Raquel Cruz,
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El Principio de Juridicidad: la evolución contemporánea del Principio de Legalidad

Por Raquel Cruz Díaz
Dentro de los principios de actuación administrativa se encuentra el principio de juridicidad, y en virtud de este toda actuación administrativa se somete plenamente al ordenamiento jurídico del Estado. (Art. 3.1, Ley 107-13, sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo).

En este sentido la administración pública y toda actuación administrativa de los entes y órganos del Estado debe ajustarse al sometimiento pleno de la ley y el derecho, pues hay una subordinación y sometimiento de los actos administrativos a la Constitución y las leyes y todo el ordenamiento normativo que obliga a la administración pública al cumplimiento de lo establecido en el ordenamiento jurídico.

Tal y como establece el autor Santiago Muñoz Machado en su obra Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público General IV “Cualquiera que sea la forma que se utilice para expresar esta subordinación, lo que significa, en definitiva es que la Constitución, las leyes y el resto del ordenamiento jurídico imponen a la de administración pública requisitos de cuyo cumplimiento depende la validez de lo que decide y, con ello la ejecutividad de sus actos y, correlativamente, en fin, la presunción de validez y la obligación de los ciudadanos de soportarlos y cumplirlos”.

El principio de juridicidad se enfoca en el sometimiento pleno a todo el ordenamiento jurídico, no solo a la ley, se observan los principios de la administración pública como otro tipo de instrumentos jurídicos que vienen a consolidar el sometimiento de la administración y un repertorio de normas jurídicas vigentes, como lo es la Constitución y la ley, pero también otras herramientas de derecho tales como los acuerdos, los tratados internacionales, resoluciones, reglamentos, la doctrina, la jurisprudencia, entre otros.

En los orígenes del Estado constitucional entendíamos por principio de legalidad la idea de que los poderes públicos penden de una habilitación legal, hablamos de que los poderes públicos deben actuar dentro de los límites que establecen las leyes, lo que es correcto, puesto que la administración no parte de la prerrogativas personales del poder, sino que en el Estado de Derecho los entes y órganos de la administración se rigen por la ley que emana del congreso, así ya no hay más espacio para el absolutismo y toda actuación u acto administrativo debe justificarse y ampararse en la concepción de una ley previa.

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El concepto de principio de legalidad viene a amparar la noción de supremacía de la ley, es innegable la importancia de la ley en el ordenamiento jurídico y su función como límite al poder que surge de la administración, como muro de contención a las arbitrariedades, como freno al absolutismo.

La supremacía de la ley es innegable, la ley no se extingue, sin embargo el Estado reconoce una pluralidad de fuentes de producción normativa, la Constitución es clara cuando establece en su artículo 138 que la administración actúa con “sometimiento pleno al ordenamiento jurídico”.

La administración no sólo observa los parámetros impuestos por la ley formal, si no que obedece y se subordina a todo el ordenamiento jurídico del Estado, también supedita su actividad a todo un sistema normativo, a todo un conjunto de fuentes del derecho, a toda una expresión jurídica sujeta no solo a la ley sino además a diversas manifestaciones jurídicas que penden de otros elementos normativos importantes y reconocidos en el ordenamiento jurídico Dominicano, por lo que al hablar del principio de legalidad debemos pensarlo en una concepción más amplia y hablar entonces del principio de juridicidad.

El jurista Eduardo Jorge Prats al respecto establece: “La administración está sometida plenamente al ordenamiento jurídico, esto significa que está obligada a respetar no solo las leyes del Congreso Nacional, sino todo el sistema normativo, todas las fuentes del derecho. Esto implica que la administración, al igual que el resto de los poderes públicos, está sometida a la Constitución, norma suprema del ordenamiento, (artículo 6 de la Constitución Dominicana) es decir, a todo el bloque de constitucionalidad, constituido por la constitución, los tratados internacionales de derechos humanos que tienen rango constitucional y “son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado” (artículo 74.2 de la Constitución Dominicana) y los valores y principios que subyacen tras estos instrumentos normativos (artículo 7 de la ley orgánica del tribunal constitucional y los procedimientos constitucionales, LOTCPC)”

Y continua estableciendo el autor: “La administración está sometida por igual a todos los tratados internacionales suscritos y ratificados por el país (artículo 26.2 de la Constitución Dominicana), a los reglamentos que emanan de la propia administración, a los principios generales del derecho, a la jurisprudencia constitucional e internacional de los derechos humanos, vinculante en virtud del artículo 7.13 de ley orgánica del tribunal constitucional y los procedimientos constitucionales, LOTCPC, y al resto de las fuentes del derecho. En este sentido la posición jurídica de la administración en nada difiere de la propia de los particulares quienes, en virtud del artículo 75.1 de la Constitución deben acatar y cumplir la Constitución y las leyes”.

Cuando la Constitución de la República Dominicana establece que la administración actúa con “sometimiento pleno al ordenamiento jurídico” ello nos lleva a la comprensión de que la administración pública se rige por la ley, pero nunca puede obrar ignorando el derecho, desconociendo otros tipos de instrumentos jurídicos que deben primar y observarse en la toma de decisiones de la administración, el ordenamiento jurídico establece qué está permitido a las administraciones y diseña todos los parámetros para que sus actos sean apegados al derecho.
La administración ha de actuar adherida al principio de juridicidad, con observancia plena a lo que establece la ley y todo el ordenamiento jurídico aceptado constitucionalmente, reiteramos, la administración está sujeta a que sus actuaciones se subordinen al ordenamiento jurídico del Estado.

“El principio de juridicidad se trata de la evolución contemporánea del clásico principio de legalidad, pues ya la vinculación de la administración no es solo con la ley en sentido formal, sino además con el derecho, la totalidad del ordenamiento jurídico, y las distintas normas que lo componen: la Constitución, los convenios internacionales, los principios generales del derecho, los reglamentos entre otros. La Constitución impone que el sometimiento de la administración a la ley y al derecho sea pleno, es decir, completo y sin excepciones. Con ello, he querido subrayar que ninguna decisión pública puede adoptarse al margen del derecho, siendo, la premisa generalmente aceptada en nuestra doctrina y nuestra jurisprudencia con unas a otras fórmulas por lo que se refiere a la sujeción, a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico en toda su actuación” (Franklin E. Concepción Acosta, Ley No. 107-13 Apuntada).
En la administración el principio de legalidad debemos entenderlo también como principio de juridicidad.

Desde la perspectiva analítica del autor Maurice Hauriou, la soberanía se ejerce mediante la ley a lo que él llama “bloque de legalidad. No se trata de lo que dice la ley formal (aquella producida por el poder legislativo), sino por el entero ordenamiento jurídico, el cual se refiere a las normas escritas de cualquier rango, más los principios generales del derecho.

 

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