El voto militar: ¿Derecho ciudadano o amenaza latente para la democracia dominicana?

Por Wilson Collado
La reciente propuesta de la jueza del Tribunal Constitucional (TC), Sonia Díaz Inoa, ha encendido un debate que toca las fibras más sensibles de nuestra institucionalidad. Durante una audiencia solemne por el Día de la Constitución, celebrada en el Instituto Politécnico Loyola, Díaz planteó con rotundidad que «ha llegado el momento» de habilitar el derecho al sufragio para los miembros activos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Invocando el artículo 75 de la Carta Magna, que consagra el deber de votar como expresión de ciudadanía plena, la magistrada argumentó que excluir a estos militares de la «escena social» perpetúa una discriminación histórica, limitando su rol como ciudadanos en una democracia madura.

La intervención de Díaz no es un capricho aislado. Surge en un contexto de reformas constitucionales pendientes —la República Dominicana ha sufrido ya 40 modificaciones a su Carta Magna desde 1844— y de un llamado a integrar a unos 50 mil uniformados al proceso electoral, bajo estrictas garantías de neutralidad.

Sin embargo, la propuesta choca frontalmente con el artículo 208 de la Constitución actual, que prohíbe expresamente el voto a estos grupos para preservar su obediencia jerárquica y evitar presiones políticas en los destacamentos. Implementarla requeriría una enmienda constitucional. Por suerte, el Congreso Nacional, por su parte, ha respondido con cautela. Diputados de distintos bloques rechazaron de plano la idea «por ahora», alegando que las condiciones institucionales no están dadas, aunque no cerraron la puerta a futuras discusiones.

Para entender el alcance de esta propuesta, basta mirar a la izquierda y derecha geográficas. América Latina, un continente marcado por dictaduras militares en el siglo XX —de las que la República Dominicana no escapó, con golpes como el de 1963—, ha transitado por sendas divergentes en materia de sufragio uniformado. Hoy, solo cinco países mantienen la prohibición total: República Dominicana, Colombia, Guatemala, Honduras y Paraguay. En el resto, el voto se permite con restricciones, pero no sin controversias que ilustran los riesgos de una institucionalidad endeble.

Tomemos Colombia, nuestro vecino del oeste y uno de los pocos que comparte nuestra restricción. Allá, el veto se remonta a 1932, para blindar la Fuerza Pública de la politización en un contexto de guerra interna. Propuestas para eliminarlo, como la impulsada en 2025 por el representante Juan Manuel Cortés, han revivido el debate, pero la Registraduría Nacional insiste en que permitirlo podría dividir a los uniformados y comprometer su obediencia al Estado.

En contraste, países como Chile y Argentina —ambos salidos de dictaduras sangrientas en los 70— optaron por el voto militar post-transición, con salvaguardas estrictas. En Chile, desde 1990, los uniformados votan en secreto, pero sin activismo político, un equilibrio que ha funcionado en una democracia consolidada con instituciones judiciales independientes.

Argentina, tras la Guerra de Malvinas, permitió el sufragio en 1983, pero con prohibiciones absolutas a la deliberación partidaria; aún así, en 2025, una provincia como Misiones reforzó el veto local para elecciones regionales, recordando que «la Constitución es clara» en excluir a agentes de seguridad.

Estos casos muestran que, con madurez institucional, el voto no desestabiliza, sino que integra.

Sin embargo, los ejemplos negativos abundan y sirven de advertencia. En Venezuela, el sufragio militar —habilitado desde los 70— fue clave en el ascenso de Hugo Chávez, un exmilitar que usó su influencia en los cuarteles para polarizar el voto y erosionar la democracia, llevando al país a un régimen autoritario.

Perú, que abrió el voto a uniformados en 2006, vio cómo Ollanta Humala, un exmilitar, capitalizó ese apoyo en 2011, generando tensiones en un sistema ya inestable.

En Ecuador, el voto facultativo desde 2008 ha mantenido bajos índices de participación (apenas 4,82% de militares en 2019), pero no ha evitado que uniformados se involucren en debates electorales, como en las presidenciales de 2025.

México y Bolivia permiten el voto con restricciones, pero en contextos de corrupción y clientelismo, donde los cuarteles a veces se alinean con el poder en turno.

Frente a esta panoplia regional, la propuesta de Díaz adquiere contornos alarmantes en el caso dominicano. No es casual que el debate surja en un TC cuya legitimidad ha sido cuestionada por fallos controvertidos y una percepción de politización. Nuestras instituciones —desde el Congreso hasta las fuerzas armadas— padecen de crónica debilidad: corrupción endémica, interferencias ejecutivas y una historia de 32 constituciones fallidas que reflejan inestabilidad crónica. Permitir el voto militar en este escenario no sería un avance cívico, sino un riesgo mayúsculo para la democracia.

Imaginemos el panorama: en un país donde los militares y policías ya influyen en la seguridad cotidiana, ¿qué garantías reales tenemos de que su sufragio sea secreto y libre de coacciones superiores? El clientelismo político, rampante en elecciones pasadas, podría filtrarse a los cuarteles, dividiendo lealtades y convirtiendo a las urnas en un campo de batalla interna. Y en un contexto de reformas constitucionales constantes, abrir esta puerta equivaldría a invitar a más inestabilidad, no a fortalecerla.

La opinión es clara: los grados de institucionalidad en la República Dominicana son muy débiles, y esta propuesta refleja un alto peligro para la democracia. No se trata de negar derechos —los uniformados, al retirarse, recuperan el voto pleno—, sino de reconocer que nuestra madurez colectiva no da para más experimentos.

Países vecinos como Colombia han optado por la prudencia, y Chile o Argentina lo lograron porque invirtieron décadas en blindar sus pilares institucionales. Aquí, urge priorizar el fortalecimiento del TC, la independencia judicial y la transparencia electoral antes de cualquier «integración cívica» que pueda desatar un Frankenstein político.

El debate abierto por Díaz es valioso, pero debe cerrarse con un no rotundo por ahora. La democracia dominicana, aún en pañales comparada con la región, no puede permitirse lujos que la hagan tambalear. Es hora de custodiar las urnas, no de uniformarlas.