Por Jacobo Colón
urante décadas hemos sufrido las consecuencias de un vacío legal que ha permitido el abuso sistemático con las denuncias falsas, especialmente en temas tan sensibles como la violencia de género, el abuso sexual y las disputas por custodia de niños menores de edad.
Nuestro sistema judicial se ha visto saturado por casos que, muchas veces responden a motivaciones ocultas, tales como, venganza, extorsión económica, celos, o maniobras en procesos familiares que con la denuncia penal encuentran soluciones más rápidas.
Sin un tipo penal específico y claro para sancionar estas conductas, los acusadores han actuado con relativa impunidad, sabiendo que, al retirar la querella con excusas como «fue por impulso» o «celos momentáneos», todo quedaba en el olvido, dejando vidas destruidas a su paso.
Una mujer, tras dejarle la custodia de su hija voluntariamente al padre por 10 años, un día descubre su instinto materno y decide recuperarla, no importan los medios utilizados, acusa al padre de agredirla físicamente; él termina en penitencia de La Victoria, y ella, en el tribunal, condiciona el retiro de la querella a la devolución de la custodia.
Con esa querella inventada resolvió el problema.
Juan descubre la infidelidad de su esposa, le reclama y, en represalia, su pareja lo denuncia por violencia; él va preso, y ella regresa a casa con las hijas y su amante.
Hace unos días un ciudadano haitiano residente legal es apresado, se enoja por estar en “una camiona” con un grupo de haitianos que serían deportados, discute y miembros de la PN deciden “hacerle un trompo” todos los haitianos para Migración y el para la DNCD,
¡toda la droga que les encontraron a todos los haitianos y dominicanos esa noche se la pusieron a él!
¡Por guapo! ¡Por fresco e indisciplinado! Le dijo un miembro de la uniformada.
Y el más reciente y doloroso que presencié; un médico militar de más de 60 años, hombre de trayectoria intachable, permanece en Najayo por una acusación basada en comentarios “inapropiados” a su nieta (mi noviecita), sin evidencia física ni psicológica de daño alguno, incluso con un desistimiento presentado.
El juez niega la variación de medida porque «el caso es grave». ¿Grave? Lo verdaderamente grave es ver a un profesional honesto pagar con su vida por un chisme familiar motivado por rencores.
Estas no son anécdotas aisladas; son patrones repetidos que revelan cómo el derecho penal se ha usado como herramienta para resolver deudas, disputas económicas, problemas familiares o revanchas personales.
El derecho penal se utiliza para resolver deudas, desalojos de inquilinos morosos, custodia, para chantajear y exigir sumas de dinero, por celos, apropiarse de bienes muebles e inmuebles, todo usando denuncias falsas.
El imputado inocente sufre prisión preventiva, estigma social, pérdida de empleo y reputación arruinada, mientras el denunciante falso, rara vez enfrenta consecuencias.
Podríamos relatar centenares de casos, pero el punto es evidente; el sistema ha fallado en equilibrar la protección a las víctimas reales con la salvaguarda contra abusos.
Sin embargo, este panorama está a punto de cambiar de manera significativa. La Ley núm. 74-25, promulgada el 3 de agosto de 2025, que instituye el nuevo Código Penal de la República Dominicana, sustituyendo al obsoleto de 1884, introduce por primera vez un tipo penal específico para la denuncia falsa en su artículo 329.
Este artículo establece que quien presente voluntariamente ante una autoridad una denuncia imputando falsamente a otra persona la comisión de una infracción penal será sancionado con prisión menor de uno a dos años y multa de tres a seis salarios mínimos del sector público.
Esta disposición representa un avance crucial; cierra el vacío legal que tanto daño ha causado, disuade el uso malicioso del sistema judicial y protege la integridad del proceso penal.
Con su entrada en vigor prevista para agosto de 2026, tras un año de vacatio legis para preparación y socialización, la República Dominicana se alinea con estándares internacionales que penalizan estas conductas, equilibrando la persecución rigurosa de la violencia real con la sanción a quienes la instrumentalizan.
Aun así, el camino no termina aquí. La sola existencia de la norma no basta; se requerirá una aplicación efectiva, investigaciones exhaustivas por parte del Ministerio Público y una cultura judicial que valore tanto la presunción de inocencia como la credibilidad de las denuncias.
Mientras tanto, los casos actuales, como el del médico militar, seguirán bajo el régimen anterior, recordándonos la urgencia de actuar con celeridad en la transición.
Las denuncias falsas no son un «mal menor»; son una amenaza al estado de derecho que, afortunadamente, pronto dejará de ser impune.
Aunque el código penal se les aplica a los miembros de las instituciones policiales, es de todos sabido que ellos hacen expedientes falsos, colocan drogas y acusan a infelices inocentes, hay que buscar la forma de que ellos reciban el castigo que establece el código penal.
Con la Ley 74-25, avanzamos hacia una justicia más equilibrada en cuanto a las falsas denuncias.
Que su implementación sea efectiva y que, a partir de 2026, nadie más tenga que sufrir injusticias como las que hoy vemos en los tribunales.
Hay que cerrar este capítulo oscuro y construir un sistema que proteja a todos; víctimas verdaderas e inocentes falsamente acusados.
