Por Jacobo Colon
La música a alto volumen, sin duda, puede ser una fuente de conflicto en las comunidades.
l ruido en exceso, especialmente cuando supera lo establecido en la norma ambiental para la protección contra el ruidos NA-RU-001-03, del Ministerio de Medio Ambiente, la cual establece que en el día se puede tener música de 50 a 65 decibeles y en la noche de 40 a 50 decibeles, perturba la paz y genera desasosiego y tribulación en la familia, afectando el bienestar de niños, estudiantes, empleados, enfermos, ancianos y cualquier persona que busque un momento de tranquilidad en su hogar.
Sin embargo, la solución a este problema no puede ni debe pasar por la violación de derechos fundamentales, como ocurre con frecuencia en nuestro país.
Las actuaciones arbitrarias de la Policía Nacional, que en muchos casos allanan viviendas sin órdenes judiciales o confiscan equipos de sonido incluso cuando están apagados, no solo son inútiles, sino que constituyen un abuso de poder que pone en entredicho el Estado de derecho.
El problema radica en el desbalance entre la aplicación de la ley y el respeto a las garantías constitucionales. La normativa es clara: los niveles de ruido deben controlarse, y existen procedimientos establecidos para sancionar a quienes los incumplan.
Pero estos procedimientos requieren pruebas, levantamientos de actas, inspecciones de lugar, notificaciones, y cuando se va a penetrar a una vivienda familiar, una orden de allanamiento e incautación y secuestro de objetos expedida por un juez de la instrucción, pero, sobre todo, proporcionalidad.
¡PROPORCIONALIDAD!
Irrumpir en un domicilio sin autorización, en busca de una bocina o cualquier otro objeto, no es solo una violación del derecho a la propiedad privada y a la inviolabilidad del domicilio, sino un acto que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones.
Resolver un delito menor, como el ruido excesivo, cometiendo un crimen mayor, como el allanamiento ilegal, es un contrasentido que refleja una preocupante falta de preparación y criterio en las autoridades.
La Constitución protege el hogar como un espacio sagrado, y cualquier intervención en él debe estar plenamente justificada y respaldada por un juez.
Sin embargo, en la práctica, vemos operativos policiales que actúan con una impunidad alarmante, basándose en quejas de vecinos o en sospechas porque a los miembros de la Policía “les pareció que estaba alta”.
Los vecinos pueden mentir por problemas personales, conozco decenas de casos, pero además la policía nacional la mayoría de las veces no cuenta con las herramientas para establecer que existe una música a alto volumen debido a que en el 99% de los casos, no cuentan con el aparato indispensable para su medición, un decibelímetro.
El volumen es bajo o alto partiendo de la sensibilidad del oído del que escucha, lo que para Juan es bajo, a Pedro puede molestarle y viceversa, un vecino puede molestarle la música del vecino sin este estar violando la ley, “No me gusta la bachata” “Odio el reguetón” por eso es imprescindible el uso del decibelímetro para comprobar una infracción a la ley.
Estas acciones arbitrarias, antojadizas y selectivas de la Policía Nacional, cumpliendo directrices del Ministerio de Interior y Policía no solo afectan a los presuntos infractores, sino que generan un clima de inseguridad jurídica para todos los ciudadanos.
Si la Policía puede entrar a una casa sin orden judicial por una bocina, ¿Qué impide que lo haga por cualquier otra razón?
Este precedente es peligroso y lacera los pilares de un sistema democrático.
Es imperativo que las autoridades ajusten sus métodos al marco legal. Las denuncias por ruido deben investigarse con rigor, utilizando herramientas como medidores de decibeles y siguiendo el debido proceso.
Si hay evidencia de una infracción, las sanciones deben aplicarse de manera justa, sin recurrir a medidas desproporcionadas. Asimismo, es crucial que los agentes policiales reciban formación en derechos humanos y en los límites de su autoridad para evitar que, en su afán de mantener el orden, terminen siendo los primeros en vulnerarlo.
La música estruendosa es un problema muy serio, pero no justifica que el Estado actúe como si los derechos fundamentales fueran negociables.
La solución pasa por un equilibrio: proteger la convivencia sin sacrificar las libertades individuales. Solo así podremos construir una sociedad donde el respeto a la ley sea mutuo, tanto para los ciudadanos como para quienes tienen la responsabilidad de hacerla cumplir.
