Por Carlos Rodríguez
a Junta Central Electoral (JCE) ha emitido advertencias al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sobre posibles sanciones por violar los plazos de promoción de candidaturas. Sin embargo, esta firme postura parece ser selectiva, pues miembros del Partido Revolucionario Moderno (PRM) realizan actividades políticas sin consecuencia alguna. Esta diferencia en el trato despierta serias dudas sobre la imparcialidad de la JCE, cuya misión es ser el baluarte de la democracia, mostrando permisividad ante las irregularidades del partido en el poder.
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El uso de recursos estatales por funcionarios del PRM para impulsar sus candidaturas es una violación que debería ser sancionada. Mientras el PLD enfrenta un escrutinio riguroso, los miembros del PRM parecen gozar de un escudo de impunidad, lo que nos recuerda, como menciona Juan Bosch en sus obras, la importancia de la justicia y la equidad en la política. La inacción de la JCE no solo socava su propia autoridad, sino que plantea interrogantes sobre si actúa como un árbitro imparcial, haciendo eco de lecciones del pasado, como el caso de Pete Rose en el béisbol, donde se cuestionó la integridad de las reglas.
A su vez, este comportamiento diferencial alimenta la percepción de un entorno político desregulado donde las campañas del PRM florecen sin control, mientras el PLD se ve obligado a operar en un marco restrictivo. La falta de medidas contra el PRM mina la confianza ciudadana en el sistema electoral, creando un clima de desconfianza sobre la apariencia de transparencia en los comicios.
En este contexto, es esencial que la JCE actúe con imparcialidad y determinación, aplicando las mismas reglas para todos los actores políticos. No debe haber espacio para la arbitrariedad ni la tolerancia de abusos que amenacen la igualdad de oportunidades en la contienda electoral. La democracia exige que todos operen bajo las mismas reglas, y que la JCE restablezca su compromiso con una regulación justa y equitativa.
