El Congreso argentino limita el poder de Milei para emitir decretos de urgencia
La votación terminó con 140 votos positivos, 80 negativos y 17 abstenciones; pero al momento de votar en particular, el artículo 3 no alcanzó la mayoría absoluta y el proyecto regresa a la Cámara alta; el Gobierno gana tiempo político
La Nación
El Gobierno ganó tiempo y respira de alivio. A último momento logró doblegar algunas voluntades en el recinto y logró que, durante la votación en particular de la reforma de la ley reglamentaria de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) y decretos delegados, uno de los artículos -el tercero- no consiguiera superar la mayoría absoluta de los votos (129 voluntades). Ergo, la iniciativa retornará al Senado, que le había dado media sanción.
La votación en general finalizó 140 votos a favor, 80 en contra y 17 abstenciones, en su mayoría de la UCR. Sin embargo, durante la votación en particular de cada artículo, el tercero consiguió 127 votos positivos. Le faltaron dos para alcanzar la mayoría que exige la Constitución.
Dicho artículo es clave porque es el que dispone que el Congreso tendrá un plazo de 90 días corridos para aprobar los DNU y los decretos delegados. Superado ese plazo, estos instrumentos quedan sin efecto. Una atadura de pies y de manos para el Poder Ejecutivo, que calificó la reforma de “desestabilizante”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, no podía ocultar su satisfacción. Durante los días previos a la sesión fatigó el teléfono para desactivar la sesión opositora; no lo logró pero, al menos, pudo evitar que la norma quedara sancionada en un contexto político y económico complejo para el Gobierno. Ganó tiempo al menos hasta después de las elecciones.
Lo cierto es que hubo 14 de diputados que si bien aprobaron en general la iniciativa, a la hora de votar el artículo tercero, cambiaron de posición. Son los casos de los diputados de Pro Héctor Baldassi, Sofía Brambilla y Álvaro González, quienes votaron en contra del artículo 3. Hicieron lo propio Oscar Zago, Carlos D’Alessandro, Gerardo González y Eduardo Falcon
En tanto, los diputados de la Coalición Cívica Juan López, Marcela Borrego y Marcela Campagnoli viraron del voto positivo a la abstención, al igual que los radicales Fabio Quetglas y Karina Banfi. En tanto, los diputados Tanya Bertoldi (Unión por la Patria) y Facundo Manes (Democracia), si bien votaron a favor, se ausentaron a la hora de votar este artículo clave.
Otro lote de diputados que se había abstenido en la votación en general decidió votar en contra del artículo 3. Se trata de Jorge Ávila (Encuentro Federal), quien responde al gobernador Rolando Figueroa; Ana Clara Romero (Pro), leal al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y Melina Giorgi (Democracia), fiel a Maximiliano Pullaro, mandatario de Santa Fe. Está claro que el operativo presión de Menem y de la Casa Rosada sobre algunos gobernadores surtió efecto.
La iniciativa en cuestión empodera al Congreso en el tratamiento legislativo de los decretos del Poder Ejecutivo, de allí la resistencia del oficialismo. Es que, además de establecer un plazo perentorio de 90 días para la aprobación de estos instrumentos, dispone que bastará con que una sola cámara rechace un DNU o decreto delegado para dejarlo sin efecto; la norma actual exige el rechazo de las dos cámaras.
En definitiva, la reforma pretende erradicar el artilugio de la “sanción ficta” contenida en la ley 26.122 que impulsó la entonces senadora Cristina Kirchner: la convalidación de los decretos a partir del silencio del Congreso.
“Nadie puede pecar de ingenuo ni creer que el kirchnerismo con su dictamen de mayoría quiere mejorar las instituciones de la república. Al contrario, se propone desestabilizar al Gobierno, generando una mayor inseguridad jurídica”, advirtió Nicolás Mayoraz, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
“Con este diseño (que plantea la reforma de la ley), que viola la Constitución, se pretende instalar el gobierno del Congreso, una suerte de democracia parlamentaria, en el que ya no será el Poder Ejecutivo el que tome las decisiones”, agregó.
“Esta ley tiene claramente un interés de desestabilizar al gobierno nacional. Cada vez que el kirchnerismo no gobierna, entorpece. Cuanto peor, mejor”, alertó el también libertario Álvaro Martínez.
Los opositores, en sus discursos, aseveraron que la intención de la reforma no es limitarle las facultades al presidente Javier Milei de dictar decretos, sino evitar que el Poder Ejecutivo haga uso y abuso de esta herramienta; junto con los vetos a las leyes opositoras, el Gobierno ha buscado esquivar sistemáticamente al Congreso, alegaron.
“Esta ley no atenta contra la gobernabilidad, al contrario, es a favor -replicó Nicolás Massot (Encuentro Federal)-. Esta reforma sirve para que el Gobierno entienda que no se puede gobernar con un tercio de legisladores en una de las cámaras y que necesita formar mayorías. Si no lo hace, no hay tercio que los salve.”