Por William Perdomo
La reciente revelación de que más de la mitad de los proyectos contemplados en el Presupuesto General del Estado 2023 serán postergados nuevamente al 2024 por falta de financiamiento externo, pone en evidencia la inoperancia del Gobierno para concretar iniciativas fundamentales en áreas neurálgicas.
Resulta verdaderamente alarmante que de 36 proyectos contemplados en el presupuesto de este año, 21 no pudieron concretarse y fueron transferidos al siguiente período fiscal.
Esos 21 proyectos involucran montos globales de US$3,656 millones destinados a infraestructura eléctrica, hídrica, transporte masivo, salud, educación técnica y fomento agropecuario.
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Y lo que es peor, al menos 3 de esas infraestructuras vienen arrastrándose sin ejecutarse desde el presupuesto del 2022.
Uno de los rezagos más bochornosos es la Línea 2-C del Metro de Santo Domingo, presupuestada por US$500 millones con financiamiento de Francia y el BCIE, pero que lleva tres años en veremos.
Tampoco se ha materializado el vital proyecto de US$225 millones con el Banco Mundial para reducir pérdidas eléctricas.
Del área de salud y agua potable quedaron represados para el 2024 iniciativas como las plantas de tratamiento del Acueducto del Este por US$616 millones y la compra de ambulancias por US$30 millones.
Es sencillamente imperdonable que esta cartera de proyectos de alto impacto social sigue engavetada mientras instituciones como el INAPA y las distribuidoras eléctricas persisten en crisis permanente.
Evidentemente, esto responde a improvisación, falta de capacidad de negociación y exceso de burocracia por parte de las autoridades competentes para gestionar oportunamente el financiamiento externo que requieren estos proyectos.
Mientras los mismos permanecen en el limbo de los «planes y buenas intenciones», la ciudadanía sigue privada de obras imprescindibles para su bienestar.
Urge un viraje radical en los procesos de planificación, contratación y seguimiento a la cartera de proyectos de inversión pública para destrabar los cuellos de botella administrativos que obstaculizan su puesta en marcha.
De lo contrario, el actual Gobierno culminará su gestión con más anuncios incumplidos que realizaciones concretas en infraestructura social.
Y la población, hastiada de tantas promesas vanas, podría pasarle factura en las urnas.
