, transporte y disposición final de desechos sólidos, y atendiendo otras tareas de vital importancia no abren capítulos destinados a disminuir los niveles de inseguridad en sus localidades.

Cada hecho violento convertido en delito tiene una causal, así la delincuencia juvenil puede desprenderse de la falta de educación y de oportunidades; los accidentes de tránsito pueden estar relacionados a la falta de señalización, averías de semáforos o ingesta irresponsable de alcohol.

Los atracos pueden desprenderse de falta de vigilancia policial, poco alumbrado público o espacios públicos o privados abandonados, en fin, el manejo de la información por parte de la municipalidad puede ser determinante para la prevención de la violencia.

Educación, cultura ciudadana, recuperación de los espacios públicos, infraestructura urbana, mejoran la calidad de vida de los habitantes, una ciudad para la gente crea mejor condiciones de seguridad.

Como indicara el ex alcalde de la ciudad de Palermo Leoluca Orlando: “Creo también que una ciudad cuyos espacios públicos son amados y protegidos, es una ciudad donde hay poco margen para la ilegalidad.”

La seguridad ciudadana ha de formar parte de la agenda de los gobiernos locales, es hora de que sus ejecuciones impacten de forma directa los planes para hacer de sus localidades espacios más seguros.

Las alcaldías deben abordar los problemas de  la criminalidad en sus territorios y formar parte de su solución.

Tal y como dijo el ex alcalde de la ciudad de Bogotá Enrique Peñalosa: “El tema de la seguridad ciudadana está abandonado por el gobierno local y la gente vive con miedo. Hoy los sitios de reunión son los centros comerciales, los espacios privados, lo cual no es bueno para la ciudad, lo bueno es que las gentes se encuentren en las vías, en los parques sin ningún tipo de temor”.

(*) La autora es Procuradora Fiscal de la provincia Santo Domingo

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