La justicia digital, una apuesta necesaria
Por Danilo Amador Quevedo
Juez de la Cámara Penal de la Corte de
Apelacion del Dpto Judicial de Santo Domingo.
Los temas relacionados con la justicia, en estos tiempos donde la era digital es una realidad conseguida, son de alta prioridad para la administración de justicia. Como es una tarea que amerita un interés marcado para el Poder Judicial Dominicano, ante todo, después de haber sido promulgada la ley número 399 que habilita y regula el uso de medios digitales, las ideas y sugerencias que vengan de distintos sectores deben ser escuchadas, ante todo, aquellas que estén encaminadas, al estudio y ponderación de lo que conllevaría la implementación del sistema de justicia digital.
Las herramientas tecnológicas deben estar al servicio de una justicia rápida y eficiente, pero para ello, el papel que deben desempeñar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), dentro del entorno judicial cuando entre en vigencia la ley señalada, debe tener como objetivo, dotar a los Órganos Judiciales de un sistema que soporte el Expediente Judicial Electrónico, permitiendo a los tribunales trabajar en digital y avanzar hacia cero papel, quedando así reducidos los espacios, evitando el cumulo de expedientes físicos, la compra de impresoras, tinta, el cuantioso mantenimiento que ello conlleva, la creación de más espacios para archivos, materiales gastables en toda su variedad, además, de que el usuario del sistema de justicia reduciría su asistencia a los tribunales, pues, tanto a los abogados como a las partes se le puede crear un domicilio electrónico destinado a la notificación de las decisiones judiciales. De hecho, el Poder Judicial nuestro viene implementando hace años medidas destinadas a optimizar los servicios, una muestra de ello lo constituyeron las acciones encaminadas durante la pandemia para poder continuar dando el servicio a los usuarios.
En el entorno que vivimos, no hay otra opción que avanzar por la senda digital por ser el rumbo hacia donde se dirige la sociedad, renegar de ello, seria quedarse en una era incomprensible, por ello, incorporar los sistemas digitales al sistema de justicia si es que queremos ser competitivos a futuro es una necesidad que demanda el mismo proceso evolutivo social. Para ello, el uso de las herramientas tecnológicas debe ser un imperativo por las ventajas que presenta, en el entendido de que, un órgano de justicia puede recibir documentación 24 horas al día, respetando de esa manera los plazos legales, evitando su vencimiento, además de que evita gastar cuantiosos recursos, además de los ya enunciados, en energía eléctrica.
Estas comunicaciones electrónicas no son un fin en sí mismas, sino un instrumento al servicio de una buena administración de justicia, por ello, hay que plantearse los retos, entre ellos, la reformas procesales, las cuales han de estar destinadas a la incorporación de las nuevas tecnologías a los procesos en sus contenidos, siendo un desafío mayor el de repensar los procedimientos con las transformaciones que conlleva la inclusión de las mismas, naturalmente. Esto no puede ser una decisión unilateral, debe ser de consenso, donde todos las actores del sistema de justicia, y los que sean afines a ello, se sienten a la mesa a discutir su incorporación, nos referimos a policías, médicos, trabajadores sociales, fiscales, jueces, abogados, defensores públicos, es decir, que son políticas públicas que han de ser discutidas y compartidas por todos. No podemos parar en el auto cuestionamiento de lo que somos, si lo hacemos, de seguro seremos capaces de descubrir dónde están nuestras falencias, una vez identificadas, el sistema de justicia será DDAcapaz de mejorarlas de cara a dar un mejor servicio al usuario, pero hay que madurar e identificar las necesidades.
La administración judicial electrónica debe presentar niveles de madurez, los cuales deben ser acumulativos y ser incrementados en la medida en que sean demandados.
El usuario, está demostrado con las redes sociales, si le ponen tecnología a su alcance la usa de manera adecuada, ahora bien, para ello, hay que medir los avances de implementación, estableciendo metas posibles de realización a corto, mediano y largo plazo, como una forma efectiva de ampliar las garantías jurídicas con el correcto uso de las tecnologías, ya que, para nadie es un secreto, la función jurisdiccional requiere de ella para que los procedimientos se puedan tramitar desde el inicio hasta la fase de ejecución, pero para ello, el Poder Judicial debe trabajar las sedes judiciales electrónicas.
El Marco Legal: La situación legislativa presenta ciertos trasnoches, aunque ya tenemos la referida ley up supra señalada, por ello, necesitamos un impulso político como voluntad general para que se dé inicio a la creación de un marco legal sustentable de adecuación al sistema de registro electrónico, pues sin ese encaje legal que fortalezca la ley que ya tenemos, no es posible adecuar los tribunales al sistema electrónico, para tales fines, debe ser por mandato expreso, declarando la necesidad de que la administración de justicia implemente en sus procedimientos los registros digitales. Con eso se crea un esquema nuclear para que el órgano judicial todo lo haga en formato electrónico y digital, que ponga en contacto a los funcionarios que interactúan cotidianamente.
La creación de programas tecnológicos que se interconecten deben surgir de la mano del marco legal existente, proponiendo para ello el fortalecimiento del mismo y darle uso a las leyes que permiten el uso de herramientas tecnológicas de las cuales no están ajeno el Poder Judicial, tales como: la Ley No. 162 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales, del 4 de septiembre del 2002, Ley No. 53-98, General de Telecomunicaciones, Ley No. 200-04 del Libre acceso a la Información Pública, Ley 53-07 de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Estas herramientas legales que se complementan con las TIC ayudarían a promover la gestión de una política más responsable, mejorar la prestación del servicio judicial, así como aumentar las posibilidades de evolución del Poder Judicial.
