Por Juan Antonio Mateo Ciprian
Abogado – Catedrático Universitario
a salud mental es un factor relevante en la dinámica criminal contemporánea. En República Dominicana, los casos recientes en el entorno familiar de filicidio y violencia intrafamiliar donde padres y madres les han quitado la vida a sus mismos hijos han generado alarma social, evidenciando la vulnerabilidad del sistema de atención psiquiátrica psicológica. El artículo aborda la problemática de los trastornos mentales asociados a delitos violentos y, específicamente, a los crímenes de tipo familiar a partir de una revisión teórica, contextual y comparada.
Asimismo, se presentan los factores estructurales de agravación de este fenómeno, así como se proponen recomendaciones legales y de política pública. Si bien la criminalidad en República Dominicana ha sido estudiada desde una perspectiva sociológica y económica, el factor de la salud mental ha sido subestimado. “El aumento de la proliferación de delitos de los padres contra los hijos descubre una serie de problemas más allá de la violencia de género y de la criminalidad común: la desestabilización mental en sectores”.
Uno de los casos que más conmocionó a la opinión pública es el de una madre médico de profesión y miembro del Ejército de la República Dominicana, que fue arrestada por miembros de la Policía Nacional en agosto de 2024 porque decapitó a su hija de seis años, lo que llevó a una campaña de Twitter por la frase “mata a una mujer semanalmente”. Este caso en particular pone de manifiesto la necesidad de generar mecanismos institucionales de prevención. En la última década han aumentado significativamente los casos de padres y madres que matan a sus hijos, lo que da lugar a interrogarse sobre si la comisión de un crimen se relaciona con algún trastorno mental. Por ello, se hace necesario abordar los nexos entre la salud mental y la criminalidad en general para formular medidas que integren la salud pública, la criminología y el derecho penal.
De acuerdo a las noticias y los reportes periodísticos, entre 2022 y 2024, en el país se cometieron varios casos de padres o madres que tomaron la vida de sus hijos, confrontando al mismo tiempo su psicopatología o depresiones severas, y con crisis familiares. El episodio de 2024, el acto de la madre que cortó a su hija de seis años, se puede denominar “la peor crisis de la salud mental en República Dominicana”, pero este año no se queda atrás; se registra el lamentable suceso de una mujer que presuntamente les dio a beber un jugo con una sustancia tóxica a sus tres hijos menores de edad y luego lo tomó ella también. Además, otro caso que ha causado consternación en El Factor, provincia María Trinidad Sánchez: un hombre y su hijo encontrados muertos por ahorcamiento, cuyos hechos los habría cometido el padre del niño.
Por ello, varios estudios han demostrado que los trastornos de la salud mental severos presentan el riesgo de cometer un delito violento. Aunque la mayoría de los pacientes con trastornos psiquiátricos no son criminales, es más probable la conducta violenta sin el tratamiento necesario. Con respecto a los feminicidios, los estudios internacionales identificaron a psicosis, depresión mayor, trastornos de la personalidad y psicosis postparto como variables que se encuentran conectadas con la etiología del crimen.
En un contexto de vulnerabilidad social alta, la falta de atención médica afecta el riesgo. En República Dominicana, el problema de cobertura de la salud mental es crítico: el país tiene menos de un psiquiatra por cada 100 000 personas, por lo que miles de personas con trastornos severos viven sin diagnóstico y tratamiento, aumentando la probabilidad de comportamiento violento. Según la OPS, significa que miles de pacientes con enfermedades severas nunca son diagnosticados ni tratados, elevando exponencialmente sus riesgos de cometer actos violentos.
Además, algunos factores estructurales detrás del problema: la relación entre la patología psíquica y los actos criminales anteriormente mencionada solo puede entenderse si consideramos los siguientes factores estructurales. En primer lugar, el estigma social, donde las enfermedades mentales son vistas en muchos sectores como un signo de debilidad o “locura”, lo que impide a las familias buscar ayuda a tiempo (Martínez, 2023).
En segundo lugar, el acceso desigual a servicios, porque el sistema sanitario dominicano concentra sus recursos en la capital y carece de programas comunitarios efectivos en salud mental, y en tercer lugar, impacto económico y social, pues crisis económicas, desempleo y pobreza han incrementado cuadros de ansiedad y depresión (Banco Mundial, 2023).
En el contexto internacional, se pueden citar algunos casos emblemáticos, como a) En los Estados Unidos de Norteamérica: El caso de Andrea Yates, quien en 2001 ahogó a sus cinco hijos durante un episodio psicótico postparto, demostró la importancia de protocolos de detección temprana en madres con antecedentes psiquiátricos; b) Finlandia: Estudios han revelado que el 70 % de los padres que cometen filicidio tienen antecedentes de enfermedad mental diagnosticada y c) En Latinoamérica: Países como México y Colombia reportan un aumento de crímenes familiares relacionados con depresión y consumo de sustancias, lo que refleja paralelismos con la realidad dominicana, además, estas experiencias evidencian que la prevención requiere de sistemas integrados de salud mental, programas de detección comunitaria y un marco legal especializado.
Con base en lo anterior, se sugieren las siguientes acciones: 1) Ampliar la red de hospitales y clínicas comunitarias, garantizando servicios gratuitos y descentralizados; 2) Capacitación de actores del sistema de justicia: fiscales, jueces y policías deben ser entrenados en la identificación de crisis psíquicas y protocolos de derivación; 3) Programas de prevención familiar para la detección temprana de depresión, violencia intrafamiliar y consumo de sustancias; y 4) Promover campañas contra el estigma para la comprensión social de los trastornos mentales como condiciones médicas tratables.
Igualmente, la salud mental tiene un impacto en la estadística de delitos en la República Dominicana; refleja cómo el fenómeno trasciende los límites de la criminología y el sistema penal. Esto implica que los homicidios de hijos perpetrados por sus padres y madres son solo la punta del iceberg de una crisis silenciosa: la falta de atención a la salud mental como parte integral de la seguridad nacional y la cohesión social. Por lo tanto, tales crímenes no se deben considerar desde la perspectiva del derecho penal, sino como resultado de múltiples factores como trastornos no tratados, ausencia de programas preventivos, estigmatización cultural y deficiencias estructurales del sistema de salud.
Finalmente, la evidencia internacional sugiere que los crímenes familiares relacionados con desequilibrios mentales no son exclusivos de la República Dominicana y solo empeoran en lugares con servicios psiquiátricos y sicológicos limitados. Por ende, se necesita un enfoque público comprensivo que combine la prevención, el tratamiento y la justicia para garantizar un enfoque integral. La respuesta necesita coordinarse en varios niveles: ampliar las medidas de salud mental, mejorar la formación para los actores del sistema judicial. implementar programas comunitarios de detección temprana y reducir el estigma sobre la salud mental. La integración entre la salud colectiva, la criminología y el sistema de derecho es esencial para evitar futuras tragedias familiares.