Por tanto, se hace más que necesario, un imperativo legal, el diseño de políticas públicas encaminadas a la creación de esa plataforma, posibilitando el acceso electrónico y uso de la administración de justicia, en el cual a los ciudadanos se le han de reconocer el derecho de acceso, pues la documentación no puede estar secuestrada.
En relación a los jueces, la tecnología no persigue quitarle poder, sino hacerlo más eficiente en cuanto el se dedica a su función jurisdiccional. Con ello el juez tendría un mayor control de sus competencias, pero para ello hay que cambiar el modelo de gestión y verlo como anticuado, de lo contrario, los cambios que amerita el sistema en cuanto a su incursión en la era tecnológica no serán posibles si no nos colocamos en esa esfera, en esa ola de cambio que han de afrontar las autoridades presentes en aras de una mayor efectiva administración judicial.
Mover los recursos humanos como fichas de un ajedrez es parte de la clave, todo en aras de darle apoyo al juez en la forma que amerita, los criterios de agilidad, eficacia y eficiencia solo son posible si se emplean herramientas tecnológicas, naturalmente, el criterio de especificidad es básico, en el entendido, de que el Poder Judicial no puede hacer las funciones que demanda la constitución de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, si los tribunales no adecuan su personal al mismo. Los principios de organización y de funcionamiento de los tribunales deben estar dirigidos no por el juez, sino por un equipo que prepare el escenario para que los fines específicos que demanda la constitución sean concretizados de cara a dar al ciudadano respuestas efectivas en menos tiempo, esto se traduce en el ahorro de cuantiosos recursos. De esta forma, las funciones de cada uno quedan delimitadas, desde que inicia un proceso hasta su fase de ejecución, reduciendo el tiempo y aumentando el rendimiento, dividiendo las funciones, creando una mayor especialización de quienes dan el servicio, y las necesidades futuras se identifican con exactitud y flexibilidad.
La justicia digital nos ahorra no sólo horas de trabajo, también nos ahorra papel, archivo, espacio físico, pues el expediente digital solo está a golpe de un clic, solo se requiere un cambio de mentalidad, incluso, a través de estos servicios se tiene un mayor control deontológico.
De esto ser posible, se podría crear un programa encaminado a satisfacer las necesidades de tecnologías en cómputo y comunicación del Poder Judicial, así como de gestión y habilidades del personal, pues el personal de los tribunales, incluyendo jueces y fiscales, deben saber cómo se componen y se estructuran los sistemas en red, y cuáles son sus fortalezas y debilidades. Como es natural, la infraestructura organizativa debe dar un giro una vez detectadas estas necesidades de los usuarios, ya que el entorno debe ser seguro y eficaz para un efectivo apoyo de las actividades de los usuarios.
Para que esta transformación de los órganos judiciales en la Republica Dominicana pueda operar, además de lo antes expuesto, se hace necesario, la creación, de una metodología de trabajo entre usuarios y los Sistemas de Información para la consecución de la tramitación electrónica completa del expediente judicial, en el entendido, de que la implantación de la tramitación electrónica de los procedimientos judiciales para todas las instancias y en todos los órdenes jurisdiccionales del ámbito territorial del Poder Judicial, hay que adaptarlo a un Sistema de Gestión Procesal electrónico que ha de ser creado. Dicho sistema, debe permitir a los tribunales de justicia el tratamiento electrónico de la información durante todo el ciclo de vida de un expediente, pudiendo acceder a la información asociada al mismo todo interesado, con las garantías de reserva, control y confidencialidad requeridas gracias a su interacción con otros sistemas.
Lo que exponemos va encaminado y tiene por objeto, definir las actuaciones en materia formativa destinadas a la capacitación en el manejo de las herramientas tecnológicas que permitan la gestión digital de los asuntos en todos los órdenes e instancias judiciales, así como la reducción paulatina del uso de papel en los documentos recibidos y generados en los tribunales a través del sistema Justicia Digital, hasta llegar a cero papel; en concreto, el plan de formación está enfocado a la capacitación de los funcionarios que componen los tribunales unipersonales y colegiados del país, si es que queremos llevar a cabo la tramitación electrónica de los procedimientos judiciales, en el entendido, de que el mismo está orientado a conseguir la interoperabilidad total y que sustituya paulatinamente al actual sistema de gestión procesal que conlleva gastar sumas millonarias en el uso de papel, impresoras, tinta y mantenimiento constante, lo cual se correspondería con un real sistema informático en la Administración de Justicia, donde cobren vigencia plena los principios que deben inspirar la consecución de una justicia transparente, comprensible, atenta con el ciudadano, responsable, ágil y tecnológicamente avanzada.
En conclusión, como el cometido del poder judicial es el de mejorar el funcionamiento y metodología de trabajo que se lleva a cabo dentro de las oficinas judiciales, dejamos como reflexión lo siguiente: Que el impulso de la tecnología que conlleva la implementación de la justicia digital permiten acercar la justicia al ciudadano, haciéndola más accesible, e impulsando la modernización de todo el aparato judicial, agilizando los procesos y reduciendo el tiempo de termino de los mismos, ya que los plazos procesales quedarían todos cubiertos.
Asimismo, se enviaría mediante notificación electrónica a los demás órganos que trabajan de la mano con el sistema judicial, ministerio público, prisiones, patología forense, policía, así como, abogados y partes, a través de canales telemáticos y con plenitud de efectos procesales, los escritos y documentos para el trámite de los procedimientos judiciales emanados de las distintas instancias, controlando y evitando, en el ámbito de la materia penal, el doble juzgamiento y el nivel de reincidencia. Entendemos, que esto daría al usuario respuestas en menor tiempo y de más calidad.
